El comunicado oficial de la provincia vanagloriándose de haber bajado en casi un 90 por ciento la desnutrición en las comunidades indígenas fue nuevamente cuestionado por el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, quien sostuvo que la presunta baja del déficit nutricional “es una mentira”. Esta vez lo dijo en el conversatorio que organizó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el lunes pasado, y del que participaron Mendoza, la médica wichí Tujuayliya Zamora, y la referente del área de Salud de la Fundación Asociana, Cristina Vargas.
La semana pasada la provincia tomó un informe que se adjudicó la asociación civil Consejo Nacional de Políticas Indígenas de Argentina (CNPI), a cargo de Daniel Segovia, en el que afirmaba que Salta encabezaba “la baja de tasa efectiva de desnutrición con un porcentaje del 87,9”, en el país. La misma subsecretaria de Medicina Social de la provincia, Gabriela Dorigato, reconoció que desconocía este informe, aunque aseguró que contaba con los resultados, que no demoraron en ser publicados por el gobierno provincial de manera oficial. En 2020 el mismo Segovia presentó un hábeas corpus preventivo instando a que la Justicia Federal ordenara al gobierno de Salta a tomar medidas para evitar que siguieran falleciendo niños por malnutrición. El trámite judicial sigue su curso en el Juzgado Federal de Tartagal, en el norte salteño.
En el conversatorio, Mendoza criticó el informe del CNPI que tomó en cuenta la provincia y pidió hablar del acceso a la salud no solo de niños y niñas, sino de la totalidad de la población indígena.
Al hacer un repaso por las situaciones que atraviesan las comunidades indígenas, se refirió a la judicialización a la que apuntan los funcionarios provinciales cuando no logran hospitalizar a una criatura. “Ellos dicen que no queremos hacer atender y eso es una barbaridad, no es así”, afirmó Mendoza al sostener que poner a la Policía para escoltar estos procedimientos “es una violencia a nuestros derechos”.
Explicó que uno de los temores de enviar a los niños al Hospital de la ciudad de Tartagal, por ejemplo, es que, ante la falta de un buen diagnóstico debido a la inexistencia de médicos especialistas en Santa Victoria Este, en el extremo noreste de la provincia, y de herramientas tecnológicas suficientes, los chicos y sus padres sean expuestos innecesariamente a contagiarse de la covid.
A ello se suma, dijo Vargas en el conversatorio, la falta de comprensión sobre las necesidades de quienes son parte de las comunidades indígenas que, ya sea por desconocimiento de la ciudad, el idioma, o la falta de entendimiento de los tecnicismos médicos, terminan sin entender todo el proceso que deben transitar en el sistema sanitario.
Inclusión de las comunidades
Una de las propuestas de soluciones que señalaron Mendoza y Zamora es la inclusión de los miembros de las comunidades indígenas en el proceso de atención sanitaria. Zamora estaba en un proyecto en territorio y con mirada intercultural que no fue sostenido por el gobierno provincial desde abril pasado. El programa solo duró 6 meses.
Mendoza, por su parte, mencionó los condicionamientos que se imponen para la capacitación de agentes sanitarios indígenas, dado que, por ejemplo, deben contar con conectividad digital, algo que en esa zona es de muy difícil acceso, con amplios territorios en los que ni siquiera hay señal de telefonía. Según la publicación de la Universidad Provincial de Administración Pública (UPAP), que lanzó una capacitación para agentes sanitarios, quienes hayan accedido y aprobado ese curso ocuparían los cargos de agentes sanitarios. Las condiciones vetan la posibilidad de acceso a los indígenas, y nuevamente solo quienes no son parte de su cultura o entienden su idioma ocupan los lugares que ellos solicitan cubrir en el sistema sanitario.
“Hay interculturalidad del discurso pero no de la práctica o la realidad”, sostuvo Zamora, añadió que en este plan, la comunicación entre las comunidades originarias y el sistema sanitario sigue sin ser efectiva.
Mientras, el moderador del conversatorio, el abogado Martín Plaza, integrante del Pueblo Diaguita, sostuvo que no hubo respuestas a los pedidos que se elevaron al Ministerio de Salud de la provincia para que informe la cantidad de facilitadores interculturales en los hospitales. “Solo sabemos que solo en dos de las 15 áreas operativas de la provincia cuentan con este personal”, afirmó.
Todos entendieron que una herramienta que podría venir a salvaguardar los derechos de la salud de las comunidades indígenas sería la de la Ley de Salud Intercultural que fue promulgada en 2014, pero hasta el momento, y pese a existir un proyecto para este fin, no fue reglamentada y, por tanto, no fue puesta en práctica.
