La investigación, que realizó la Red de Derechos Humanos del Conicet junto a más de 30 organizaciones sociales, de migrantes, y de derechos humanos entre octubre y noviembre de 2020, es la primera que se lleva a cabo a nivel nacional. Se hizo de manera virtual debido a las restricciones por la pandemia y estuvo disponible online durante 45 días, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre del año pasado.

La Encuesta Nacional Migrante (ENMA), que recolectó 3.114 respuestas de personas migrantes en todo el país, de las que 69 pertenecen a Salta, buscaba, según sus definiciones “contribuir al desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos”, y para ello evaluó temas puntuales como el acceso efectivo a derechos de la población migrante y las barreras que se interponen en su consecución. Y como no podía ser de otra manera, en esta primera edición se analizó el impacto de la pandemia de la covid.

Soraya Ataide, miembra del Conicet, integrante de la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y que participó activamente en la encuesta, dijo a Salta/12 que si bien se está trabajando en el desagregado por región, los números sobresalientes de Salta coinciden con los nacionales.

Destacó que la metodología para armar y realizar las entrevistas “fue armada desde las organizaciones y sus propios referentes, no solo qué preguntar, sino el cómo, desde qué lugares quisieran ser interpelados y qué información querían que se visibilice”. Y agregó que utilizaron herramientas de acuerdo al momento de las medidas restrictivas “a veces pudimos (hacerla) cara a cara; otras, por teléfono, para poder tomar la mayor cantidad de testimonios”.

Sobre el acceso a la salud y los casos de covid entre los y las migrantes, casi la mitad de los encuestados a nivel nacional (46%) indicó que basan su atención principalmente en el acceso al sistema público de salud. Ese porcentaje aumenta entre quienes llegaron hace menos de 5 años y los jóvenes de entre 18 y 34 años, al 69%, “lo que evidenciaría un vínculo directo con los procesos de precarización e irregularidad laboral o documentaria”, explica el documento del Conicet.

El 33% de las personas encuestadas experimentó problemas en la atención sanitaria al menos una vez. Y el 8% dijo que nunca necesitó del sistema de salud. Los datos de la ENMA confirman que la población migrante no presenta una situación de salud desmejorada respecto de la población no migrante, tirando por tierra algunos supuestos que sostienen que “vienen a usar los hospitales”.

La docente de la UNSa enfatizó que son las mujeres las que mayor irregularidad laboral presentan y por lo tanto, las que utilizan más el sistema público. El NOA tiene una presencia predominante en el sistema de salud público, lo que deja en claro que se relaciona con la situación laboral y de pobreza. En la región, en la que Salta se destaca, el 23% de les migrantes manifestó dificultades en la atención tanto para la obtención de turnos, como situaciones derivadas de malos tratos o discriminación (un 10%).

A nivel nacional, el estudio reflejó que el 5% confirmó haber tenido covid-19, mientras otro 5% contó haber experimentado síntomas sin realizarse el test. Sobre estos últimos, Ataide consideró que ese dato es un indicativo también de las dificultades para acceder a la salud. Donde más incidencia tuvo esa enfermedad fue en las colectividades paraguaya, peruana y boliviana. Hay que aclarar que los datos obtenidos solo reflejan la primera ola.

Trabajo

El dato que pone de manifiesto la precariedad laboral en la que se manejan las personas migrantes en el país, es que, según los encuestados, durante la pandemia el 53% perdió parcial (17%) o totalmente (36%) sus ingresos ante la llegada de la covid-19. Solo un tercio afirmó que no vio interrumpido su trabajo y mantuvo sus ingresos, y un 9% dijo que logró mantener sus ingresos aun cuando su trabajo se vio interrumpido.

El estudio arroja que el 51% de la actividad laboral realizada por migrantes no pareciera estar registrada. Y quienes más sufren la informalidad laboral son quienes no cuentan con una situación documental favorable. El 76% de las personas sin DNI no trabaja de manera registrada.

Un 37% señaló que su situación laboral es inestable, y que dependen de changas o trabajo informal esporádico; o de trabajo estacional, no remunerado, o es desempleada (11%). Del restante, el 22% trabaja de forma independiente y el otro 37%, en relación de dependencia. Entre los desempleados, las mujeres representan el 9%, y los varones solo el 4%.

Quienes realizaron esta investigación subrayan que solo el 18% de la población migrante encuestada accedió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Lo que agrava la delicada situación de quienes perdieron su posibilidad de trabajar debido a las restricciones impuestas para evitar la circulación del virus. A un 23% le denegaron el subsidio, otro 20% manifestó que no cumplía con los requisitos reglamentarios y el 13% directamente no pudo registrarse. Además, el 67% adujo que no recibe ningún tipo de ayuda social por parte del Estado.

