El Poder Judicial es uno de los menos democratizados, lo que significa que sus representantes no son elegidos por el voto popular. Es por lo tanto, según explicaron las abogadas Mariana Vera (defensora penal oficial), Marcela Withaker (secretaria de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia) y Astrid Acuña (defensora de víctimas de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), uno de los poderes más conservadores y patriarcales del sistema, que es necesario modificar.

Las tres mujeres hablaron con Catamarca/12 sobre la necesidad de romper el techo de cristal que les impide a las mujeres ocupar cargos, e instalar la perspectiva de género para lograr una verdadera igualdad de derechos para las mujeres y disidencias que requieran servicios de justicia.

“En primer lugar es necesario derrumbar el famoso techo de cristal, esto de que las mujeres ascienden hasta ahí. Eso se manifiesta en todos los ámbitos y círculos del poder donde los puestos más altos siempre son ocupados por hombres. En la parte judicial hay una visión androcentrista. La mujer está absolutamente capacitada para ocupar los más altos grados. Necesitamos y podemos aportar nuestras perspectiva y sensibilidad desde el punto de vista de ser mujeres y ser parte de un sistema contra el cual, unidas todas, nos identifiquemos y luchemos para su reforma”, explicó Acuña.

En tanto, resaltó que simplemente se trata de lograr igualdad, “hacer discriminaciones positivas para encontrar ese derecho y participar en todos los ámbitos manteniendo nuestra esencia de mujeres”.

Withaker, por su parte, explicó que “sin pretender ponderar un aspecto de la problemática por sobre otro, me parece oportuno en razón de acontecimientos recientes, referir a la necesidad de visibilizar la realidad del techo de cristal en la Justicia, situación que demanda decisiones de políticas públicas al respecto, acciones afirmativas”.

La abogada se refirió al hecho de que la semana pasada se conoció públicamente la resolución de la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, en cuanto al concurso para cubrir dos vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Por mayoría, esta comisión había resuelto un orden de mérito con tres postulantes para ocupar las dos vacantes disponibles, y posteriomente resolvió que el concurso quedaba desierto para el segundo cargo y de esta manera, se facultaba al Ejecutivo para poder elegir un candidato.

“La Comisión hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por Mariana Vera (la única mujer de los tres candidatos seleccionados por orden de mérito) en el que puntualmente se planteó que el reglamento de la Comisión Evaluadora prevé en su artículo 31 la observancia de la perspectiva de género en todas las etapas de los concursos, pero, sin embargo, comprender cómo continúa operando la discriminación indirecta sigue siendo una operación que se nos cuela”, opinó y agregó que por esto “es importante estar muy atentas y, en este sentido, celebro que se haya aceptado el recurso interpuesto”.

Por otra parte, contó que Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) está llevando adelante una campaña a nivel federal bajo la consigna “Más mujeres, más justicia” (de la que participaron las dos ministras de Corte de Justicia de Catamarca: Vilma Molina y Fabiana Gómez). “Esta campaña propone, entre otras acciones, una presentación formal unificada para que las autoridades responsables pongan en agenda esta petición de imperiosa resolución”, señaló.

Por último, la abogada dijo que si bien sumar mujeres es muy importante, no lo es todo. “Igual de imprescindible es que cada uno, desde el lugar que ocupe mantenga siempre renovado el compromiso con la formación, la vigilancia de las propias prácticas y la búsqueda contínua de alianzas estratégicas con agentes de otros espacios sociales, que permitan construir una vigencia semántica de las normas, consecuente con una vocación emancipadora”.

Vera, quien actúa como defensora oficial penal desde 2008, explicó que la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la Justicia es porque “constituye una herramienta metodológica, una pauta hermenéutica constitucional y convencional, un principio rector en la aplicación e interpretación de la ley, para la investigación de casos, para la valoración de la prueba, para la defensa de derechos”.

Según refirió: “La perspectiva de género nos pone en una posición de situarnos frente al caso desde una posición libre de prejuicios y estereotipos. Y esto debe ser en todas las ramas del derecho. La ley, las constituciones, los tratados consagran derechos en términos aparentemente neutrales, pero esa neutralidad en casos de determinados grupos con determinadas características se torna discriminatoria o injusta”, dijo.

Para la abogada sostuvo que es desde esta perspectiva que se pueden identificar estas disímiles situaciones y aplicar e interpretar el derecho de forma tal de poder equilibrar las desigualdades. “También es necesario aplicar perspectiva de vulnerabilidad y en esta materia juegan un rol fundamental las Reglas de Brasilia que nos exigen en la solución de casos identificar a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son esas personas? Aquellas que encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es por esto que creo que es fundamental y no solamente en la Justicia sino en los tres poderes del Estado trabajar con estas herramientas que nos van ayudar a construir una sociedad más justa y equilibrada”, concluyó.