La provincia comunicó esta semana su intervención de la mano del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a cargo de Martín de los Ríos, para que algunos de los 700 trabajadores despedidos del Ingenio San Isidro (ubicado en Campo Santo, departamento General Güemes) en 2018, acepten lotes a cambio del pago del 50 por ciento de sus indemnizaciones.

Ante la situación, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), Mariano Cuenca, afirmó que la provincia está convalidando una presunta estafa. Ello porque las tierras que se quieren entregar no estarían aptas para contar con los servicios públicos necesarios.

El secretario de Tierra y Habitat, Esteban Carral, contó a Salta 12 que en realidad por el momento se espera que la empresa eleve una nota con el detalle de las tierras a repartir y su ubicación, a fin de iniciar el estudio de factibilidad, que suele demorar un tiempo dado que debe pasar por los distintos organismos provinciales. Mientras, el referente de los trabajadores autoconvocados, Miguel Cenzano, señaló a este medio que hasta el momento son 50 de los 85 trabajadores que se encuentran en el grupo de quienes estarían de acuerdo con acceder a este acuerdo.

La provincia había informado que los trabajadores aceptaron la donación de los terrenos como forma de pago del 50 por ciento de indemnización que esperan desde hace tres años.

El estudio de factibilidad se debe realizar en las cerca de 13 hectáreas a donarse, para conocer su habitabilidad. De los Ríos señaló que el Grupo Ruiz, que actualmente administra el Ingenio güemense, “está haciendo un importante esfuerzo para dar soluciones a los ex trabajadores y que el gobierno se propone acompañar con los estudios correspondientes para determinar la posterior factibilidad de servicios públicos”. Ruiz, por su parte, expresó que la empresa “pretende trabajar en un ambiente de tranquilidad social que les permita ser competitiva”.

Sin respuestas concretas

Cenzano, aseguró que ante la falta de una respuesta o conocimiento cierto del expediente judicial por el que esperan el cobro de las indemnizaciones adeudadas, es que decidieron separarse del SOEASI e ir por su cuenta para dialogar con la empresa.

El grupo de los 85 autoconvocados es de trabajadores que quedaron desempleados tras los despidos del Grupo Gloria y no fueron reincorporados cuando se hizo cargo el Grupo Ruiz.

Cuando empezaron a hablar con la empresa, hace dos años, notaron el acercamiento del Gobierno para intervenir en las conversaciones. “No todos los que representamos están de acuerdo”, aclaró. Ello en tanto en estos tres años se sintieron “manoseados” desde distintos lugres, y “obvio, la gente desconfía”. 

Por el momento, lo que saben es que los terrenos a entregar serían de 10 por 25 metros cuadrados, pero desconocen su valor. También indicó que no tiene información de cuál es el estado de la deuda de la indemnización al día de hoy con los intereses incorporados. “La mayoría de los trabajadores alquila y no tenemos vivienda propia. Hay gente que tiene su vivienda pero ya de última saben que la tierra no se va a desvalorizar”, añadió al referirse a las razones que llevaron a los trabajadores a buscar esta posibilidad de negociación.

Dudas del gremio

Cuenca, por su parte, se refirió al presunto principio de acuerdo como un “pacto espurio” entre los empresarios y De los Ríos, dado que esta posibilidad se constituye en “una estafa”.

Recordó que son más de 700 los obreros despedidos en 2018 que deberían acceder a los lotes que “los hermanos Ruiz pretenden regalar”, a los trabajadores tanto reincorporados como aún desocupados. Afirmó que estas tierras no cuentan con “agua potable, luz, gas ni posibilidades concretas para construir siquiera un rancho de chapa o adobe”.

“Deberían preguntar a sus abogados y asesores si este acuerdo es legal. Si algún juez va a homologar semejante renuncia a derechos adquiridos como la indemnización. Ningún juez puede homologar la entrega de tierra por un valor menor al que le corresponde cobrar a cada trabajador”, mencionó el gremialista.

Sostuvo que desde que el Grupo Ruiz se hizo cargo del Ingenio se intentó dialogar para resolver el conflicto “de manera pacífica”, pero “se negaron siquiera a sentarse a conversar el tema”.

Para Cuenca, el avance de este acuerdo implicaría “un grave antecedente que afectaría a todo el movimiento obrero argentino ya que otros empresarios podrían replicar los mismos métodos antidemocráticos e ilegales a lo largo y ancho del país”.

Finalizó su posición al sostener que “defenderemos nuestros derechos y en asamblea decidiremos los pasos a seguir que seguramente no serán sentarnos a mirar cómo se atropella a los trabajadores. Si la patronal y sus socios se niegan al diálogo, el único camino que nos dejan es la lucha”.