En algunas áreas del interior provincial la mortalidad infantil llega a doblar el promedio de la provincia, indicó la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) en un nuevo informe en el que argumenta a favor de la reglamentación de la Ley 7856, de Salud Intercultural. La normativa, promulgada hace 7 años, es considerada una herramienta valiosa para prevenir estos altos índices de mortalidad o mala atención a la población indígena. Pero pese a los recurrentes reclamos, las gestiones provinciales de Juan Manuel Urtubey, primero, y ahora de Gustavo Sáenz, no han dado respuesta alguna.
Del informe se desprende que “la tasa de mortalidad infantil provincial (que mide la mortalidad durante el primer año de vida) es de 10 por cada 1.000 nacidos vivos y se coloca por encima de la tasa nacional (8,8 por cada 1.000), según el Indec”. Sin embargo, en ciertas áreas de la provincia, ACIJ analizó que el indicador es más elevado, como en Coronel Juan Solá o Morillo (pueblo del departamento Rivadavia), que registra una tasa del 26,6; Nazareno (en Santa Victoria Oeste), con el19,2; Santa Victoria Este (también en Rivadavia, pero en el extremo noreste), 18,9, y Metán (en el sur provincial), con una tasa del 18,1, según los últimos datos que publica el Ministerio de Salud Pública de Salta, en 2018.
La organización añadió que la tasa de mortalidad neonatal provincial (número de fallecidos durante los primeros 27 días de vida) es del 7,2 cada 1.000 nacidos vivos, una cifra que también está por encima de la tasa nacional (6 por cada 1.000 nacidos vivos).
EL 70 por ciento, sin obra social
Además ACIJ recordó que en la provincia de Salta residen 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y que viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación. A ello se suma la restricción al acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable.
Según el último censo nacional (2010), en la provincia residían 79.204 personas indígenas o descendientes de pueblos originarios (6 por ciento de la población provincial), de las cuales el 70 por ciento carecía de obra social, prepaga o plan estatal de cobertura de salud.
Actualmente, la cartera sanitaria provincial “calcula que en la provincia habitan 17.156 familias y aproximadamente 102.936 personas de comunidades indígenas”, indicó ACIJ. De acuerdo con datos del Indec, al segundo semestre de 2020, el 41,7 por ciento de la población de Salta (265.982 personas) se encuentra en situación de pobreza y el 10,3 por ciento (66.012 personas), en la indigencia.
Esta situación afecta especialmente a las infancias. En Salta viven 137.012 niños y niñas menores de 5 años. En 2018 se detectaron 1.640 casos de niñas y niños (de 0 a 5 años) con desnutrición, de los cuales el 47 por ciento (768) vivían en la zona sanitaria Norte de la provincia, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de Salta. Del total de casos reportados, 1.462 tenían bajo peso y 178 tenían muy bajo peso.
“Una ley que promueve el abordaje intercultural de la atención de la salud, junto con la aplicación simultánea de medidas de reducción de la pobreza y desarrollo, es una valiosa herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas que integran los pueblos originarios”, sostuvo la entidad civil.
El cóctel del hambre
La ACIJ indicó que, según un reporte de la ONU respecto de nueve muertes de niños y niñas de comunidades indígenas del Chaco salteño conocidas hasta el 29 de enero de 2020, hay tres factores causales de esas muertes: la falta de acceso a agua segura, un ambiente sanitario inadecuado que es propicio para la transmisión de bacterias y virus que generan infecciones; una deficiente ingesta de alimentos y micronutrientes que determinan el estado nutricional y la fragilidad del organismo de niños y niñas; y limitaciones en el acceso a los servicios de salud (ubicación dispersa, falta de transporte oportuno en caso de emergencia, rechazo cultural respecto a los servicios, entre otros).
La organización añadió que la situación descripta el año pasado (cuando se contaron 25 muertes entre niños y niñas entre enero y febrero de 2020 en el norte provincial), en cuanto a acceso al sistema sanitario “no parece haber cambiado significativamente. Entre marzo y abril de este año fallecieron tres bebés en las comunidades de Monte Carmelo, Pozo la Ciega (ambos en Santa Victoria Este), y Tierras Indígenas (en el departamento San Martín), por causas asociadas a la desnutrición y/o deshidratación, y donde se hizo evidente la falta de acompañamiento integral e intercultural a las familias para garantizar un seguimiento adecuado y un tratamiento eficaz”, sostuvo la ACIJ.
Frente a todo este panorama, entendió que la reglamentación de la Ley de Salud Intercultural y el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por Salta es urgente para garantizar los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes de las comunidades. Aseguró que solo a través de la reglamentación, la asignación de un presupuesto específico, la implementación de todos los dispositivos reconocidos y la coordinación interinstitucional de política pública se podrá comenzar a mitigar la grave situación sociosanitaria que atraviesan las comunidades originarias de Salta.
