El pedido de desafuero del senador Sergio Ramos, que ya lleva más de un mes dando vueltas, recién ingresó la semana pasada en la Cámara Alta provincial y, debido al feriado por el Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, tomaría estado parlamentario recién para la sesión de este jueves.

Autoridades del Senado confirmaron que la nota en papel que presentó el juez de Garantías Ignacio Colombo, en el marco de una causa que se le sigue al legislador por peculado, cuando era intendente en 2013, ya se encuentra en la Mesa de Entradas de ese cuerpo. Sin embargo, no pudieron confirmar si será tratado con urgencia en la próxima sesión o se demorará unos días más, debido a que antes tiene que pasar por la comisión de Legislación General y esperar su dictamen.

El pasado 4 de junio, el juez Colombo remitió una notificación digital elevada por la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, para que se proceda a la identificación de Ramos mediante la extracción de fichas dactilares, lo que pide se ejecute en forma compulsiva, previo desafuero del legislador “y teniendo en cuenta el cargo electivo que detenta el imputado”.

Sin embargo, ese pedido electrónico no fue tenido en cuenta por la Cámara Alta, debido a que los temas de la labor parlamentaria son informados solo mediante el formato de papel. Atento a ese dato, la defensa del senador por Rosario de Lerma apeló la medida y logró dilatar los plazos. Quizá por eso el presidente del Senado, Antonio Marocco, se cansó de repetir en los medios provinciales que esa notificación aún no había ingresado.

El integrante de la Comisión de Legislación, Jorge Soto, también aseveró que no contaban con ese documento, aunque subrayó que ese cuerpo “siempre va a actuar ajustado a derecho”, y recordó que el 10 de junio, en la décima sesión, se autorizó un pedido de la justicia para que se realice un allanamiento en propiedades del senador Héctor D’Auría. Al representante por Metán se lo acusa de haber amenazado con un arma de fuego a personas que se encontraban peleando y generando disturbios en las inmediaciones de su Estación de Servicios.

Ramos fue citado por primera vez en julio del año pasado a una audiencia personal para notificarlo del requerimiento de remisión de la causa a juicio y se le extraigan fichas dactilares. Al no concurrir se lo volvió a citar al menos tres veces más durante el año pasado. Ya en 2021 se le reiteró la citación el 31 de marzo, el 29 de abril y el 12 de mayo, en todas las oportunidades los representantes del senador informaron que no podía concurrir por compromisos ineludibles relativos a su función pública.

Ante esa inasistencia, la fiscala pidió que la identificación dactilar se haga de forma compulsiva, algo que el juez consideró una medida “coercitiva” que, además, “se deberá canalizar a través de la conducción del encausado por parte de la fuerza pública, medida que violenta la inmunidad de arresto que ostenta el encausado por su condición de Senador Provincial”. 

Ahora la Cámara de Senadores deberá analizar el pedido del juez y decidir si lo eleva al recinto esta semana o dilata la decisión. De considerarlo, se necesitan los dos tercios de los votos. Ramos es senador desde 2017 y actualmente es candidato a renovar dicho escaño por el frente saencista Gana Salta.

La causa

La causa que se le sigue a Ramos data de 2013, cuando era intendente de Rosario de Lerma, y se lo acusa de peculado por el desvío de poco más de $340.000 que la provincia había enviado para la construcción de dos viviendas. Esos fondos fueron girados en el marco de un Proyecto de Empresa Social destinada a la construcción de casas prefabricadas. Los $341.715 fueron liquidados a la Municipalidad de Rosario de Lerma a través de la cuenta corriente bancaria que ese municipio tiene en el Banco Macro.

Pero la Unidad de Delitos Económicos Complejos verificó que la obra nunca se hizo, ya que en el lugar donde debía concretarse informaron que no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra y tampoco pudo comprobarse que se haya realizado en otro sitio. Una auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto, estableció que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelines por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715.

Méndez se defiende con chicanas

En tanto, en la localidad fronteriza con Bolivia de Salvador Mazza, el Concejo Deliberante local continúa con el proceso de juicio político a su intendente, Rubén Méndez, por desobedecer la Carta Orgánica municipal y desoír los pedidos de ese cuerpo.

La elevación a juicio fue aprobada por mayoría el 13 de mayo, y allí se conformó una comisión presidida por el edil Fabián Renfinges, que tiene un plazo de cuatro meses para elevar una resolución. El autor de la denuncia, el concejal Cristian Crauzas, dijo a Salta/12 que hasta aquí la defensa de Méndez “solo contestó chicanas jurídicas para dilatar y ganar tiempos”. “Están contestando que los procedimientos están mal hechos, como que están mal foliados los documentos, que está ilegible, y algunas cuestiones así”, añadió. Pero aseguró que no respondieron nada sustancial a las denuncias.

El jefe comunal se excusó de asistir a declarar ante los concejales el martes pasado, por lo que fue citado nuevamente para hoy, cuando deberá responder a los requerimientos del cuerpo.

La concejala Marisa Valdivieso contó que dentro de las contestaciones, Méndez solicitó que se nombre como testigos al coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Provincia, Pablo Outes, y al ministro de economía, Roberto Dib Ashur.

La denuncia que terminó con el pedido de juicio político al intendente está sustentada en “la falta de presentación de balances de fin de año", así como de la rendición cuentas del erario público al Concejo y a la Auditoría de la provincia. "Tampoco se digna a presentar los proyectos de presupuesto anual para ser evaluados y aprobados por este cuerpo, no respeta el sistema democrático argentino”, detalló Crauzas. 

Entre las denuncias que pesan contra Méndez se encuentra la que lleva el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, que lo imputó por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, a instancias de la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de ese momento, Bladimir Villalba.

Allí se sostiene que Méndez “es un vetador serial”, ya que a pesar de que el municipio cuenta con su Carta Orgánica desde 2018, ratificada por la Legislatura y promulgada por la Ley 8.111, que fija las pautas obligatorias para el Ejecutivo, el intendente jamás la puso en funcionamiento, así como tampoco a ninguna de las áreas establecidas por esa normativa, a pesar de los reiterados pedidos del Cuerpo deliberativo.

Méndez tiene además una investigación en curso en la Justicia Federal, a cargo del juez de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, en una causa por evasión fiscal por sus negocios particulares. Y se suma una denuncia por violencia de género de su ex pareja y un par de intentos de remoción por parte de los concejales, que hicieron saber que esta semana irán por su destitución nuevamente.

En 2017 el mismo intendente ya había sufrido un juicio político en su contra que llegó hasta la Corte de Justicia de Salta, y allí durmió hasta caducar en 2019.