Human Rights Watch (HRW) presentó este martes un informe que detalla "hostigamientos", "arrestos" y "procesos penales arbitrarios" contra voces críticas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El documento incluye recomendaciones concretas al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que escale la respuesta de la ONU ante la situación que atraviesa el país centroamericano. "Nicaragua está ante una hora crítica que no tiene un ejemplo similar en los últimos 30 años en América latina", aseguró en la presentación del informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el informe, HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo". Los arrestos de opositores en Nicaragua continuaron el martes con la detención de la ex primera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza. Con ambos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia. A todos se les aplica una ley aprobada por el Congreso que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno de Ortega, cometan actos que "menoscaban la independencia y la soberanía" e incitan "a la injerencia extranjera".

Entre enero y junio de 2021, HRW entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo a activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido "víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias". La organización revisó fotos y videos tomados durante las detenciones y vigilancias policiales, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

"Las prácticas y políticas represivas encabezadas por el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo (su pareja y vicepresidenta) no son felizmente habituales en la región", aseguró Vivanco, quien comparó la situación actual en Nicaragua con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000). "No recuerdo en todo este tiempo una represión así, donde vayan casa por casa y simultáneamente se arreste a los principales líderes que pueden disputarle el poder a Ortega sin el debido proceso y violando las normas básicas del estado de derecho, manteniendo a todos separados de sus familias", remarcó.

Como ejemplo de esa lógica Vivanco citó el caso de Cristiana Chamorro, periodista y precandidata presidencial: "Está secuestrada en su hogar y limitada a su dormitorio. Unos delincuentes armados están en control del resto de su casa. Ha podido apenas por un par de minutos hablar con su abogada, pero no le permiten el acceso regular a la defensa". Chamorro fue procesada y está siendo investigada por presunto lavado de activos mediante una fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Para el director regional de HRW, "los cargos en su contra son evidentemente fabricados y lo único que se persigue es sacarla de la contienda electoral".

A través de un comunicado publicado el 14 de junio, el gobierno de Nicaragua advirtió que asumirá "como un ataque frontal" a su soberanía cualquier intento "de socavar una investigación" contra los líderes opositores detenidos bajo la Ley 1055. Ante la consulta de Página/12 respecto a si HRW pudo contactarse con autoridades gubernamentales, la subdirectora para las Américas de la organización, Tamara Taraciuk Broner, aseguró: "Hicimos solicitudes formales al gobierno de Nicaragua pidiendo información detallada sobre todas nuestras conclusiones y la postura oficial, y hasta el momento no nos han respondido".

Durante la presentación del informe, Vivanco fue particularmente crítico con la abstención de Argentina y México durante la votación en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para repudiar la situación en Nicaragua. "Es un grave retroceso para Argentina que convoque como pretexto para no emitir un voto el principio de no intervención del país", aseguró el abogado chileno. En cambio, Vivanco valoró la nueva declaración del gobierno argentino. "Me parece muy acertada, pidiendo además la venida de su embajador en Nicaragua. Es fundamental que Argentina retome su apoyo y adhesión con las obligaciones jurídicas internacionales de universalidad de los derechos humanos. Prefiero a un gobierno que rectifica y lo hace a tiempo, a uno que se mantiene tozudamente en sus posiciones cerradas", remarcó.

Sobre la base de su llamado a la acción por los derechos humanos, HRW considera que el secretario general António Guterres debería invocar el Artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, tratándose de una crisis que involucra "graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región". Louis Charbonneau, director para las Naciones Unidas de HRW, recordó que en septiembre de 2017 Guterres impulsó al Consejo de Seguridad para que tratara específicamente el tema de la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas en Myanmar. Charbonneau destacó que el secretario general de la ONU "acaba de ser reelecto para un segundo mandato, así que no tiene nada que perder".