La subejecución presupuestaria es evidente en el balance 2020, presentado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la semana pasada, a su Asamblea Federal. Esto expone el actual manejo de los fondos destinados a la promoción del cine y alerta sobre el destino de la industria ante una gestión que se tensa "entre lo nuevo y lo viejo", sin imponer un criterio superador al retroceso macrista, sostienen en el sector. 

“La gestión de Luis Puenzo no termina de plasmarse como un proyecto renovador”, afirman desde DOCA, agrupación de documentalistas que nuclea a 140 realizadores de todo el país. Y no hablan solo por el monto del presupuesto subejecutado, que según el balance oficial supera los 600 millones de pesos. Sino, y sobre todo, porque “todavía hay funcionarios que ingresaron con la gestión macrista, y esta permanencia en los cargos expresa cierta línea de continuidad en las políticas” subraya Juan Mascaro, realizador y presidente de DOCA. Como dato relevante Mascaro señala la presencia en el actual organigrama, de dos gerentes “que venían de la gestión macrista” de Ralph Hayek. La referencia es explicita, tiene nombres y apellidos: Viviana Dirolli y Lucas Lehtinen, a cargo de la Agencia de promoción internacional de la industria audiovisual, y de la Gerencia de coordinación y control de gestión, respectivamente, en la actualidad.

“Queremos que estos funcionarios sean sacados de sus cargos, que venga gente nueva y que hagan las cosas mejor”, sostiene Mascaro. Viviana Dirolli “propició con los decretos del macrismo, las limitaciones en el acceso a créditos y subsidios para realizar películas” advirtió en redes sociales el realizador cordobés Adrián Jaime Chersa al conocerse el resultado del balance. Esto promovió la adhesión de sus colegas, muchos nucleados en DOCA, en la decisión de exponer públicamente la situación.

Reclaman que el diseño de circulación de la información haya establecido un orden administrativo por el cual “todo lo que se revisa: cuentas, deudas, inversiones, si las hubo o no, se determina en las mismas áreas que las ejecutaron” explica Mascaro. Con lo cual, los funcionarios cuestionados quedan en la posición “de tener que supervisarse a sí mismos”, detalla Pablo Espejo, vocero de DOCA. “Son lugares estratégicos”, define el realizador. "Tenemos ahí un sector residual de la gestión macrista que toma decisiones con cierta autonomía, porque tiene mandato”, confirma Mascaro. Pero el monto de presupuesto subejecutado, advierte sobre la naturaleza de la función. “Estas personas han sido un escollo para la producción, desde que se incorporaron al Instituto, con Hayek, y lo siguen siendo”, señala Mascaro.

“Hubo subejecución, hay un balance que fue entregado la semana pasada –añade el presidente de DOCA-, y hay más de 600 millones de pesos no utilizados”. Se trata de una cuarta parte de lo destinado a fomento, añade, sobre “un total de 2.500 millones de pesos, que es lo que debería haberse destinado al fomento de películas el año pasado”. Para la industria, esto reviste “una gravedad importante”, porque “vuelve años al pasado”, ya que desconoce los principios de la Ley de Cine, señala Espejo. Según la Ley, el INCAA debe invertir el 50 por ciento de su presupuesto en fomento. Pero “la gestión macrista de Hayek puso en crisis al sistema de producción. Y hoy sigue frenado. Ni con Lucrecia Cardoso ni con Liliana Mazure ocurrió esto. Todo está frenado”, enfatiza Espejo.

Cuando se inició la gestión de Luis Puenzo se habló de una renovación, recuerdan en DOCA. Hoy, si bien no hay una continuidad lineal “estos gestos dan cuenta de cierta complicidad, porque las acciones de estos funcionarios perjudican a grandes sectores de la industria” afirma Mascaro. De ahí que la situación tenga “una gran carga para nosotros” señalan los documentalistas. Hay tensión entre lo viejo y lo nuevo, describen, y en esa trama "las gerencias remanentes del macrismo tiran para atrás”.

Como plataforma desde dónde pensar y ejecutar las políticas públicas para el sector, los realizadores señalan la necesidad de volver a convocar al Consejo Asesor –que hace un año y medio no es convocado-, para establecer los distintos comités de control integrados por actores, técnicos o directores. Este organismo de cogobierno garantiza el cumplimiento de la Ley de Cine, porque establece los comités que verifican “por ejemplo que la plata que ingresa se transforme en películas”, sostiene Esteban. Pero hoy “el comité de películas terminadas”, tiene “una cola de 30 realizaciones” esperando su definición. Hasta tanto se expida, la última cuota para la producción no se entrega. La postproducción está quebrada. “Hay gente que trabajó en tres películas y todavía no cobró ninguna, debido al mecanismo engorroso que diseñaron Hayek y su equipo”, manifiestan.

“Está muy complicada la situación ahora, pero lo más urgente es que se derogue el artículo de la Ley 27.432 de 2017, que establece la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico en 2022, otra herencia macristra”, añade Espejo. “Trabajar en la recuperación del Fondo de Fomento es central --concluye Mascaro-, y tampoco vemos al INCAA contemplando propuestas en este sentido, cuando se sabe que es central”.