El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley para declarar a las garrafas como servicio público, regulado por el Estado y con tarifas uniformes en todo el país. La iniciativa beneficia a 16 millones de personas que no cuentan con el servicio de gas por redes y son víctimas de todo tipo de abusos, en especial sectores vulnerables. A igual nivel de consumo, aquellos que utilizan garrafas terminan gastando hasta el doble de dinero que un usuario residencial. El Frente de Todos contaría en este tema con el apoyo de sectores de la oposición, incluso de Juntos por el Cambio, lo que quedó expresado en el debate de la ley para ampliar el alcance de la tarifa reducida de gas a regiones del país que sufren bajas temperaturas.

Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), está al frente de la redacción de la iniciativa para dar respuesta a un reclamo histórico de las asociaciones de consumidores y usuarios. El gas licuado de petróleo (GLP) envasado, es decir las garrafas, tiene un precio de referencia fijado por el Estado, pero en la práctica se impone la ley del mercado: cada cual cobra lo que quiere, dependiendo muchas veces de los grados de concentración del negocio. Cada distrito es un mundo. El poder de fraccionadoras y distribuidoras se hace sentir en cada caso.

Las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tienen valores de referencia que determina la Secretaría de Energía de la Nación. La última actualización fue en abril, después de quince meses de congelamiento, desde julio de 2019. Para el envase de 10 kilos, el más utilizado, se determinó un sendero de precios que llegó este mes a 435 pesos, sin contar IVA, Ingresos Brutos ni el costo por entrega a domicilio.

“Los precios al público son muy distintos en cada ciudad. La garrafa de 10 kilos se está pagando a 600, 800 y hasta 1200 pesos en diferentes puntos del país. El único lugar donde se consigue al precio oficial es en los depósitos de fraccionadoras y distribuidoras. Pero son pocos en relación a las necesidades de la demanda. En un radar de tres o cuatro municipios por ahí hay un solo lugar. Entonces la gente termina comprando en el comercio del barrio o a los garraferos que hacen la distribución, y los valores son cualquier cosa”, describe Silvia Jensen, integrante de la Red Nacional de Multisectoriales, que viene batallando hace años por profundizar la regulación del sector.

“En líneas generales, las personas que no poseen gas de red son las de menor poder adquisitivo. En muchos casos se debe a que en las viviendas precarias no es posible la instalación por cuestiones de seguridad o porque no tienen poder adquisitivo suficiente para pagarla con las condiciones de seguridad adecuadas”, describió a su vez Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), en declaraciones al portal Chequeado.

En marzo de 2005, el gobierno de Néstor Kirchner produjo un primer movimiento para intentar amparar al 40 por ciento de los ciudadanos argentinos que no tienen gas por redes. Impulsó y logró la aprobación de la ley 26.020 que establece un régimen regulatorio de la industria y comercialización del GLP. Allí se creó un fondo fiduciario para atender las necesidades de sectores de bajos recursos y expandir la red de gas natural.

A pesar de los avances, todavía hay cuatro provincias donde el servicio de gas por redes es muy limitado: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Sobre una población de 5,3 millones de personas, la distribuidora regional, GasNea, cuenta apenas con 110 mil usuarios entre residenciales, comercios e industrias.

En 2015 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha el programa Hogares con Garrafa, que consiste en un subsidio directo para sectores sociales vulnerables y entidades de bien público como comedores, clubes de barrio y centros comunitarios. En la actualidad hay 2,4 millones de hogares asistidos. Desde este mes el subsidio es de 338 pesos por garrafa de 10 kilos, con lo cual la diferencia a cubrir por los usuarios es de 143 pesos. Sin embargo, como se indicó, el problema es la dificultad para conseguir el abastecimiento al precio oficial.

La necesidad de declarar a las garrafas como servicio público es justamente esa: fortalecer las regulaciones y controles del Estado a fin de garantizar la provisión en forma efectiva a precios razonables y uniformes.

Durante el gobierno de Cambiemos, las gestiones de Juan José Aranguren, Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui en el área de energía fueron estrictas en verificar que los inscriptos en el programa Hogar cumplieran con los requisitos exigidos, aunque miraron para otro lado en relación a los abusos de fraccionadoras y distribuidoras. El resultado fue que dieron de baja a 400 mil usuarios del plan y los precios de las garrafas se movieron a su antojo.

La administración de Alberto Fernández fue recuperando inscriptos y en la actualidad son 2,4 millones. En los últimos dos meses se sumaron 56 mil hogares.

La problemática de los usuarios de garrafas se hizo presente en el debate de la ley de zona fría, para ampliar el alcance de una tarifa reducida en 30 o 50 por ciento a ciudadanos de distintas provincias del país donde imperan bajas temperaturas. La iniciativa ya tuvo media sanción de Diputados y ahora pasó al Senado.

“El gas licuado de petróleo no es servicio público, mientras que el gas por redes sí, por lo que tiene una fuerte regulación, una serie de derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio. Las garrafas, en cambio, suben sus precios sin control real alguno. Queremos que se vendan a precio regulado y uniforme en todo el país y para eso necesitamos que avance el proyecto para declararlas servicio público. Si antes lo consideraba necesario, en el contexto de pandemia creo que es imprescindible”, remarcó el senador Julio Cobos, en tono de reclamo al Frente de Todos, que es la fuerza política que avanzó con las regulaciones y ahora prepara una ley para las garrafas, mientras que Cambiemos cuando estuvo en el poder promovió la desregulación y el achicamiento de los planes de asistencia.

La demanda de la oposición también quedó expresada por el senador radical por Chaco Víctor Zimmermann, quien planteó la problemática de su provincia en relación a las garrafas. “Tengo un proyecto presentado para declarar al gas en garrafa como un servicio público, porque creemos que es la forma de garantizar el suministro a un precio acorde al poder adquisitivo de nuestra gente, porque los índices de pobreza más altos del país están en el norte y en particular en mi provincia”, señaló.

Desde el socialismo, el diputado Enrique Estévez también presentó en la semana un proyecto de ley para declarar a las garrafas como servicio público. “Hoy en la Argentina uno de cada tres hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar la garrafa para cocinar y calefaccionarse. Por eso resulta urgente que el Estado sea el regulador de las tarifas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”, indicó.

El repentino interés de un sector de la oposición en línea con una demanda reiterada de las asociaciones de usuarios le facilita el camino al Gobierno para avanzar con cambios indispensables en el acceso a la energía. El Poder Ejecutivo ya dio muestras de su vocación regulatoria en otro servicio clave, el de las telecomunicaciones, y ahora llegó el turno de la garrafa.