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Recuperar la industria, aumentar el empleo privado formal, mejorar la calidad de vida de grupos vulnerados, incrementar el ingreso de los sectores populares, avanzar en un régimen tributario con mayor progresividad, impulsar la obra pública como multiplicador de la actividad económica, orientar el gasto público para incrementar la productividad general, desdolarizar las tarifas de servicios públicos, fomentar producciones de exportación y administrar la entrada de importaciones, reconstruir el mercado de deuda en pesos, estabilizar la plaza cambiaria y ordenar el frente monetario y fiscal.
Estas metas, entre otras, constituyen un plan de economía política, que no es lo mismo que las proyecciones de variables macroeconómicas con las cuales los denominados economistas profesionales hipnotizan a la mayoría.
Se presentó, además, un Consejo Económico y Social (CES) cuya misión es la búsqueda de acuerdos intersectoriales en base al diálogo, demanda repetida históricamente por los principales actores económicos y sociales. El objetivo de esta iniciativa es definir cuestiones del desarrollo para el mediano y largo plazo. El CES se comprometió a diseñar en mil días una agenda de trabajo en varias áreas clave para elevar al Poder Ejecutivo anteproyectos de ley para cada una de ellas.
La controversia sobre si existe un plan económico entonces es sólo una trampa discursiva de la derecha para condicionar la gestión de la coalición política al frente del gobierno.
El debate, en realidad, debería orientarse a la calidad y dinámica en la ejecución de las medidas para conseguir los objetivos planteados, no a la falta de un plan de gobierno.
Reclaman un plan quienes destruyeron la economía
A esta altura, después de la aplicación de varios "planes económicos" considerados "serios" para esa comunidad de negocios (Martínez de Hoz, Austral, Primavera, Convertibilidad, macrismo), con indudables resultados desastrosos, reclamar uno para dar "previsibilidad" por quienes fueron protagonistas, ideólogos o propagandistas de esos fiascos resulta una ironía retorcida que, en concreto, persigue otros objetivos:
1. Definir medidas de ajuste regresivo.
2. Privilegiar la actividad de grupos dominantes del poder económico.
3. Subordinar la política económica a los intereses de las finanzas globales.
4. Continuar con el negocio de consultores del establishment dedicados a comercializar información económica y a orientar expectativas según el color político del gobierno.
¿Qué sería un plan económico para la secta de economistas que influye en el mundo empresario, donde, teóricamente, sus miembros son astutos para no ser engañados una y otra vez? Diseñar un esquema con cifras de variables clave para los próximos años.
La trampa de proyectar números en la economía argentina
En la economía argentina, con marcada inestabilidad, un régimen de elevada inflación y rasgos bimonetarios pronunciados, postular la necesidad de enunciar un "plan económico" convencional debería ser considerado sólo como una coartada para contener expectativas sociales y económicas atrapadas del discurso dominante, además de para tranquilizar a las almas bellas del FMI.
Se sabe que esas proyecciones son una trampa de números porque es tal el nivel de sensibilidad de la economía local ante cualquier impacto local o externo que esas previsiones quedan rápidamente desactualizadas. Esto no es responsabilidad de quienes las elaboraron, sino que es una consecuencia lógica de dos factores que se realimentan:
1. Los años de arrastre de una economía con fuertes fluctuaciones macroeconómicas y políticas en un escenario de intensa puja distributiva que no es frecuente en otros países.
2. La elevada vulnerabilidad de la economía local ante acontecimientos internacionales inesperados que alteran cualquier previsión económica. En estos momentos se está transitando uno de ellos: la pandemia del coronavirus.
El ejemplo inmediato de la influencia de estas restricciones es el Presupuesto 2021, instrumento que obviamente es necesario como herramienta de orientación de la política económica, pero no para considerar las cifras presentadas como metas absolutas. No correspondería evaluar un desvío como sinónimo de plan fallido. Es importante identificar las razones de las diferencias nominales, pero lo sustancial sigue siendo cuál es el sendero económico propuesto.
Nuevas cifras de precios y salarios
La tensión entre precios e ingresos de los sectores populares sirve para comprender la diferencia entre nominalidad (números) y objetivos de un plan de economía política.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó la meta de una tasa de inflación anual del 29 por ciento para este año, planteando que salarios y jubilaciones ganarían de 4 a 5 puntos por encima de esa cifra. O sea, la política económica definió que los ingresos populares comenzarían a recuperar poder adquisitivo en términos reales.