Más de la mitad manifestó haber atravesado algún tipo de dificultad en el acceso a la vivienda, siendo la principal limitación el costo de los alquileres (31%), seguida por las dificultades para cumplir con los requisitos para alquilar (23%), como garantías o recibos de sueldo. A su vez, el 51% dijo que no cuenta con acceso a servicios básicos como agua potable (13,8%), red cloacal (40%) y gas (38,5%).

Discriminación

Por último, un dato que demuestra el alto prejuicio que aún hoy existe en la población local ante quienes llegan de otros países no europeos es que el 65% de los consultados experimentó al menos una vez una situación de discriminación en Argentina a causa de su condición de migrante o su aspecto físico. Subiendo al 71% en el caso de las mujeres.

El 38% de las migrantes jóvenes, de 18 a 34 años, indicó haber sido víctima de violencia de género. La discriminación es mayor en colectivos de ascendencia asiática (86%), africana (83%) u originaria amerindia (76%), que entre quienes no se reconocen en ninguna de las anteriores categorías (66%).

Teniendo en cuenta los espacios donde se experimentaron las situaciones de discriminación, se relevaron “en la calle” (37%), “en los medios de comunicación” (29%), “en el trabajo” (29%), “cuando realizo trámites en alguna oficina del Estado” (26%) y “en grupos sociales” (24%).

Un dato alentador es que 9 de cada 10 migrantes residentes se hallan en una situación documentaria favorable. Y el 76% ya cuenta con una residencia permanente. Aunque destacaron que durante el primer año de arribo, solo un 12% de les migrantes logró obtener el DNI. Y lo atribuyeron a la dificultad para la obtención de turnos (23%), las barreras tecnológico-administrativas (20%), las dificultades económicas (10%) o la imposibilidad de cumplir con los requisitos burocrático-administrativos (9%). “Para eso tenés que tener un dispositivo, manejar el idioma y saber generar los datos y llenarlos”, contó la docente y becaria posdoctoral del Conicet.

El 8,5% de las personas encuestadas informó haber solicitado algún tipo de protección internacional, incluyendo a beneficiarias de visados humanitarios, bajo la condición de refugiadas, peticionantes de asilo a la espera de una resolución, o cuya solicitud fue rechazada. Ese grupo lo encabezan los provenientes de Senegal.

Ataide consideró que el factor tiempo y el regional inciden. Cuanto más tiempo tiene la persona en el país más accede a su DNI. Mientras que aquellos que vienen del Mercosur reciben antes los papeles. Entre los más perjudicados se encuentran los haitianos y senegaleses, que son también los que mayor índice de trabajo informal registran, seguidos por sectores vinculados al trabajo de cuidados, rurales o de la construcción.

La investigadora señaló que esos colectivos son los que predominan en Salta, como el boliviano que tiene un alto índice de informalidad porque “los nichos en los que se incluyen laboralmente son históricamente con esas características”. “E incluso muchos de ellos están vinculados a las prestaciones denominadas esenciales como las tareas de cuidados y la enfermería”, agregó.

El 70% de los encuestados ya tenía una residencia de más de 10 años en el país, y solo un 9% tiene menos de 2 años de llegados. Del total, el 43% de las personas migrantes encuestadas aspira a quedarse en Argentina. Y entre los motivos que originaron la migración, el 55% indicó los económicos por razones laborales y por no poder cubrir sus necesidades básicas en el país de origen.

El 22% contestó que fue por estudios, ascendiendo a más de la mitad en la franja de 18-34 años. Seguido por la búsqueda de nuevas experiencias (16%), los motivos familiares (14%) y el desplazamiento a causa de violencia, persecución o discriminación (12%).

En tanto, otro de los datos que arrojó el estudio es que se sostiene la tendencia de un predominio femenino de migrantes en Argentina, con el 53%, contra el 45% de varones.  Más del 71% completó el secundario y más del 20% tiene título universitario. Mientras que el 72,9% de los hombres y el 77,7% de mujeres manifiestan haber tenido hijes. Las mujeres que no conviven en pareja tienen más frecuentemente hijes que los varones (67,4% de mujeres, 41,1% hombres).

Un 25% de personas tiene ascendencia originaria-amerindia, el 5% es afrodescendiente y el 1%, asiática. Un 82% maneja el idioma castellano de manera buena o excelente.

La ENMA recibió el apoyo de organismos internacionales como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y la ACNUR (Agencia de Naciones unidas para los Refugiados), y estatales como el INADI y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Para acceder al Anuario estadístico puede hacer click aquí https://drive.google.com/file/d/14Mz_2ZF4nd1jxuk1tQdJ0t9F6mZnHslB/view