Uno de los dos jóvenes atropellados el pasado 1º de enero por Juan Ignacio Buzali, esposo de Carolina Píparo, denunció que la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio le entregó dos mil pesos "en mano", un par de zapatillas y un celular durante un encuentro "clandestino y a escondidas" realizado por fuera de las instancias judiciales y en complicidad con los propios abogados del joven. Por los hechos, sus nuevos abogados presentaron una denuncia para que se investigue a Píparo por "incumplimiento de los deberes de funcionaria pública" y posible "extorsión". Este martes, la propia diputada admitió la existencia de ese encuentro, aunque aseguró que el ofrecimiento fue realizado "de corazón" tras haberse enterado de que el joven tenía "problemas de índole personal". En tanto, el abogado de la otra víctima pidió revocar la prisión domiciliaria en la que hasta el momento se encuentra Buzali, imputado por doble tentativa de homicidio.
La denuncia salió a la luz luego de que I.C, el joven de 17 años atropellado en la madrugada de año nuevo por el auto de Buzali y Píparo, tomara la decisión de revocar el patrocinio de quienes eran sus abogados, Juan Manuel Abelardo y Juan Fontana. En un escrito presentado ante la Fiscalía interviniente, el joven argumentó su decisión al manifestar una "pérdida de confianza" luego de que lo llevaran a un encuentro con Píparo "desconociendo el motivo de tal reunión".
I.C detalló que en la reunión, realizada en una quinta de Gonnet, y de la que también participó el hermano de Píparo, la titular de la Secretaría de Asistencia a la Víctima del Municipio de La Plata le ofreció dos mil pesos: "Me siento muy mal por haber aceptado los dos mil pesos que me entregó en mano, los cuales oportunamente se los reintegrare", se lee en el escrito. Más tarde, su nuevo abogado, Pablo Cuomo, confirmó que en esa reunión también le fue entregado un celular y un par de zapatillas. A sus antiguos abogados, I.C los caracterizó como "más preocupados en defender la imagen de la diputada Píparo que mis derechos".
Este martes, la propia Píparo publicó un descargo en su cuenta de Twitter en el que admitió la existencia de la reunión denunciada por el joven, a la que tildó de "muy cordial" y "súper positiva". "Hace meses me informaron que una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas de índole personal. Inmediatamente me puse a disposición y su abogado ofreció su casa como punto de encuentro", comenzó Píparo.
La diputada bonaerense agregó que en el encuentro "conversamos sobre varias cosas y sobre lo sucedido. El joven manifestó que en el accidente se le había roto el celular y las zapatillas, ofrecí hacérselo llegar, se mostró contento y cuando lo recibió, me manifestó estar feliz y agradecido, incluso intercambiamos mensajes después de aquella reunión porque todo fue de corazón".
En su escrito presentado ante la Fiscalía, I.C ya había dejado clara su opinión sobre el carácter del encuentro, al que califico de "clandestino y a escondidas". "Seré joven, inexperto, sin dinero, pobre, pero no soy un delincuente para tener que andar encontrándome a escondidas con la esposa de quien fuera el victimario de los hechos", sentenció y agregó que "a mis escasos 17 años entiendo que dicho encuentro, considero, debería haberse llevado a cabo en la oficina de Asistencia a la Víctima de la ciudad de La Plata".
"Si hubieran querido tener algún tipo de mediación lo podrían haber solicitado formalmente, dentro de los marcos de la ley, incluso, si en efecto ella quería recibirlo, lo podría haber hecho en su rol institucional como secretaria de Asistencia a la Víctima", dijo a Página/12 Martín de Vargas, abogado de Luis, el joven que manejaba la moto embestida por Buzali y Píparo.
En su descargo público, la funcionaria municipal asumió que el encuentro "nada tenía que ver con todo el proceso penal en marcha" sino con "poder escucharnos sobre cómo cada uno vivió la situación". Precisamente por estos movimientos fuera de la ley es que Cuomo solicitó que Píparo sea investigada por "incumplimiento de deberes de funcionaria pública": "eso está acreditado, y si cometió el delito de extorsión que lo pague con la cárcel", dijo en declaraciones a Radio 10. De abrirse esta línea de investigación, I.C podría ser citado a declarar para ratificar lo que denunció en su escrito original.
En paralelo a esto, De Vargas también presentó ante la titular del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, Marcela Garmendia, un pedido para que la prisión domiciliaria de Buzali sea revocada. El abogado considera que los hechos denunciados por I.C evidencian que seguirán existiendo "peligros procesales" si el esposo de Píparo no vuelve a prisión. "Yo lo advertí desde el principio, siempre nos opusimos al arresto domiciliario porque Buzali, a través de su esposa, es una persona con poder económico y político", advirtió De Vargas.
"Durante el proceso hubo muchas cosas que nos hicieron presumir que ellos estaban ejerciendo el poder para obtener beneficios y desviar la investigación, con esta denuncia queda claro que efectivamente estaban haciendo eso", señaló el letrado a este diario y concluyó que "eso se llama peligros procesales, no tiene otro nombre. Cualquier otra persona en la misma situación nunca hubiera estado con arresto domiciliario".
En el pedido para revocar la domiciliaria, De Vargas indicó que "es evidente que el ilícito o al menos inmoral y antiético obrar de Píparo tratando de influenciar testigos es en nombre y representación de su marido Buzali, quien se beneficiaría de ello". Además, remarcó que "si Buzali por intermedio de Píparo se atreve a convocar a una reunión clandestina a la propia víctima de autos regalándole bienes y dinero, esta defensa técnica no puede ni siquiera imaginar los testigos que puede influenciar para que cambien su testimonio".
Además, el abogado informó que el próximo jueves a las 13 horas, en las puertas de los tribunales penales platenses, se realizará una conferencia de prensa en apoyo a las víctimas y para pedir "la inmediata renuncia de Píparo como secretaria de Asistencia a la Víctima de la Ciudad de La Plata". Además de los dos jóvenes, sus familiares y los representantes legales, se espera la presencia de referentes de organizaciones sociales como la Casa Abierta María Pueblo para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia de La Plata y la agrupación Atravesados por el Femicidio.