En la primera audiencia del juicio político que se sigue en su contra, la defensora oficial civil de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, negó las acusaciones que pesan sobre ella. Sobre todo, concentró su defensa en rechazar la imputación referida a la retención de donaciones destinadas a comunidades del Pueblo Wichí, hecho por el cual tiene una causa penal abierta, junto a su hermana, la concejala Paola Díaz. 

Según se informó, porque la audiencia se realiza en el salón del Tribunal Electoral sin presencia de público, la defensora dedicó buena parte de su declaración a poner énfasis en que no es parte de la organización Corazones Solidarios, de Tartagal, que había tramitado la donación de ropa y mercadería con destino a comunidades indígenas del norte salteño.  

La audiencia de ayer comenzó con la presentación de las acusaciones en contra de la defensora, que se encuentra suspendida provisoriamente en el ejercicio de sus funciones desde el 28 de abril pasado.

Díaz fue denunciada ante el Tribunal de Enjuiciamiento por su jefe, el defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, quien le atribuyó las causales de destitución por mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. 

También la denunció el procurador general de Salta, Abel Cornejo, acusándola por las mismas causales. Cornejo está a cargo de la acusación en el jury, mientras que García Castiella fue convocado a declarar ayer en calidad de testigo. 

Expedientes sin tramitar

Las acusaciones del defensor general contra Rosa Díaz se presentaron luego de que verificara una gran cantidad de trámites que ni siquiera había dado inicio. Eso se descubrió cuando el defensor multifuero de Embarcación, Luis Véliz, tomó posesión del despacho de Díaz para reemplazarla luego de que fuera suspendida en sus funciones.

Véliz informó a la Defensoría General que se encontró con muchas carpetas sin que se hubiera iniciado trámite alguno. Este aviso motivó la realización de un inventario que confirmó la existencia de 403 casos presuntamente sin tramitar, entre 2014 y 2020. 

Además, del período 2017 a 2020 se determinó que 262 casos estaban en condiciones de iniciarse, pero la defensora oficial no lo había hecho, con el consiguiente perjuicio para las personas de escasos recursos económicos que solicitaron esta asistencia del Estado .

Por ejemplo, Rosa Díaz no había iniciado trámites para resolver cuestiones de cuidado personal; peticiones de guarda judicial, tutela, restricción de la capacidad de personas; medidas de protección, pedidos de alimentos o la ejecución de alimentos ya regulados. Tampoco dio curso a interdictos de recobrar posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimientos, defunciones, rectificaciones de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias. 

Y tampoco había iniciado trámites de filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, de intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos.

Diferencias familiares

Las acusaciones contra las hermanas Rosa Fabiola y Paola Alejandra Díaz saltaron al conocimiento público a principios de febrero de este año, por una denuncia de Sandra Liliana Díaz, también hermana de las acusadas. 

Sandra Díaz acusó a ambas funcionarias (una del Ministerio Público de la Defensa y la otra del Poder Legislativo municipal) de tener acopiado en la casa de propiedad de su madre fallecida (Blanca Zulema Hurtado) en el barrio Villa Saavedra de la ciudad de Tartagal, donaciones que habían sido entregadas con destino a comunidades wichí. La acusación sostiene que las hermanas vendían estas donaciones. 

Rosa y Paola Díaz están demandadas por "administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos" en una causa penal que se tramita en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal. 

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, y además está integrado por el juez de Corte Horacio Aguilar, el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, el senador Jorge Soto, la senadora Silvina Abilés, la diputada Alejandra Navarro, y Luis Guillermo López Mirau, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Senadores. 

También son parte del Jurado el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y Pedro Mellado, abogado de la matrícula designado por esta Cámara, pero ambos estuvieron ausentes por estar aislados por contacto estrecho con un caso positivo de covid-19.

Rosa Díaz es defendida por los abogados Marcelo Arancibia y Marcos Rubinovich.