Se infiltraron en movilizaciones docentes o en marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Se hicieron pasar por adherentes a movimientos sociales o anotaron las patentes de los micros que iban a movilizaciones a Plaza de Mayo. Recorrieron comedores o merenderos y relevaron las conmemoraciones del golpe genocida del 24 de marzo. Esas fueron algunas de las tareas que desempeñaron los nueve exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que prestaban funciones en el llamado “Proyecto AMBA”, que fueron procesados por el juez Martín Bava, que subroga el juzgado federal de Dolores.

Gustavo Arribas puso en manos de un hombre de su confianza, el abogado Pablo Pinamonti, una iniciativa ambiciosa que en el submundo de los servicios pasó a la fama como el “Proyecto AMBA”. Desde su génesis y según consta en la resolución 558 de 2017, estuvo destinado a realizar espionaje sobre actividades políticas, lo que está terminantemente prohibido por la Ley de Inteligencia. Pinamonti puso en marcha seis nuevas bases en provincia de Buenos Aires, que estuvieron desplegadas en Ezeiza, Quilmes, La Matanza, San Martín, Haedo-Morón y Pilar. Se sumaron a las tres delegaciones que, desde los ‘70, la SIDE tiene en Buenos Aires: las de Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. A Pinamonti le reportaron 87 agentes durante la aventura del AMBA, que se terminó en diciembre de 2017, cuando ya habían pasado las elecciones en la provincia --que tuvieron como principal protagonista a Cristina Fernández de Kirchner-- y en medio de sospechas de que las bases, en realidad, servían para espiar a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Por estos hechos, Alejo Ramos Padilla procesó a 17 personas antes de dejar Dolores para asumir al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata: Arribas, Silvia Majdalani, Pinamonti, los excomisarios Daniel Salcedo y Antonio Melito --que oficiaban de coordinadores--, tres abogados que eran laderos de Pinamonti y los nueve jefes de las bases de provincia de Buenos Aires. Ahora, Bava descendió en la cadena de mandos y analizó lo hecho por los agentes de calle que eran quienes realizaban directamente las tareas de inteligencia ilegal. El juez procesó a siete agentes que cumplieron funciones en la base de Haedo-Morón a las órdenes de la comisaria retirada de la Bonaerense Alicia Nocquet y a dos que estuvieron en la base Pilar bajo el control de Andrés Maisano. De los nueve procesados, dos son, también, retirados de la Bonaerense, lo que muestra que efectivamente la AFI se nutrió de efectivos policiales que conocían el terreno o que ya habían hecho tareas de inteligencia para la fuerza con anterioridad. Ramos Padilla y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habían comparado el despliegue del “Proyecto AMBA” con la presencia capilar en el territorio que tuvo hasta 1998 la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

“La reunión de información llevada adelante por las delegaciones de inteligencia desplegadas en la provincia de Buenos Aires no se encaminó a investigar los delicados asuntos que les atribuye la ley, sino que se concentraron, casi exclusivamente, en obtener información netamente política sobre la situación social y el nivel de aprobación de la imagen de la gestión política de gobierno”, escribió Bava.

Espías en acción

Bava dejó en claro que sólo llamó a indagatoria y procesó a agentes que pudo comprobar que realizaron tareas de inteligencia ilegal, según surgió, por ejemplo, de los más de 2000 archivos encontrados de la base Haedo-Morón. No convocó a todos los que prestaron funciones en las dos bases. Sigo buscando a una exagente que no pudo localizar para indagarla.

Uno de esos documentos, titulado “Para Reunión”, daba los lineamientos de las acciones que deberían llevar adelante los diez agentes que estaban bajo las órdenes de Nocquet: debían cubrir todos los conflictos y protestas y tomar imágenes, pero también debían anticiparlos y decir quiénes eran sus organizadores.

Estas fueron algunas de las tareas de inteligencia ilegal que el juez relevó:

  • Uno de los procesados estuvo infiltrado en Barrios de Pie, e incluso prestaba un local para hacer reuniones con integrantes del movimiento social. El 9 de septiembre de 2017, se subió al techo para colocar micrófonos y cámaras y se desplomó desde una altura de siete metros. Terminó internado y con la pelvis fracturada. Este hombre comenzó su ingreso a la AFI el 29 de julio de 2016 por recomendación del propio Pinamonti. Sólo había terminado la primaria y no tenía ninguna capacitación en inteligencia. En octubre de 2016, avisó en la AFI que se había mudado, completó un formulario y dijo que prestaba funciones en “AMBA Morón”. Ése es un dato que confirma la teoría del juzgado de Dolores que el despliegue en la provincia comenzó antes de que Arribas firmara la resolución 558 en abril de 2017.

  • Volcaban la información en un chat de Telegram, en el cual avisaban, por ejemplo, que iba a realizarse una actividad en la Plaza San Martín de Morón a 41 años del golpe.

  • Se cubrió, por ejemplo, la marcha por la desaparición de Maldonado que se hizo el 1 de septiembre de 2017 en Baradero. Se identificó particularmente a militantes de derechos humanos, concejales, gremialistas y candidatos.

  • Los distintos integrantes de la delegación Morón se dividieron en los puntos de concentración desde donde partía la Marcha Federal Educativa, que se hizo el 22 de marzo de 2017.

  • Se infiltraron en el Partido Vecinal Siempre Ituzaingó, por ejemplo, para saber cuál iba a ser su estrategia en las elecciones de 2017.

  • Recorrieron comedores comunitarios en el oeste y en la zona de Pilar. “En ciudades pequeñas como la existente en la segunda sección, 20 chicos en 10 merenderos tiene un fuerte impacto local. Es necesario sacar el protagonismo que agrupaciones como La Cámpora y otras tratan de dar a estos lugares”, diagnosticaron.

  • La base de Morón relevó conflictos en Chivilcoy, donde tenía una agente apostada, e incluso en la localidad de Azul.

  • Tomaron fotos de patentes y registraron los dominios de los micros que se movilizaban a Plaza de Mayo.


La punta del iceberg

Bava tiene previsto también ir “hacia abajo” en la delegación Mar del Plata. Allí llamó a indagatoria a su responsable durante el macrismo, Nicolás Iuspa Benítez --ya procesado por Ramos Padilla en el marco del “Proyecto AMBA” y por destruir información de la AFI-- y a otros cinco exagentes que espiaron a los familiares del ARA San Juan. Por esos hechos también indagará a los jerarcas de la AFI macrista.

El espionaje en el conurbano sigue apareciendo en otras causas. En Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti está investigando el espionaje a trabajadores del Hospital Posadas, que denunciaron el año pasado desde la asociación de profesionales CICOP. En 2016, habían detectado la presencia de un auto Volkswagen Voyage de patente NNV 682. Es el mismo que, dos años después, fue filmado cuando sus ocupantes espiaban en el Instituto Patria. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide junto con el juez Juan Pablo Augé probaron que pertenecía al área de Contrainteligencia de la AFI. Capuchetti le preguntó en los últimos días a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, que recibió el expediente de Lomas, por el auto en cuestión.

Daniel Rafecas, por su parte, le consultó también a Martínez de Giorgi si tenía en la causa información sobre seguimientos a personas que reclamaban por la aparición con vida de Maldonado. El juez debe investigar los seguimientos que sufrieron los familiares por parte de las fuerzas de seguridad mientras buscaban saber qué había pasado con Santiago.