Los represores Joaquín Guil y Virtom Modesto Mendíaz sumaron nuevas prisiones preventivas por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Junto a ellos recibió su primera prisión preventiva el militar retirado Luis Dubois. 

Las prisiones preventivas fueron dispuestas el 2 de junio pasado por la jueza federal subrogante de Salta Mariela Giménez, en una causa por la privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, amenazas y duración de más de un mes, que sufrieron siete gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Salta que en 1976 fueron sometidos a un juicio ante el Consejo de Guerra Especial Estable (CGEE) que funcionó en Ejército en Salta. Guil está procesado por seis de los siete casos, mientras que Mendíaz y Dubois, por el total de hechos que se juzgan.

La novedad de la medida dictada el pasado 2 de junio es en realidad sobre el capitán Dubois, que por primera vez queda detenido en una causa por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la detención será con modalidad domiciliaria, en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, donde reside, aunque él es salteño. 

También en el caso de Guil y Mendíaz la decisión de la jueza Giménez no significará ningún cambio en sus vidas, porque continuarán en prisión domiliaria, a pesar de que ambos ya cuentan con condenas por sus acciones de terrorismo de Estado. 

Guil, comisario retirado que en la dictadura era jefe del área de Seguridad de la Policía de Salta, cuenta ya con cuatro condenas a prisión perpetua. Méndez, militar que fue subjefe y jefe de la Policía salteña, tiene dos condenas. 

Como en otras prisiones domiciliarias concedidas la jueza interviniente se basó para la concesión de este beneficio en las edades de los acusados. Dubois cumplió 81 años en abril pasado; Guil, nacido en Tucumán y que actualmente reside en Villa San Lorenzo, tiene 84 años, y Mendíaz ya alcanzó los 88. Este militar nació en Goya, Corrientes, y reside ahora en Funes, en Santa Fe. 

La jueza federal subrogante de Salta, Mariela Giménez, ordenó la prisión preventiva del ex subjefe de la Policía de Salta, Vírtom Modesto Mendíaz; del ex director de Seguridad de aquella fuerza, Joaquín Guil, y del ex capitán del Ejército Argentino, Luis Dubois, por su participación, en marzo de 1976, en las detenciones ilegales y torturas aplicadas a siete gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que fueron sometidos a un juicio amañado ante un Consejo de Guerra Especial. 

Las prisiones preventivas habían sido pedidas por el fiscal general del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal de Salta, Carlos Amad, luego de que quedaran firmes los procesamientos de los tres acusados. 

En su relación a su participación en las detenciones de los gremialistas, las torturas y su sometimiento a un juicio amañado, Guil, Mendíaz y Dubois fueron procesados hace más de tres años, el 6 de mayo de 2018 precisamente. Pero como esa resolución fue cuestionada se abrió un largo trámite que concluyó el 12 de marzo pasado, cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó una resolución de falta de mérito en favor de los tres imputados y dispuso que se los procese nuevamente, lo que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hizo el pasado 9 de mayo. 

Al ordenar las detenciones, la jueza dispuso también un embargo de 200 mil pesos sobre los bienes de los tres acusados.

En esta causa se investigan delitos de lesa humanidad en perjuicio de Mario Amelunge Vargas, Alfinio Elido Oroño, Román Vázquez, Alfredo López, Dardo Zuleta, Augusto Tomás Zambrano y Crescencio Chocobar, todos miembros de la conducción de la UOM que entre el 24 de marzo y los primeros días de abril de 1976 fueron detenidos y juzgados por el CGEE Salta acusados de tener armas en su posesión.

Guil y Mendíaz están acusados porque en ese momento el primero era  jefe de Seguridad y Mendíaz era el subjefe de la Policía. Dubois integró el Consejo de Guerra que juzgó a los gremialistas.

Todos los sindicalistas denunciaron haber sufrido torturas. Tras ser detenidos o entregarse fueron llevados primero a la Central de Policía, el circuito de detención seguía en los cuarteles de Regimiento de Caballería y el penal provincial de Villa Las Rosas. En el juicio militar cinco fueron condenados y fueron llevados a la cárcel de Sierra Chica y la Unidad Penal 9, de La Plata

Cuando dictó el procesamiento, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Salta indicó que "Guil y Mendíaz tuvieron al menos conocimiento de los operativos que miembros de la Policía de la provincia de Salta y de la Gendarmería Nacional llevaron a cabo el 27/3/76 para detener a Oroño, Zuleta y Vázquez" y que en el caso de Oroño ya se había corroborado que Guil participó de su arresto. 

E infirió que "estas tres detenciones estuvieron interconectadas y habrían constituido un operativo único materializado por las mencionadas fuerzas de seguridad, bajo la organización y comando del Ejército Argentino", y que Mendíaz y Guil, como jefes de la policía salteña, "aportaron cuanto menos una parte de los recursos materiales y humanos para llevar a cabo dichas detenciones".

En cuanto a las detenciones de Vargas, Zambrano, López y Chocobar, los jueces de Salta señalaron que para Casación es "una pauta indiciaria importante" el hecho de que los cuatro estuvieron al menos un día en la Central de la Policía y que por los cargos que tenían entonces Mendíaz y Guil, "habrían tenido conocimiento de los operativos llevados a cabo el 27/3/76 y, luego, de todo lo sucedido con los gremialistas a partir de la amplia cobertura mediática que tuvo el hallazgo de las armas en la sede de la UOM". 

Sobre Dubois, señalaron que mientras se desarrolló el juicio militar, los gremialistas "se encontraban detenidos al solo efecto de garantizar su comparecencia al proceso, del que el militar era parte. 

Los Consejos de Guerra Especial y Estables fueron creados por el decreto ley N° 21.264 dictado el mismo 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado. Este decreto preveía una pena de reclusión de hasta 10 años para quienes tuvieran en su poder armas, pólvora, explosivos y afines, e impuso la obligación de entregarlas a la autoridad militar o policial dentro de las 48 horas. Además, dejaba estos delitos bajo jurisdicción militar.

En la anulación de la falta de mérito el tribunal de Casación Penal recordó que las normas que crearon los Consejos de Guerra Especiales Estables “no fueron dictadas por los órganos previstos por la Constitución Nacional", sino que "fueron dispuestas por aquellos que habían usurpado el poder mediante un acto de fuerza”. Además, “Los inculpados no podían desconocer la persecución y represión desplegada a ese entonces por el gobierno de facto que, como bien es sabido, tuvo lugar de acuerdo a una política de ataque sistemático y generalizado contra la población civil y, dentro de ella, contra sectores sindicales”.

Hace mucho que Dubois viene siendo señalado por su responsabilidad en actos de terrorismo de Estado en la provincia, pero hasta este año había logrado zafar de procesamientos. Ahora sumó dos procesamientos en poco tiempo. El 30 de abril el juez federal Julio Bavio lo procesó por la desaparición de la estudiante Graciela Juárez y la detención ilegal de su madre, Victoria Juárez.