“Existiendo el contrabando y con él el infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la Patria”. Con esta frase de Manuel Belgrano comienza la proclama por recuperar el control y la administración del Río Paraná que difundió este domingo el Grupo 25 de Mayo integrado por referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, académicos, artistas y periodistas.

La fecha y el tono se pueden interpretar como un intento de una parte del oficialismo por sentar posición en el debate sobre qué sistema aplicar para la explotación comercial a cuarenta días del vencimiento de la concesión actual a cargo de los peajes, las tareas de dragado y balizamiento del río desde hace 25 años. Se trata de una solicitud que contiene definiciones concretas en varios puntos que hasta ahora no fueron determinadas (por lo menos públicamente) por los funcionarios de la cartera de Transporte, Santiago Cafiero ni el propio Alberto Fernández al pronunciarse sobre el tema.  

El efecto que pretende causar esta proclama lanzada deliberadamente un 20 de junio, Día de la Bandera; es similar a la de aquel 25 de mayo cuando pidieron una suspensión de pagos al Club de París y al Fondo Monetario Internacional para priorizar la salud de los argentinos antes que el pago de la deuda externa.

Los pedidos

Entre los principales puntos que resaltan para recuperar las potestades que el Estado Nacional ha resignado desde 1992 sobre la soberanía nacional del Río Paraná, hoy explotada por la concesionaria Hidrovía S.A. que la integran la empresa belga Jan de Nul y la Argentina Emepa, el escrito destaca:

* Retomar el control y administración estatal de la red troncal con una asistencia de la Administración General de Puertos (AGP); e intervención del recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.

La AGP es una empresa del Estado creada en 1956 para explotar, administrar y mantener los puertos marítimos y fluviales del país. En el marco de las privatizaciones menemistas, en 1992 se inició el proceso de concesionamiento y desregulación de las actividades de la AGP. Su función quedó reducida a actuar como contralor de los concesionarios privados. De ser escuchado, este punto podría significar devolverle a la empresa su condición inicial.

* Crear un organismo de control y una base federal de información centralizada y optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial.

Este punto toma especial importancia dadas las denuncias de subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y  contrabando, que generan un deterioro en la recaudación fiscal. Un informe de Proyecto Económico y el IADE estima que entre 2011 y 2020 el Estado perdió de recaudar 10 mil millones de dólares por maniobras en la hidrovía.

* Ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, a partir de lo cual el Estado podrá invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.

Esta fue una de las últimas definiciones que dio Alberto Fernández sobre el tema, cuando aseguró que el Estado será responsable de cobrar el peaje.

* Concretar la puesta en marcha del canal Magdalena, indispensable para estructurar el desarrollo de una perspectiva marítima estratégica integrada con el sistema fluvial de la Cuenca del Plata.

* Diseñar una estrategia por etapas, que contemple acciones, por un lado, para el corto plazo, y, por el otro, para el mediano y largo.

Este punto fue mencionado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero: "Se realizará un llamado a licitación corta para el mantenimiento, hasta tanto se defina la licitación larga", declaró en radio hace unas semanas.

Además mencionan revisar la Ley Nacional de Puertos de 1992 y  las Leyes de Promoción de la Industria Naval Argentina y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e Integración Fluvial Regional, sancionadas en 2017, en pos de apuntalar la recuperación y el desarrollo de la industria naval argentina y de una flota mercante nacional.

Por último alertan sobre "negociaciones confidenciales para el acuerdo Mercosur- Unión Europea, que, en el texto provisional, incluye a la "navegación interna", lo cual inhibiría la soberanía y el desarrollo nacional y regional ante las enormes asimetrías de desarrollos y capacidades locales frente a grandes empresas europeas".

"Como en 1812, cuando el general Manuel Belgrano por primera vez izó la bandera nacional a orillas del río, hoy el Paraná sigue siendo ámbito de debate y acción imprescindible para afirmar, con la fuerza y la dignidad histórica del pueblo argentino, la soberanía nacional", termina el comunicado que lleva más de 3.000 firmas, encabezadas por el ex miembro de la Corte Raúl Zaffaroni, el senador nacional Jorge Taiana, la diputada nacional Fernanda Vallejos, el secretario adjunto de Camioneros Pablo Moyano y el titular de la CTA Hugo Yasky y el vicepresidente de la UIA Guillermo Moretti. 

Además incluye adhesiones de dirigentes de peso como Juan Carlos Schmid, secretario general de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), el dirigente social y sindical Pablo Micheli y los dirigentes sociales Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y actual diputado nacional, y Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).