En el día en que San Lorenzo presentó a su flamante entrenador, el uruguayo Paolo Montero, el vicepresidente 2° de San Lorenzo y ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quedó expuesto en su función como dirigente deportivo luego de que la Justicia ordenara embargar parte de los derechos televisivos del club de Boedo para hacer frente al pago de una deuda de 30 mil dólares contraida ante un socio vitalicio en 2017, cuando el funcionario ejercía como presidente del club.
Se trata del contador y socio vitalicio Alberto Castro, quien en el pasado mantuvo una relación cercana con Lammens. En 2017, este socio vitalicio prestó al club 60 mil dólares -30 mil de él y otros 30 mil de otro particular, que no inició demanda- al club en el marco de la campaña por la "Vuelta a Boedo". "Tenía la palabra de Matías, a quien conozco desde hace décadas y a quien me ataban vínculos afectivos más allá de lo futbolístico, de que el préstamo me lo devolverían, pasara lo que pasara, aún con su dinero personal, antes de que venciera su mandato en diciembre 2019″, contó Castro.
El mutuo se firmó el 30 de marzo del 2017, y el documento cuenta con dos firmas, la de Alberto Castro y la del presidente del club, Matías Lammens, según se informó en el sitio Nexofin. Las condiciones de devolución eran 12 cuotas sin interés, y la primera de éstas se pagaría en mayo del 2017. “No me pagaron nunca ninguna cuota”, comentó el demandante.
Finalmente, tras varias promesas incumplidas, Castro se reunió el 5 de febrero del 2020 con Lammens en su despacho en el Ministerio de Turismo y Deportes. "El encuentro duró 10 minutos, me dijo que yo no le había prestado dinero a él sino a San Lorenzo, que le debía reclamarle a San Lorenzo o ‘hacerle juicio al club’ ya que, según él, ya no estaba en la gestión del club”.
Finalmente, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11 trabó un embargo contra los derechos televisivos que percibe el club por un total de 30 mil dólares y 1.500.000 pesos, con el objetivo de poder reintegrar el dinero a Castro, tras cuatro años de espera.
Para cumplir con este embargo -y según se desprende de la resolución a la que tuvo acceso el sitio Nexofin-, la Justicia libró oficios a la Liga Profesional de Fútbol y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que envíe ese dinero proveniente de los derechos audiovisuales a una cuenta judicial.