La Mesa de Derechos Humanos de Salta reclamó al gobernador Gustavo Sáenz que oficialice el funcionamiento del Comité de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Solo falta un decreto gubernamental. Para insistir con esta petición, la Mesa comenzó una colecta de firmas de adhesión a un comunicado.  

Las organizaciones que conforman la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la asociación de DDHH Coca Gallardo y la Asociación de DDHH Lucrecia Barquet, se reunieron con lxs comisionadxs electxs Cristina Cobos y Rodrigo Sola.

Cobos y Sola fueron elegidxs para integrar el Comité en representación de los organismos de derechos humanos. También han sido electos Ricardo Nioi, en representación del Poder Ejecutivo Provincial, y Ramón Corregidor, como representante de la Cámara de Diputados de la provincia. La Cámara de Senadores, presentó a Marcelo Robles como interino. 

Elena Rivero, de la Asociación Coca Gallardo, sostuvo que el gobierno "está incumpliendo una ley", la 8.024, que crea el sistema provincial de prevención de la tortura y otros tratos crueles, y además señaló que incumple con los tratados internacionales que son ley en Argentina.

Detalló las dilaciones que vienen obstaculizando el funcionamiento del Comité, entre éstas las demoras en la realización de los concursos y las designaciones y en la asignación de un presupuesto. Resaltó que el Senado incumplió con la designación mediante concurso y presentó un representante interino, que "es una categoría que no está aceptada", "no cumplieron con lo que tenían que hacer", sostuvo. También dijo que el presupuesto asignado es $2.000.000 por debajo de lo que se había requerido.

Rivero contó que ante la falta de respuestas del gobierno están juntando adhesiones a un comunicado denunciando esta dilación en la constitución del Comité. Además, en la última reunión la Mesa resolvió gestionar apoyos ante los organismos nacionales, como el Comité Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos, e internacionales.

"Desde los derechos humanos nos preocupan las dilaciones, por la violencia institucional, toda Salta es testigo de lo que pasa con la Policía de la provincia", manifestó Rivero. 

Por su parte, Cobos, recordó a Salta/12 que la oficialización del Comité no se hizo durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey y así pasó a la gestión de Gustavo Sáenz, que tampoco lo hizo hasta el momento. Dijo que el año pasado lxs comisionadxs tuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada. "Primero no tenían presupuesto, en abril y mayo ya había presupuesto pero no se nos oficializó", criticó.

"Ya hemos realizado todas las acciones posibles, el 12 de febrero hemos pedido audiencia con el ministro Villada para que nos dé una definición de si este gobierno quiere o no quiere el funcionamiento del Comité", añadió. Cobos destacó también el incumplimiento del gobierno a una ley vigente y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. "Ya hicimos la denuncia al Comité Nacional y hemos pedido que accionen a nivel internacional", contó. 

La negativa a la puesta en funcionamiento del Comité para Cobos tiene relación con la "falta de políticas de derechos humanos" en la gestión saencista.

En el comunicado la Mesa detalló que a comienzos de 2020, se reunió con Villada y la secretaria de DDHH de la provincia, Mariana Reyes, para solicitar que se constituya el Comité. También se reunieron con miembrxs de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados y con su presidente, Esteban Amat. "Hubo promesas pero no acciones que se correspondan con ellas. El 26/10/2020, el ministro Villada informó que desde el organismo a su cargo se realizaron los trámites administrativos vinculados a designaciones y al presupuesto necesario para el funcionamiento del Comité. Manifestó el acompañamiento del Ministerio e instó a los miembros del Comité a diseñar una planificación de trabajo y todo lo referido a la organización interna", indicaron. 

Para la Mesa de DDHH, "que el Comité no funcione, se corresponde con la política de negación de los Derechos Humanos que el gobierno de la Provincia de Salta lleva adelante". "También se relaciona con su política de Seguridad y la designación como ministro de Seguridad del ex-comandante de la 5ta. Brigada de Montaña, Juan Manuel Pulleiro, que estando en actividad, fue colaborador del actual gobernador Gustavo Sáenz cuando fue intendente de la ciudad. Militar negacionista del pasado reciente, reivindicando el terrorismo de estado, Operativo Independencia y Plan Cóndor en el supuesto combate a Manchalá, Tucumán, que en realidad fue una masacre...", sostuvieron.

La Mesa hizo mención a las 900 denuncias por abusos policiales, vejámenes, allanamientos ilegales y torturas, que hubo entre enero y mayo de este año y acusaron a Pulleiro de un rol de "defensor corporativo de policías acusados de torturadores y gatillo fácil". 

La ley 8024 fue sancionada en julio de 2017 y reglamentada en 2018, establece la creación del Comité de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes. Entre las funciones del organismo se encuentran las de: garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tiene amplias facultades para la realización de inspecciones a cualquier lugar de detención y solicitar, recopilar y sistematizar información. 

"El Comité puede y debe poner coto a la represión y a la violencia policial evitando el mal accionar de las fuerzas de seguridad, en las cárceles y en otros lugares de encierro, para ello como establece el artículo 6, tendrá independencia funcional y autarquía financiera a cuyos fines se proveerá de los recursos específicos para la consecución de los objetivos del Protocolo Facultatorio del mismo", sostuvo el comunicado de la Mesa.