A la Procuración General de la Nación no le quedó más remedio que abrir un expediente contra el fiscal en lo criminal y correccional Marcelo Retes, quien trabajó desde Arkansas, en Estados Unidos, entre el 6 de mayo y el 4 de junio. Es porque el propio funcionario presentó una nota ante sus superiores de la Cámara de Crimen, a partir de que su situación se hizo pública, en la que usó argumentos similares a los que ofreció al responder la consulta de Página/12 el martes último: que viajó por un asunto familiar a la casa de su hermana y que pensó que podía hacer teletrabajo porque “mucha gente del Poder Poder Judicial y desde los Ministerios Públicos están trabajando desde sus casas de fin de semana más allá de la distancia de 30 kilómetros”, que es la que los obliga a pedir autorización, algo que Retes no pidió del mismo modo que no tramitó una licencia. El comentario puso en alerta al ya cuestionado procurador interino, Eduardo Casal, y desató una ola de paranoia entre integrantes del Ministerio Público. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), que llevó el tema esta semana a la Comisión Bicameral de Ministerio Público, dijo que sospechan de otros casos.
Retes alegó que nunca dejó de trabajar y que firmó desde Estados Unidos “210 dictámenes, reservas, oficios y demás trámites judiciales”. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que es una falta incumplir la función asignada en el área donde se desempeña un/a fiscal/a así como abandonar el trabajo. La pregunta de sentido común ante el trabajo que compete a una fiscalía es, por ejemplo: ¿Cómo investigan un homicidio a 8500 kilómetros de distancia? ¿Una violación, un accidente o un secuestro? El argumento de Retes es que son situaciones que requieren de esa presencia urgente cuando las fiscalías están “de turno”, y no era su caso.
Retes envió una carta con su descargo a la fiscalía ante la Cámara del Crimen, que ocupa Ricardo Saénz, que es a quien debió haberle pedido las vacaciones que no solicitó, según apuntan desde la Procuración. Esa nota llegó a la oficina de Casal el martes y se armó un expediente disciplinario, que tiene carácter reservado. La mecánica es la misma de siempre: desde la Procuración requerirán una serie de medidas previas, luego le pedirán explicaciones a Retes --que, con su descargo, parece haberse ya anticipado-- y le darán vista al consejo evaluador para que defina cómo puede seguir el expediente. La intención es que la onda expansiva del escándalo del fiscal con despacho en Arkansas no llegue hasta el propio escritorio de Casal, ya que es conocida la confianza que el procurador interino le tiene a Retes, a quien le encomendó --nada más y nada menos-- que instruir el sumario sobre la resistencia de Carlos Stornelli a presentarse a indagatoria en la causa de espionaje de Dolores, que terminó después de nueve meses en un simple apercibimiento.
En la Procuración insisten en que no estaban al tanto de que Retes estaba trabajando desde el exterior y dicen que su caso encendió las alarmas sobre otros funcionarios que aprovecharon para mudar el despacho a otras latitudes ante la reducción de la presencialidad por la pandemia. Funcionarios de confianza de Casal dicen desconocer que haya otro caso similar, como denunció Tailhade, pero deslizan que hay que atenerse a los reglamentos, algo que el mismo Retes reconoce que incumplió. Cómo terminará el episodio aún es desconocido. Un antecedente en el Poder Judicial puede ofrecerlo el caso del juez del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia Juan Manuel Iglesias que se pasó un año trabajando desde Paraguay. Por su caso no llegó ni una nota al Consejo de la Magistratura.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate, está detrás del tema. “Estamos frente a un caso que, de confirmarse, configura una falta grave por parte del magistrado”, remarcaron en una notificación enviada este miércoles desde la Bicameral a Casal y recordaron que el fiscal Retes, al haberse ido sin pedir licencia, habría infringido el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (27.148), que considera una falta grave el abandono de trabajo en forma prolongada sin autorización.
En esa misma nota, los integrantes de la Comisión preguntaron a Casal si tenía conocimiento del viaje de Retes --inicialmente denunciado por el portal La Política Online--, si fue autorizado, si Retes está al frente de dos fiscalías y si se comprobaron los ingresos de Retes al sistema del Ministerio Público desde el exterior. Desde la Bicameral, habían relacionado el hecho de que el fiscal trabajara desde Estados Unidos con el colapso informático que sufrió la Procuración el 3 de junio pasado, un día antes de su regreso al país. Tanto Retes como funcionarios del Ministerio Público niegan la vinculación con el episodio que dejó un día sin internet a las fiscalías, pero diputados y senadores quieren mayores precisiones. La Bicameral, en otra misiva, le consultó a Casal si la Procuración podría haber estado frente a un ataque informático que pusiera en riesgo las causas o si se trató de una falla interna del propio sistema. También preguntaron si la Procuración tiene acceso a otras bases de datos del Estado, como la de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
En este momento, la Bicameral parece haber hecho foco en el trato que Casal les dispensa a algunos fiscales cercanos, como es el caso de Retes. En ese tenor, la Bicameral le pidió al procurador interino que informe qué medidas tomó frente a las reuniones que reveló el portal El Destape que mantuvieron los fiscales Stornelli, Guillermo Marijuán y Carlos Rívolo entre 2017 y 2018 con Patricia Bullrich, la entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO. La Bicameral ya se había interesado por saber qué hizo Casal al enterarse que Raúl Pleé se había entrevistado con Macri en la quinta de Olivos. Todo parece indicar que por los encuentros de los fiscales hubo menos alboroto en el Ministerio Público que cuando trece fiscalas se reunieron con el ministro Martín Soria para impulsar una agenda de género.