La huelga general, convocada por sindicatos incluso alineados con el presidente Michel Temer, fue minimizada por el gobierno, pero de acuerdo a sus promotores la protesta contó con la adhesión del 45 por ciento de la masa laboral del país, en una jornada empañada por violentos incidentes. El gobierno brasileño se propone impedir desbandadas para la votación de las reformas del régimen laboral y el sistema de jubilaciones, tras la huelga general del viernes, que llamó un “fracaso” pero dejó heridas en su base política. Temer aseguró que, a pesar del malestar expresado por la huelga, el gobierno seguirá empeñado en la “modernización de la legislación nacional” y mantendrá “un debate amplio y franco, realizado en el espacio adecuado para esa discusión, que es el Congreso Nacional”.
El problema para el gobierno radica en que, más allá del impacto de la propia huelga, la movilización reveló algunas grietas en su base parlamentaria, a la cual necesita unida para poder avanzar en su plan de reformas estructurales. Esa preocupación fue admitida por el ministro de la Secretaría de gobierno, Antonio Imbassahy, en una entrevista publicada ayer por el diario O Estado de Sao Paulo. “Hay un tipo de inquietud, que ha aumentado, y parlamentarios de la base oficialista que no están conformes”, admitió el ministro, quien aseguró que el Ejecutivo debe trabajar y dialogar con su hasta ahora poderosa base parlamentaria a fin de evitar rupturas.
La rebeldía en la base oficialista la encabeza Solidaridad, un partido de extracción sindical, sin representación en el Senado pero que cuenta con 14 de los 513 diputados y fue uno de los promotores de la huelga general, la primera realizada en Brasil en dos décadas. A su vez, manifestó su rechazo el Partido Socialista Brasileño, que tiene 35 escaños en la Cámara baja y siete en el Senado.
