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El legislador correísta Fausto Jarrín denunció al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, por el envío presuntamente irregular de "gases lacrimógenos y proyectiles de distintos tipos a la fuerza pública boliviana a cambio de nada". Ese armamento se entregó en noviembre de 2019, mientras el gobierno de facto de Jeanine Áñez reprimía a miles de bolivianos que rechazaban el golpe contra Evo Morales. Según Jarrín, la "disposición arbitraria de recursos públicos" debe llevar a Moreno y a otros exfuncionarios de su gobierno a ser juzgados por el delito de peculado. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía ecuatoriana y el deseo de Jarrín, asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), es que la causa se coordine con las acciones judiciales que ya se generaron en Bolivia y Estados Unidos.
Apoyo a la brutal represión
Por documentos oficiales a los que accedió el gobierno de Luis Arce se supo que Ecuador le entregó material represivo al régimen de Áñez en el momento más álgido de las protestas en Bolivia. Para Jarrín, abogado defensor del expresidente Rafael Correa en varias causas, hay dos elementos que deben ser destacados. "El primero es la entrega irregular de dicho material, en virtud de que al momento se desconoce en qué calidad se entregó, configurándose en una disposición arbitraria de recursos públicos. El segundo es que con esa entrega irregular se apoyó a la represión brutal que la dictadora Áñez perpetró contra el pueblo boliviano, convirtiéndose en una interferencia clara en asuntos internos del país vecino", destacó el legislador en diálogo con Página/12.
El préstamo de gases y municiones provenientes de Ecuador fue solicitado por el régimen de Áñez a solo dos días de haber iniciado su gestión interina. Cuando la exsenadora asumió la presidencia sin quórum en el Congreso el 12 de noviembre de 2019, la policía boliviana sufría un desabastecimiento de gases lacrimógenos.
La necesidad de armarse para enfrentar a los manifestantes que repudiaban la destitución de Evo Morales llevó a que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, comprara "suministros policiales no letales" que fueron recogidos en Ecuador por un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana. Según el gobierno boliviano, el cargamento llegó al país "con bajo perfil" el 16 de noviembre de 2019, al día siguiente de la masacre de Sacaba y tres días antes de la masacre de Senkata, que dejaron un saldo de 21 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos producto de la represión de la policía y el ejército.
Semanas atrás se difundió en Bolivia una carta fechada en mayo de 2020 del excomandante de la policía de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero, al entonces agregado de Defensa de la Embajada boliviana en Ecuador, José Frías. En ella, el policía le pedía al diplomático la devolución de "5.000 granadas de mano GL-302; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores" que su institución había prestado a Bolivia. El costo de esas municiones sería de aproximadamente nueve millones de pesos bolivianos (1,3 millones de dólares).
Jarrín sostuvo que se enteró del préstamo "justo después de que Arturo Murillo fuera involucrado en una trama de corrupción internacional relacionada a la compra de material policial". El exministro de Gobierno boliviano fue detenido en Estados Unidos en mayo, acusado de corrupción y lavado de dinero, en una investigación sobre el pago de 5,6 millones de dólares para la compra de gases lacrimógenos en 2019. Sin embargo, Murillo ya habría sido liberado luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.
Según el legislador ecuatoriano, por el préstamo a Bolivia podrían estar involucrados el expresidente Lenín Moreno, su ministra de Gobierno en ese entonces, María Paula Romo, y altos mandos de las fuerzas armadas y la policía ecuatoriana. "Nosotros hemos pedido que se solicite la asistencia penal internacional a Bolivia y Estados Unidos, donde ya existen investigaciones avanzadas. Esperamos que las autoridades ecuatorianas colaboren con las investigaciones que se llevan a cabo en esos países", planteó Jarrín.
Hasta el momento, ningún ministerio ni organismo gubernamental ecuatoriano se pronunciaron sobre el caso. Jarrín teme en ese sentido que las "autoridades cómplices que cuidaron a Moreno mientras estuvo en la presidencia" entorpezcan la investigación que debería emprender la Fiscalía. "No confiamos en nuestra justicia, pero es momento de que la misma deje de ser selectiva y actúe en derecho y en mérito de los elementos de convicción que puedan obtenerse", relató el abogado a este diario.
Semana atrás el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, dijo que sospechaba que el envío ecuatoriano incluyera armamento de uso militar. "Hemos visto que el gobierno ecuatoriano ha prestado gases lacrimógenos al gobierno de la señora Áñez. Sin embargo, tenemos información extraoficial de que también habría proporcionado municiones de alto calibre", remarcó del Castillo ante periodistas locales.
La exministra ecuatoriana María Paula Romo confirmó el préstamo de "material antimotines" a la policía de Bolivia, pero negó que se haya tratado de armamento de guerra. Romo agregó al diario ecuatoriano Expreso que "es habitual la cooperación entre policías". En la misma línea se expresó la comandante general de la policía ecuatoriana, Tannya Varela. Entrevistada por la cadena Teleamazonas, Varela señaló: "Nosotros no utilizamos armamento letal, utilizamos gases lacrimógenos y otros que se usan para el control de las alteraciones del orden público".
Pero el asambleísta Jarrín afirma que eso no implica que el material prestado sea inofensivo. "En Ecuador y Bolivia con ese material se asfixió a personas y se mutiló a otras. En Ecuador hay al menos una docena de personas que perdieron uno de sus ojos por impactos con 'armas no letales' e incluso son capaces de causar la muerte por impactos", aseguró el dirigente de UNES, al tiempo que recordó que precisamente por la "brutalidad" en el uso del armamento antidisturbios la Asamblea de Ecuador destituyó a la exministra Romo en noviembre de 2020.
Como el Plan Cóndor
Jarrín no duda en comparar esta "colaboración" entre Ecuador y Bolivia con el Plan Cóndor aplicado décadas atrás por las dictaduras de la región para coordinar la represión y el terrorismo de Estado. "La cooperación internacional con la finalidad de apoyar golpes de Estado como el que se dio en Bolivia es un llamado de atención. Lamentablemente el perjudicado es el estado de derecho y la sociedad civil que ha visto como este tipo de interferencias extranjeras menoscaban la voluntad del pueblo en las urnas. Eso sucedió en los '70 y creo que es la mayor semejanza que tenemos respecto a los hechos actuales", advirtió el abogado.
