De acuerdo a un informe que envió el Ministerio de Salud Pública de Salta a la Cámara de Diputados provincial, las interrupciones legales del embarazo (ILE) se incrementaron de manera exponencial en los últimos tres años en el territorio salteño. Sólo de 2018 a 2020, las ILE pasaron de ser 77 a 948, lo que para el movimiento feminista salteño representa una visibilización de los abortos clandestinos que se producían, pero que el Estado provincial comenzó a registrar recién ahora. 

Una de las cosas que exhibe esa estadística fue la adhesión que realizó la provincia en mayo de 2018 al Protocolo Nacional de las personas con derecho a la ILE, a través del decreto provincial 584/18. Esa adhesión se conquistó después de que el feminismo salteño lograra la derogación del decreto 1170/12, que establecía un protocolo propio, que fijaba un tope de 12 semanas para acceder al procedimiento y pedía una declaración jurada para darle curso. 

El protocolo salteño surgió después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el conocido Fallo FAL (2012), que determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible.

La abogada feminista Mónica Menini señaló a Salta/12 que el decreto 1170 creó un "protocolo obstaculizador a un derecho que ya tenían las mujeres" y que ya incluía la causal de salud, que permite el acceso a un aborto no punible si existe un peligro para la vida o la salud de la madre.

"Incluso obstaculizaba el acceso al aborto en caso de las violaciones a las niñas", manifestó Menini, que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Argumentó que quedó en evidencia en 2018, cuando el ex gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que adherir al protocolo nacional porque en la provincia se estaba impidiendo el aborto a una nena de 10 años que quedó embarazada a causa de la violación de su padrastro.

En el informe que se envió a la Cámara de Diputados de Salta el Ejecutivo provincial precisó que desde 2012 a 2017 en Salta se produjeron 29 abortos no punibles como consecuencia de una violación. Para este momento, estaba en vigencia el decreto 1170/12. 

La médica Alicia Naranjo, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, contó que en ese tiempo a los trabajadores de la salud que realizaban los procedimientos de ILE se los perseguía constantemente; además, en Salta no se tenía en cuenta la causal de salud integral. 

Naranjo relató que por las trabajadores de la salud venían realizando estas prácticas "completamente fuera del registro", ya que lo único que se registraba en las historias clínicas era el ingreso de las personas y no su salida, donde debía anotarse el procedimiento de ILE.

Para Menini, la derogación del decreto 1170 se logró gracias al trabajo de las organizaciones de mujeres y la comunidad LGBTIQ+ que se manifestaron constantemente, y que pusieron el pedido como consigna en cada manifestación que se hacía en las calles de Salta. "Cuando Urtubey lo deroga, las mujeres y las personas gestantes salteñas se interesaron en esa situación y aprendieron que podían acceder al aborto por causales", agregó. 

Un rotundo cambio

Con la adhesión al protocolo nacional, los números vinculados a los casos de ILE se modificaron de una manera exponencial. Desde 2018 la provincia comenzó a registrar los abortos no punibles por tres causas: peligro para la salud integral; riesgo para la vida y violación. Ese año se registraron 77 ILE, de las cuales 55 fueron por la primer causal; ningún caso de la segunda y 22 por la tercera. 

Mientras que en 2019, se contabilizaron 445 procedimientos: 414, por peligro para la salud integral; 3, por riesgo para la vida y 28, por violación. Ya en 2020, el número se elevó a 948 interrupciones legales del embarazo. De ese número, 918 fueron por salud integral; 11, por riesgo para la vida y 19, por violación. 

De acuerdo al informe, 268 abortos fueron practicados por personas de hasta 19 años y 1234, por mayores de 20 años. 

Con la derogación del decreto 1170, la médica contó que se pudo avanzar en capacitaciones respecto del concepto de salud integral establecido en el protocolo nacional. Aparte de que se empezó a ver que fueron disminuyendo las trabas para acceder a la ILE por una violación. Con el decreto 584/18, "simbólicamente en los equipos de salud se legalizó la ILE", manifestó Naranjo.

La médica añadió que antes existía el temor de garantizar el derecho al aborto y, si se hacía, sólo era permitido entre sus pares por causa de violación. Pero cuando se adhirió, "nos empezamos a permitir acompañar ILE por salud integral", lo que posibilitó que esos procedimientos empiecen a registrarse en el sistema de salud, teniendo como resultado los números presentados por la cartera que dirige Juan José Esteban.

Una muestra de ese cambio también se dio con la llegada del misoprostol, el medicamento que produce contracciones en el útero, provocando la expulsión del contenido uterino. Por ende, se procede a un aborto sin intervención quirúrgica.

Naranjo también resaltó la visibilización que se logró en 2018 por el debate del aborto legal en el país. "Muchas mujeres llegaron preguntando más abiertamente sobre la ILE y sus causales", recordó. Eso provocó que el propio sistema de salud de la provincia también deba ir la par, estableciendo más abiertamente el acceso al aborto no punible.

A modo de ejemplo, la médica contó que la transformación más palpable se dio con el Programa de Salud Sexual de Salta, al antes tenían que ir personalmente a buscar las medicaciones para los abortos, más la burocracia que eso incluía. "Era muy engorrosa la práctica, pero después se empezó a aceitar", hasta llegar a hoy, cuando la mayoría de la medicación ya llega a los centros de salud. "Se institucionalizó la vía en los últimos tres años", expresó. 

Con el aborto legal aprobado en Argentina desde el año pasado, Naranjo sostuvo que es más simple acceder a la ILE o incluso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), porque los suministros están llegando. "Lo que pasa es que al ser IVE, a las mujeres no les hace falta tener que pasar por un lugar donde se certifique que tiene riesgo social. Eso lo vamos viendo en la atención a la paciente", explicó.

Es decir, si ven que se requiere algún tipo de asistencia se hace una derivación, pero si no, se continúa con lo que ordena la Ley N°27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La médica hoy trabaja en la zona sudeste de la Capital, una de las más vulnerables de la ciudad, pero donde ve que "las mujeres se autoderivan", ya que asisten a consultas para saber cómo se accede a un aborto legal. 

Naranjo recordó que la provincia aún no adhirió a la actualización del Protocolo Nacional que instrumentó el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019. Sin embargo, reconoció que de igual manera se empezó a usar esa norma en la actualidad.  

Dejar en evidencia la clandestinidad 

Menini indicó que si se piensa en los números, lo que se deja en evidencia es la cantidad de abortos clandestinos que ya se practicaban pero que el Estado provincial no registraba. Para la abogada, con la registración "se  está visibilizando el número que estaba en la sombra y la clandestinidad"; planteó además la necesidad de establecer otras "políticas públicas urgentes, permanentes y fortalecidas", al alcance de las personas. 

"Todo eso necesitamos para que ese número se vaya reduciendo" porque como feministas y militantes de los derechos humanos "no esperamos que el número suba, sino muy por el contrario, esperamos que baje", precisó. 

Consideró que por eso sigue vigente el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsa la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la distribución gratuita de los anticonceptivos, que actualmente tiene faltantes. 

"Preventivamente necesitamos ESI porque no queremos llegar a la situación del embarazo no deseado, pero si llega, es imprescindible tener el acceso al derecho a la salud", manifestó.