En el último informe que presentó la Jefatura de Gabinete ante el Senado de la Nación, se precisó que hasta el 28 de febrero de este año en la provincia de Salta se llevaron adelante 383 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE). El reconocimiento de este nuevo derecho lleva a que también se pida por la garantía de los otros dos lemas que reivindica la Campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito: educación sexual integral (ESI) y anticonceptivos. 

La referente regional de la Campaña en Salta, Mónica Rodríguez, aseguró que es preciso entender el espíritu de la ley, que es la conquista del derecho a decidir. "Hemos conquistado un nuevo derecho, donde sabemos que el aborto no es obligatorio, sino que es una opción", explicó. Por eso, señaló que es vital el compromiso por parte del Poder Ejecutivo Provincial y de la Justicia para garantizar su implementación.

Rodríguez contó que en general en los centros de salud se cumple con la ley. Y recordó que el único caso contra la ley fue cuando el juez Tomás Méndez Curutchet dictó una medida cautelar que impedía a una mujer acceder al derecho a la IVE. Sin embargo, la medida quedó en la nada cuando el supuesto padre, que había pedido la cautelar, desistió del proceso en contra de la mujer. 

De acuerdo al informe que presentó el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, de las 383 IVE que se practicaron en Salta hasta el 28 de febrero de este año en el sector público, 88 se hicieron entre el 24 y el  31 de enero. Mientras que desde el 1 al 28 de febrero,se realizaron 295 interrupciones. Con estos números, la provincia se posiciona segunda a nivel país en cuanto al pedido de IVE. La primera es Buenos Aires, con 1070 prácticas, y la tercera Mendoza, con 267.

La referente regional de la Campaña dijo que desde el trabajo que vienen realizando a través de las consejerías comunitarias, se pudo constatar que la demanda por indagar y/o acceder a la IVE creció hasta tres veces más. Relató que antes de la sanción de la Ley Nº 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aquel 30 de diciembre de 2020, realizaban entre 3 o 4 acompañamientos semanales. 

Asimismo, destacó que una de las consultas claves que recibieron estos últimos meses, vino de parte de los profesionales de las localidades fuera de la Capital, quienes pedían asesoramiento para saber cómo era el proceso burocrático para dar cumplimiento a este derecho.

Por eso, señaló la importancia de la línea 0800 222 3444, de Salud Sexual, que para el Ministerio de Salud de la Nación es una estrategia clave para el acceso a la práctica de la IVE, teniendo en cuenta que es confidencial, gratuita y que contiene, informa y orienta en el marco de derechos sexuales y reproductivos desde 2010 a toda la población. 

Desde allí se hacen las derivaciones a las provincias, y una vez solicitado el pedido, se tiene un plazo máximo de 10 días corridos para cumplir con el requerimiento. 

Desde la sanción de la ley, Rodríguez dijo que existe mucho más información al respecto, y reconoció que un gran porcentaje se debe a las redes sociales. "Se sabe cómo son los procedimientos", que en este caso, son ambulatorios, señaló. Sin embargo, afirmó que aún existe un mecanismo distinto que se aplica en el sector privado, que somete a las personas que piden por una IVE a procedimientos distintos a los señalados en la ley. 

La referenta regional supo que en algunos casos se aplican inyecciones, o se dan distintas cantidades de la medicación requerida, sin respetar el protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que se incorporó al programa nacional de garantía de calidad de la atención médica.

No obstante, Rodríguez aclaró que por más que exista este derecho gratuito y legal, se trata de un hecho privado que no es fácil de denunciar cuando las personas son sometidas a abusos de poder por parte de los profesionales. "Es una violencia que se da en un marco particular, donde el poder del médico es un agravante mayor", dijo.

Por eso, subrayó que uno de los mayores desafíos es responder a las demandas en el sector público que surgen del interior de la provincia. "Más allá de que se abrieron puntos que hablan de la salud sexual y reproductiva, aún falta un montón porque es un trabajo minucioso", explicó. Es por ello que apuntó al gobierno de la provincia, dijo que la aplicación de este derecho al parecer "no le interesa", y que sucede lo mismo con la ESI y los métodos anticonceptivos.

Rodríguez sostuvo que "no hay una decisión política de cada intedentende de darlo a conocer" a este derecho, ya que son los profesionales quienes piden por su cumplimiento. Tradujo esta falta de interés en la difusión que hacen del derecho a la IVE en el contexto de pandemia. Aseguró que se debe invertir en la salud sexual, y una de las formas es a través de los medios de comunicación, debido a que las personas circulan menos por los dispositivos de salud.

Pero también señaló que se dieron momentos en que no se dejaba colocar cartelería sobre la interrupción legal del embarazo (ILE). En el caso de la IVE, Rodríguez dijo que "no hay folletería en los centros de salud", lo que pudo ver en un recorrido que realizó ella misma en los distintos espacios de la capital de Salta.

Afirmó que no está a la vista la folletería que manda el Ministerio de Salud de la Nación. "Parece que en el camino a los centros de salud, se pierden", ironizó. Contó que la Campaña ha solicitado y recibido material de difusión por parte del programa nacional, que es repartido muchas veces en las marchas que se realizan en Salta. "Tienen los recursos y el deber de cumplir" con la difusión y la garantía del derecho, precisó. 

Anticonceptivos para no abortar

La referenta regional señaló que en la provincia faltan anticonceptivos, tanto en cantidad como en calidad. Indicó que esta falencia se vio mucho más cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, que no sólo eliminó el Ministerio de Salud, sino que redujo los recursos económicos a los distintos programas, en este caso al de Salud Sexual y Reproductiva. 

"En momentos en que había inestabilidad económica, aún había preservativos" en el país, resaltó la referente regional, quien pidió la puesta en marcha de manera efectiva del programa. En la actualidad, quienes piden anticonceptivos se topan con respuestas del tipo "no hay métodos porque el aborto es legal". "Pensé que era broma, pero lo escuché de varias personas que dicen que no llegan o mandan a comprar", sostuvo Rodríguez.

La situación varía de acuerdo a los distintos métodos anticonceptivos, como, por ejemplo, el dispositivo intrauterino de cobre, el DIU, que se enfrenta al contexto de pandemia. El proceso para poder adquirirlo pasa por conseguir un turno abierto en los centros de salud porque su colocación se realiza en el momento en que la persona está menstruando. "El problema es que nadie puede ir al centro de salud sin turno", precisó Rodríguez. 

En cambio, con la implementación de los implantes subdérmicos, dirigidos a adolescentes y sin necesidad de un evento obstétrico previo, aún persisten los prejuicios por parte de los efectores de la salud. "Se los niegan" aún sabiendo que "son las personas que más solicitan los métodos anticonceptivos, pero son las peores tratadas porque existe un juzgamiento a su vida sexual", señaló.