Diez años después de haber sido relocalizadas como parte del plan de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, 29 familias continúan sin acceso al gas natural en las viviendas a las que fueron destinadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según denunció el asesor tutelar Gustavo Moreno. En junio de 2011, tres años después del histórico fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo y relocalizar las viviendas de "alto riesgo ambiental", el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) trasladó a las familias desde el asentamiento Luján, cercano al Puente Bosch, hacia un edificio ubicado en Villa Soldati que no contaba con conexión a gas. 

"Desde la fecha en que fueron relocalizadas las familias del asentamiento Luján hasta el día de la fecha, las niñas, niños y adolescentes, y sus adultos responsables, carecen de provisión de gas natural en viviendas nuevas, con el consecuente perjuicio cotidiano con relación a la debida cocción de alimentos, la calefacción y la higiene personal", señaló en el oficio por Moreno, asesor tutelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ante el Cuerpo Colegiado creado por la Corte para monitorear la ejecución de la sentencia dictada en 2008 en el marco de la causa "Mendoza".

El Cuerpo Colegiado está conformado por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación de Vecinos "La Boca", el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Greenpeace Argentina, organizaciones que, según dijo Moreno a Página/12, "son las que pueden hacer presentaciones dentro del expediente judicial que lleva las relocalizaciones".

"Venimos haciendo un acompañamiento territorial a las familias. El caso del asentamiento Luján fue uno de los primeros y ya cuando las trasladaron no estaba terminada la obra. La relocalización está a cargo del IVC con el aval de ACUMAR. En ese momento avalaron que este grupo de personas fueran relocalizadas sin gas natural, después se hicieron una serie de licitaciones para terminar la obra pero se cayeron, y al día de hoy los vecinos usan garrafas para poder calentarse", explicó el asesor tutelar. 

Mudarse a un edificio con obras sin terminar

Las 29 familias trasladadas del asentamiento Luján fueron de las primeras en ser relocalizadas dentro de la Ciudad después de que, en 2010, se firmara el convenio marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo. Entonces, las familias obtuvieron la "tenencia precaria" de 29 de las 180 unidades que conforman el edificio ubicado en el cruce de Avenida Lacarra y Fernández de la Cruz, construido por la Corporación Buenos Aires Sur. 

Según el camino que reconstruye la Asesoría Tutelar en su escrito, recién dos años después de la relocalización se llamó a licitación para la construcción de la obra para la conexión de gas. La obra fue adjudicada a la empresa Kopar S.A., firma que, como en su momento publicó este diario, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad fue beneficiada por el IVC con numerosas licitaciones de obras que nunca terminó. 

El caso de la obra de Lacarra y Fernández de la Cruz no corrió mejor suerte, según recabó la Asesoría Tutelar, ya que, en 2018, el entonces apoderado de la Corporación, Federico Fahey Duarte, informó que la obra no había finalizado y que "el Directorio de esa Corporación había aprobado la rescisión contractual de la licitación". "No aportó siquiera posibilidad de solución alguna", agrega el escrito. 

El pasado 14 de abril, la Corporación presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que lleva adelante el trámite judicial de las relocalizaciones, en el que informó que "no tiene prevista la ejecución de un plan de conexión de gas" en el edificio. Ante esto, el Juzgado ordenó a ACUMAR que presente un informe sobre la problemática y que "aporte a su respecto las medidas de contingencia que se dispondrán a efectos de proveer del servicio de gas natural". 


Casi 2000 familias siguen esperando

Desde la firma del convenio marco en 2010, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el Estado nacional y otros 14 municipios bonaerenses, jurisdicciones a cargo de diversas tierras a lo largo de toda la vera de la cuenca, tienen la responsabilidad de generar soluciones para las 17.771 familias que entonces vivían en esas zonas de "alto riesgo ambiental". 

De ese total, según un censo realizado por el IVC en 2011, 1837 familias estaban radicadas en la Ciudad, en el camino de sirga que va desde el Puente Pueyrredón hasta el Puente Ezequiel Demonty -- ex Puente Alsina --, en los barrios 21 - 24, 26, El Pueblito, Magaldi y Luján. "Ese proceso no está terminado, hay que trasladar a la 21–24. Pero, además, desde entonces la población fue creciendo. Los chicos que en 2011 relevamos tenían 8 años y hoy tienen 18, algunos ya tienen familia y aun no han sido relocalizados", señaló Moreno.