El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) dejó en claro que crecen las posibilidades de que la causa del Memorándum con Irán sea anulada y no se haga el juicio por encubrimiento contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios. En una resolución firmada este viernes anunció --tal como anticipó Página/12-- que se celebrará una audiencia oral pedida por la vicepresidenta y por Andrés "Cuervo" Larroque y que se concretarán una serie de medidas para evaluar si los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinksy y Gustavo Hornos actuaron de manera parcial. Las intervenciones de esos camaristas fueron determinantes para la causa ya que ordenaron su reapertura a fines de 2016 tras haber sido cerrada en primera instancia por inexistencia de delito. Para el tribunal hay hechos nuevos que hasta ahora no habían sido evaluados: las visitas recurrentes de los "casadores" a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, y en fechas asociadas sus decisiones en este expediente. 

"Las dudas acerca de, nada más y nada menos, que la imparcialidad de magistrados que intervinieron en etapas definitorias deben ser despejadas de manera preliminar", o sea, antes de decidir si empieza o no el juicio, dice la resolución de los jueces del TOF8, María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini. "Lo que las defensas han dejado al descubierto en los escritos presentados y sus adhesiones es el temor o sospecha de parcialidad que --como hipótesis de mínima-- genera en todas las personas imputadas la intervención de los magistrados", dicen. La audiencia oral y pública será el momento en que abogados/as e imputados/as podrán profundizar sus argumentos. El tribunal todavía no le puso fecha. 

Antes, los jueces tramitarán una serie de pruebas pedidas por CFK y otros implicados, que tuvieron el aval del fiscal de juicio Marcelo Colombo, que fue determinante para la postura del tribunal. Quieren ver en detalle las decisiones tomadas por Hornos y Borinsky que están cuestionadas y los recursos que las cuestionaron, saber cómo llegaron a integrar el tribunal que se ocupó del tema, quieren conocer con precisión las investigaciones que ya tiene abiertas el Consejo de la Magistratura en su contra (donde constan los registros de sus visitas al expresidente en Olivos y la Casa Rosada, al menos 15 de Borinsky y 6 de Hornos) y esperan analizar otros elementos como la agenda del secretario privado de Macri, Darío Nieto, donde en la causa sobre espionaje que tramitaba en Lomas de Zamora se detectaron mensajes como "Hablar con Borinsky. Tema denuncia administrativa y penal". Del mismo modo pidieron la causa de la "mesa judicial", en particular la declaración de la jueza de Casación Ana María Figueroa, que presiones ligadas al tema AMIA al comienzo del gobierno Macri para resolver sobe la constitucionalidad del pacto con Irán.

Borinsky y Hornos fallaron en dos situaciones cruciales en la causa del Morandum entre noviembre y diciembre de 2016. Por un lado, reabrieron la causa original que comenzó con la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA y que había sido cerrada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito. También aceptaron a la DAIA como querellante, un papel que había pedido en acuerdo con el gobierno de Macri, quién salió en persona, públicamente, a aplaudir el fallo. Por otro lado, los mismos camaristas avalaron una causa melliza de aquella inicialque tramitaba Claudio Bonadio a quien le terminaron dando ambos expedientes a partir de lo cual dictó procesamientos y prisiones preventivas por el insólito delito de traición a la patria. Antes de tomar esas decisiones, los jueces de Casación fueron objetados por los acusados, porque años antes se habían excusado de intervenir en asuntos relativos al atentado y de pronto, con el macrismo, cambiaron de idea. El TOF insisten en su resolución: "Las nuevas circunstancias fácticas que fundamentan los actuales pedidos de nulidad han vuelto a poner en tela de juicio el accionar judicial y han reavivado nuevas sospechas de parcialidad que hasta el momento no han sido tratadas". 

