El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó investigar si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estuvo detrás de la bomba sin conectar que en la nochecita del 6 de julio de 2018 le dejaron al entonces subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa José Luis Vila y que fue un episodio fundacional para las investigaciones sobre el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Por el contrario, el juez rechazó hacerse cargo de la investigación sobre el espionaje masivo sobre periodistas, académicos y activistas que tuvo lugar durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2017 y del G20 en 2018.

El juez federal Sebastián Ramos tuvo hasta el 31 de mayo la causa sobre el atentado a Vila, que fue el último eslabón en una serie de actos de hostigamiento que sufrió el entonces funcionario de Defensa. En marzo de 2018, aparecieron panfletos difamatorios con su nombre y foto en los jardines del edificio Libertador, donde el Ministerio tiene su sede. Al mes siguiente, su esposa le avisó que habían dejado papeles similares en el edificio de Callao al 1200 donde habían vivido --en el mismo lugar donde iban a dejar la caja con el trotyl--. A los pocos días, cuando llegaba de Rusia, recibió un WhatsApp de la entonces directora nacional de Inteligencia Militar Estratégica, Noel Costa, en el que le preguntaba qué era una foto de una mujer en las sierras que supuestamente él le había enviado. El funcionario lo atribuyó a un episodio extraño que tuvo en su teléfono. Hubo llamados telefónicos para sugerirle que se fuera si quería a su familia. Pero la bomba marcó un antes y un después.

En Lomas de Zamora, un detenido por tráfico de drogas, Sergio Rodríguez --conocido también como “Verdura” o “Perro”--, declaró en indagatoria ante el juez Federico Villena que había participado de la colocación del artefacto y vinculó con el hecho al abogado Facundo Melo, exagente de la AFI. Así fue como se llegó a la banda de los espías conocidos como Súper Mario Bros, que terminó procesada en pleno junto con la cúpula de la exSIDE por el juez Juan Pablo Augé. En el teléfono de otro de los agentes, Leandro Araque, se encontró una foto del artefacto que iban a dejarle a Vila cuatro días antes de que la ofrenda se hiciera efectiva. Además, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide hallaron evidencia de cómo se confeccionaron los panfletos contra el exfuncionario de Defensa.

Por estos hechos, Vila pidió el mes pasado que llamen a indagatoria a los jerarcas de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, al director de Operaciones Especiales Alan Ruiz, a Araque, Melo y a Jorge Sáez. Después de haber aceptado su competencia, Martínez de Giorgi deberá resolver si los convoca a que declaren como acusados.

Después de que se conociera que Martínez de Giorgi va a entender en esta causa, el defensor de Melo y de Araque, Fernando Sicilia, presentó un planteo que apunta al corazón mismo de la causa que llegó desde Lomas: impugna desde la declaración inicial de "Verdura". Es, por el momento, el intento más claro por voltear la causa.  El juez deberá darles vista a la fiscalía y a las partes y ver qué responde.

Martínez de Giorgi tiene previsto esperar a que la Cámara Federal porteña revise los 38 procesamientos que Augé dictó en febrero pasado. Ya hay cuatro procesamientos confirmados por el espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay -- tanto por la Cámara Federal de La Plata como por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación.

Por el momento, los camaristas que deberán analizar los procesamientos son Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los tres ya convocaron a una audiencia para el 24 de junio próximo para escuchar a las partes. Puede ser que las defensas pidan postergaciones. Ahora es cuando empieza el juego para dilatar y analizar los pasos a seguir con el calendario electoral en la mano. Uno de los puntos más importantes que deberán definir los camaristas es si convalidan la falta de mérito que Augé le dictó a Darío Nieto, el secretario privado de Macri y quien fue el motor de que la causa se mudara a Comodoro Py.

Espionaje cumbre

Martínez de Giorgi no aceptó investigar el espionaje masivo contra 403 periodistas, 28 académicos y otros 58 activistas, empresarios y jubilados que denunció el 5 de junio del año pasado la interventora en la AFI, Cristina Caamaño. Julián Ercolini, a cargo de ese expediente, había entendido que debe tramitar conjuntamente con la megacausa que llegó desde Lomas de Zamora.

Por el contrario, Martínez de Giorgi coincidió con un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a víctimas del espionaje y al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y sostuvo que unir ambas investigaciones podría implicar demorar aun más la causa del espionaje en las cumbres. En el caso de las cumbres, no sólo estaría implicada la AFI, sino fundamentalmente el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que coordinó los operativos. Además, debería desentrañarse qué rol tuvo la Cancillería en todo el entramado.

El CELS ya llevó el tema a la Cámara Federal, que terminará definiendo qué juez debe llevar adelante la investigación. Ercolini trabó este miércoles una contienda de competencia con Martínez de Giorgi por este expediente. Hasta el momento, Bertuzzi se perfila como el juez que resolverá el recurso del CELS. 

Por estos hechos, la fiscala Paloma Ochoa pidió la indagatoria de los dos máximos directivos de la AFI macrista, del director operacional de Contrainteligencia Martín Coste y de Carlos Tonelli Banfi, el excuñado de Gabriela Michetti que estuvo al frente de la Dirección de Eventos Especiales --creada para atender a los encuentros internacionales con los que el macrismo soñaba su vuelta al mundo--.

Migraciones

En 2017, Arribas se autodenunció después de una nota de Carlos Pagni en La Nación en la que describía cómo funcionaba el espionaje. Eso dio origen a una causa que estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral hasta su jubilación. Allí se rastrea cómo se habrían usado distintas bases de datos del Estado -- en particular la de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)--. Pero el problema es que los buscados habrían sido todos --o casi todos-- los jueces que habitan los tribunales de Comodoro Py, lo que dio lugar a un tendal de excusaciones. La primera en hacerlo fue María Eugenia Capuchetti. Le siguió Sebastián Ramos, a quien Martínez de Giorgi le rechazó la excusación.

Sin embargo, el lunes, Farah convalidó la decisión de Ramos de mantenerse fuera del expediente y mandó la causa a sorteo. El agraciado fue Sebastián Casanello, que se excusó también este miércoles por haber sido uno de los espiados. La suerte dirá qué sucede con esa causa que no encuentra un juez que la quiera en Comodoro Py.