El juez federal Martín Bava llamó a indagatoria a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan. Están convocados también a declarar otros seis agentes que prestaron funciones en la delegación Mar del Plata de la exSIDE, desde donde se seguía, vigilaba y fotografiaba a quienes se reunían para saber qué había pasado con el buque de la Armada que desapareció en el mar en noviembre de 2017.
Bava, que subroga en Dolores desde que Alejo Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, convocó al director general de la AFI Gustavo Arribas para el 8 de julio y a la exsubdirectora general Silvia Majdalani para el 15 de ese mismo mes. El 12 de agosto será el turno de Nicolás Iuspa Benítez, quien estaba al frente de la base Mar del Plata de la AFI durante el macrismo. Los tres ya fueron procesados por Ramos Padilla en la investigación sobre el llamado “Proyecto AMBA”, que involucró la creación de seis nuevas bases en provincia de Buenos Aires que se sumaron a las tres que históricamente tuvo la SIDE en el territorio. Entre 2016 y 2017, todas fueron puestas al servicio del espionaje político.
Una de las bases históricas es la de Mar del Plata --junto con las de La Plata y Bahía Blanca, creadas en los años ’70--. Desde allí se comandó el espionaje sobre los familiares del ARA San Juan, que hicieron base en esa ciudad para recibir novedades de sus seres queridos. Por estos hechos, el juez Bava también llamó a indagatoria a cinco exagentes que estuvieron bajo las órdenes de Iuspa Benítez.
El espionaje sobre los familiares del ARA San Juan fue denunciado en septiembre del año pasado por la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, que detectó partes y fotografías sobre el colectivo de parientes de los submarinistas cuando cumplía con un pedido de Ramos Padilla de relevar la documentación producida por las bases que fueron parte del “Proyecto AMBA”. En su presentación judicial, Caamaño incluyó a Macri como cabeza del sistema de inteligencia y a quien estaba al frente del área de Reunión Interior de la AFI macrista.
La denuncia de Caamaño tramitó inicialmente en la justicia federal de Mar del Plata. Allá, el fiscal Daniel Adler identificó más de una docena de seguimientos a los familiares. El patrón de la vigilancia de la AFI estaba dado por el afán de evitarle contratiempos a Macri en sus interacciones con los parientes o en sus visitas a la costa. Durante la investigación, Adler relevó los siguientes hechos:
El 15 de enero de 2018 se hizo una misa a los dos meses de la desaparición del submarino. Una hermana de un tripulante fue seguida y fotografiada por personal de la AFI. En simultáneo, los espías se metieron en una reunión en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, desde donde reportaron que los familiares reclamaron “a las Autoridades de la Armada Argentina reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el Presidente de la Nación”.
El 3 de febrero de 2018, la AFI siguió a tres esposas de los submarinistas. Estaban interesados en lo que sucedería en la reunión que tenían pautada con Macri para tres días después.
El 10 de febrero de 2018, la exSIDE recabó información de la madre de uno de los tripulantes porque iba a entregarle una carta al entonces mandatario.
El 2 de abril de 2018, los espías siguen y fotografían a una hermana y a una esposa que tenían previsto entregarle una nota a Macri, que estaba jugando al golf en el Golf Club de la ciudad balnearia. También les revisaron las redes sociales.
El 15 de noviembre de 2018, al cumplirse el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan, siguen y fotografían a familiares de otros dos buques hundidos, El Rigel y El Repunte, que participaron de una movilización fuera de la base naval de Mar del Plata.
Hay, al menos, otros ocho seguimientos a los familiares que identificó Adler.
La causa pasó a Dolores por decisión del juez de Mar del Plata Santiago Inchausti. El juzgado de Dolores --ahora a cargo de Bava-- continuó con la investigación que permitió no sólo identificar los hechos sino a quienes habrían sido sus autores. El juez deberá resolver la situación de los ocho imputados tras las indagatorias que se extenderán hasta septiembre, y en las que también intervendrá la fiscalía a cargo de Juan Pablo Curi. En caso de ser procesados, los exjerarcas de la AFI macrista sumarían su cuarto procesamiento: uno en Dolores por el Proyecto AMBA, uno por espiar a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y el tercero en la causa de Lomas de Zamora que acaba de mudarse a Comodoro Py en el tramo sobre el accionar de los espías conocidos como Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.
En esa causa, todas las miradas están puestas en lo que resuelva la Cámara Federal porteña, que tiene que revisar los 38 procesamientos que dictó el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé en febrero. En las últimas horas, Arribas recusó al camarista Eduardo Farah porque declaró como testigo en la causa sobre la mesa judicial, en la que se investiga cómo el macrismo presionaba a jueces y fiscales. Arribas era uno de los que se sentaba a la mesa judicial y en su despacho aparecieron una serie de mails que dan cuenta quiénes eran los asistentes.