La reapertura de la causa y el respaldo a Bonadio, llevaron a que éste ordenara la prisión preventiva del fallecido canciller Héctor Timerman, a quien le impidió continuar un tratamiento para el cáncer en Estados Unidos, al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, al dirigente Luis D'Elía, al histórico referente de Quebracho Fernando Esteche y al representante islámico Jorge Khalil. Cristina Fernández de Kirchner no quedó detenida porque tenía fueros como senadora. Era cantado que eso ocurriría porque el fallecido Bonadio venía preparando el terreno en franco contraste con la decisión de su colega Rafecas, que señaló múltiples razones por las que no se podía considerar que hubiera delitos en juego: ante todo, el Memorándum --que pretendía lograr la indagatoria de los iraníes cuanto menos en un tercer país-- había sido aprobado por el Congreso, pero además Irán no había dado su respaldo parlamentario, con lo cual no se aplicaba; las alertas rojas y pedidos de detención de los iraníes nunca perdieron vigencia, contra lo que postulaba Nisman, y tal como ratificó públicamente el exsecretario de Interpol Ronald Noble. 

Por supuesto que la discusión por el armando de una causa en base a una política de gobierno, como ocurrió también en la causa "dólar futuro" --que finalmente cayó y solo falta que la revise la Corte Suprema-- está en los primeros planteos de nulidad de este juicio sobre el Memorándum. Pero ahora hay más elementos y los jueces del TOF se anticipan y advierten que con tantas dudas sobre lo ocurrido en la causa no sería prudente encarar "inmenso esfuerzo" que implica "la realización" de un juicio de las características de éste, no sólo por sus dimensiones (50 cuerpos) y los cientos de testigos ofrecidos, sino por "la pluralidad de imputados, la investidura de algunos de ellos y las cuestiones de orden geopolítico que se encuentran en juego". Hay una frase clave donde señalan que todos los planteos de nulidad de CFK y el resto de las defensas "satisfacen los requisitos" de las "nulidades absolutas". 

El tribunal dejó pendientes algunas medidas impulsadas también por el fiscal Colombo, en plan de agilizar una decisión, pero no descartó ordenarlas más adelante. Entre ellas, pedidos directos al Poder Ejecutivo para que envíen las planillas de visitas no sólo al despacho presidencial sino a ministerios como el de Justicia y el de Seguridad. Tampoco pidieron la declaración testimonial de directivos de la DAIA, que había sido requerida por publicaciones periodísticas que señalaban que Borinsky había asesorado a aquella entidad sobre cómo actuar en la causa. 

La resolución tiene algunas consideraciones poco frecuentes en los tribunales, y más aún en los de Comodoro Py. "La celebración de la audiencia oral y pública solicitada por las Defensas y el representante del Ministerio Público Fiscal, es el mejor –sino el único mecanismo para garantizar de manera amplia los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación", que son una "exigencia constitucional" "muchas veces desoída". Citan al fallecido jurista Julio Maier, que hablaba de "la administración de justicia exige (...)  la posibilidad de control popular sobre la tarea de los jueces, sobre los actos que van a fundar la decisión final y sobre la decisión misma". Maier integró un grupo de grandes juristas --con Leon Arslanian, Raúl Zaffaroni y hasta Ricardo Gil Lavedra-- que ya cuando Nisman hizo la denuncia planteaban que era un disparate y que no había delitos. 

"En el caso que nos ocupa, por las razones expuestas precedentemente (relativas a la entidad de los agravios, al momento procesal en el que nos encontramos y a la trascendencia institucional de esta causa), publicitar y transparentar el trámite incidental y la solución a la que en definitiva se arribe, responde también a una exigencia proveniente de una sociedad que en su conjunto nos interpela como operadores y operadoras de una justicia permanentemente cuestionada. Por lo demás, estos principios emanados de nuestro sistema democrático, en modo alguno deben circunscribirse exclusivamente al momento del debate propiamente dicho", reflexiona el TOF8. Es probable que estos jueces se topen pronto con el desafío de resistir la ofensiva que ya conoció esta misma causa con participación de medios de comunicación, dirigentes de la actual oposición y de la DAIA --que, vale recordar, tuvo directivos implicados en el encubrimiento de la primera investigación del atentado-- y también parte del Poder Judicial.