Ya sea por el shock externo imprevisto del alza de las materias primas de exportación, lo que se conoce como inflación importada, o por la acelerada recomposición de márgenes de rentabilidad del sector privado, la tasa de inflación subió varios escalones más de los previstos.
Guzmán afirmó en varias oportunidades que el Estado, ordenando las cuentas fiscales y monetarias, y los sindicatos, acordando paritarias unos puntos por encima del 30 por ciento, en línea con el objetivo del Presupuesto 2021, cumplieron con su parte. En cambio, el mundo empresario no acompañó y ajustó precios por arriba de esas cifras.
Si en el plan oficial no estuviese explícita la meta de mejorar los ingresos de los sectores populares por encima de la inflación, no se alteraría esa dinámica regresiva. Pero, como ese objetivo del gobierno de Alberto Fernández está manifiesto, se redefinió la nominalidad inicial reforzando la red de emergencia sociolaboral: un bono extra de 6000 pesos para casi el millón de personas del programa Potenciar Trabajo, otro bono extra para jubilados y pensionados, y señales para que las paritarias de trabajadores formales avancen hacia el 45 por ciento, entre otras medidas.
Un caso opuesto fue el papelón de la dupla Federico Sturzenegger-Lucas Llach, en el Banco Central de Macri, cuando definieron la meta de inflación 2018: 10% (+ - 2%) y quedó totalmente desactualizada al cerrar ese año en 47,6 por ciento, y no hubo ninguna medida compensadora para evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario (bajó 10 por ciento y se destruyeron casi 200 mil puestos formales) y de las jubilaciones (perdieron 15 por ciento).
El análisis del Banco Central
Despejada la confusión deliberada acerca de la ausencia de un plan económico, un aspecto que resulta notable es que en ese debate se oculten los siguientes condicionamientos:
1. La existencia de una pandemia que derivó en la peor crisis económica global de, por lo menos, los últimos 100 años, con devastadoras consecuencias en el empleo y en las condiciones de vida de millones de personas.
2. El desastre dejado por la alianza macrismo-radicalismo que colocó a la economía local en una posición aún más vulnerable ante el impacto de la pandemia.
El último informe de Estabilidad Financiera del Banco Central ofrece un interesante análisis para abordar con rigurosidad esa controversia teniendo en cuenta el actual contexto local y externo.
Afirma que, "tal como acontece a nivel mundial, las perspectivas económicas locales siguen condicionadas por la evolución de la pandemia". Menciona que el foco continúa estando en la situación sanitaria -que en los últimos meses llevó a que se reintrodujesen ciertas restricciones a la movilidad, aunque en forma menos intensa que un año atrás-, a lo que se le suma el avance en la aplicación de vacunas que viene mostrando resultados favorables en línea con una mayor cantidad de dosis recibidas.
En este marco, medidas del Banco Central acompañan el proceso de normalización del funcionamiento de la economía "buscando atemperar un potencial impacto sistémico del shock sobre el sector privado". Enumeró los ejes de esa política prudencial que deben ser considerados como parte del plan de economía política del gobierno de Alberto Fernández:
1. Dinamizar el crédito al sector privado.
2. Aliviar la situación financiera del sector privado.
3. Propiciar el ahorro bancario en pesos a plazo.
4. Sostener la holgura en términos de solvencia que tienen las entidades.
5. Mantener y perfeccionar las regulaciones cambiarias, evitando que desequilibrios transitorios entre la oferta y demanda afecten la posición de reservas internacionales.
El Banco Central, a cargo de Miguel Pesce, advierte que "la situación sigue siendo desafiante, de cara a la presencia de diversos riesgos potenciales a corto plazo". Señala que, por un lado, el contexto externo continúa presentando un conjunto de factores de incertidumbre y vulnerabilidades según la evolución de la pandemia y sobre la efectividad y sostenibilidad de las políticas de estímulo en países desarrollados.
A nivel local indica que las expectativas siguen condicionadas por la situación sanitaria, a la que se le suman factores como la negociación abierta con organismos internacionales (FMI y Club de París) y las elecciones de este año.
Estos elementos son insumos básicos para involucrarse y no perderse en el humo de confusiones del dispositivo de derecha cuando habla y pide un plan económico.
