El gobierno argentino le ordenó a su embajador en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich regresar al país debido a "las preocupantes acciones políticas legales" que lleva adelante el presidente de ese país centroamericano, Daniel Ortega y que para la Casa Rosada "han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, activistas y empresarios nicaragüenses". La decisión y el anuncio se tomó en conjunto con el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador que convocó a su embajador Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez. Desde la cancillería argentina se aclaró que una de las razones para el llamado de los embajadores se produjo una vez que el gobierno nicaragüense no aprobó la solicitud de Capitanich de visitar a los detenidos. La decisión tampoco implica un cambio en la posición de la Argentina y México con respecto a la abstención ante la propuesta de la OEA de condenar al gobierno de Ortega.
En el mundo diplomático el llamado a consulta de un embajador es la expresión de molestia e inquietud de un país (la Argentina y México en este caso) con respecto a las acciones que toma el gobierno de un tercer país (Nicaragüa). De todas formas, en la cancillería argentina sostienen que esta decisión no cambia la posición con respecto a la "no a la injerencia --sea el país que sea-- y no a la violación de los DDHH". De hecho, el comunicado emitido por ambas cancillerías dice que "se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados" con Nicaragua y "seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles y políticas". Incluso destacan la disposición a promover "el diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías y las garantías constitucionales".
En el ministerio que conduce Felipe Solá advirtieron que no hay un plazo preestablecido, con respecto al tiempo que estará Capitanich en la Argentina. "Pueden volver rápido o quedarse meses", dijeron. Por otra parte advirtieron que en caso de ordenar el retorno de los diplomáticos, ambos embajadores lo harán al mismo tiempo. Esto es, el movimiento realizado y los que se vendrán serán consensuados entre los gobiernos de Argentina y México.
El pasado 15 de junio, en el marco de la OEA, los gobiernos mexicano y argentino se abstuvieron en la votación propuesta por este tema y en una declaración conjunta expresaron que su posición se debía al respeto "al principio de no intervención". Al mismo tiempo que manifestaron su preocupación por los acontecimientos ocurridos en Nicaragua con la detención de varios dirigentes políticos de la oposición, incluso algunos precandidatos presidenciales. En ese contexto, ambas representaciones diplomáticas habían sostenido que "no estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia".
Tras la abstención, Fernández le pidió al embajador Capitanich que realice una visita a los presos políticos en Nicaragua y el canciller de dicho país, Denís Moncada, lo rechazó. A partir de ello, Solá conversó con su par mexicano, Marcelo Ebrard, y luego de una charla que habrían tenido Fernández y López Obrador, el presidente argentino llamó al su canciller y el domingo por la noche ambos países consensuaron la decisión del llamado de los diplomáticos y el documento conjunto que se publicó ayer. "Esa una de las razones. Son elementos que se van sumando ya que tampoco cesaron las detenciones de opositores. Por eso pasamos a una segunda etapa, que es el llamado a consulta", marcaron fuentes de Cancillería.
Las diferencias con Almagro
"Siempre trabajamos en la misma línea, solo que como nos abstuvimos en la votación de la OEA, eso se leyó como que no estábamos siendo lo suficientemente fuertes en las críticas, pero en realidad nuestro fundamento para abstenernos fue claro: queríamos que se revisen las detenciones de opositores y que se atienda la situación, pero no estábamos de acuerdo con la injerencia en el sistema electoral nicaragüense", explicaron desde Cancillería para reforzar los fundamentos que ambos países dieron al expedir en su voto.
Lo cierto es que Argentina no votó de forma positiva, en gran medida, porque el gobierno de Fernández no confía en el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien no consideran imparcial sobre todo luego del rol que cumplió ante el golpe de Estado en Bolivia y que terminó con el mandato del entonces presidente Evo Morales. Antes de la votación Solá conversó con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, para que, en lugar de la OEA, colabore ante la situación la CIDH, pero eso no fue posible. Ante la negativa, Argentina decidió la abstención, al igual que Honduras, Belize y Dominica. A favor se pronunciaron 26 países y en contra Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Bolivia.