El Caso Juana fue conocido cuando se inició el proceso judicial por el ataque sexual en banda de un grupo de criollos a una niña wichí que en 2015 tenía 12 años. El hecho se cometió en Alto La Sierra, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, y llegó a tener una fuerte repercusión nacional e internacional, dado que expuso el estado de vulnerabilidad en la que vivía la niña junto a su familia, situación no distinta a las vulneraciones que sufren otras familias indígenas en la zona. 

Esa denuncia aún se sostiene en el entorno cercano de la nena, hoy denuncian que el Estado abandonó a Juana y responsabilizan por ello al gobierno salteño. 

Por eso lanzaron la campaña No’ t’ uye Juana (Cuidando a Juana), a través de la que se pide colaboración económica para cercar el terreno de la precaria vivienda de la familia. La petición se debe a que reciben constantes amenazas por parte de los familiares de los agresores y porque la niña, que tiene discapacidad mental y motriz, suele escaparse por la madrugada al monte chaqueño. 

Octorina Zamora, referente wichí e integrante de la Fundación Kajianteya, contó a Salta/12 que se vieron obligados a llegar a la Capital salteña porque la gestión anterior de gobierno y la actual se comprometieron a cercar la vivienda para mejorar la seguridad perimetral y la calidad de vida de Juana y su grupo familiar, pero eso no se concretó aún. 

Octorina Zamora junto al padre de Juana, Nicasio Sánchez

Zamora dijo que Juana necesita acompañamiento y cuidado constantes, y señaló que el Estado provincial no proveyó de asistencia psicológica. "Creo que es el momento de rendir cuentas de todos los compromisos de los sectores que se hicieron presentes en un principio", sostuvo, en referencia a entidades gubernamentales y organizaciones sociales. 

Para Zamora, Juana simboliza "todo lo que es la mujer indígena en su vulnerabilidad", no sólo por mujer, indígena y pobre, sino también por la gravedad de que el Estado sabe de ello, pero decide dejarla en esa misma condición. Por eso afirmó que algún funcionario debe hacerse eco del pedido, porque "no puede ser que la hayan abandonado". 

"Necesitamos el apoyo material, pero también el psicológico", reiteró la mujer wichí. En ese sentido, afirmó que tampoco es suficiente una pensión que recibe la familia por la discapacidad de la adolescente, sino que se debe incrementar el apoyo que "corresponde" porque "el Estado tiene fondos para eso". Este medio intentó consultar el a la secretaria de Derechos Humanos de Salta, Mariana Reyes, pero no obtuvo respuesta.

En el lanzamiento de la campaña, en el centro de la capital salteña, también estuvo el padre de la niña, Nicasio Sánchez, quien contó que en la actualidad se encuentran tristes porque aseguran que les mienten mucho desde los gobiernos. Indicó que la colecta es porque "lo necesitamos" al cerco perimetral. "Mi hija se escapa a la noche, hay que salir a buscarla y yo tengo miedo que le pase algo", contó. 

Además, denunció públicamente que reciben amenazas de los familiares de los condenados y que no cuentan con la suficiente seguridad policial cuando suceden estos hechos. Dijo que les prometen que se incrementará el personal policial, pero no lo hacen. 

La campaña se propone reunir más de $850 mil para cubrir los costos de los materiales que se necesitan para el cercado. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número +54 911 23308195 y también por correo electrónico a [email protected]. Se encuentra a disposición una cuenta bancaria: 1910065055006553771978 del Banco Credicoop.

Zamora contó a Salta/12 que hoy a las 8.30 mantendrá una reunión con el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Salta, Gustavo Carrizo, quien manifestó la intención de hacer el cercado. No obstante la referente wichí le pidió que se firmara un acta compromiso en la que se establezca una fecha para lograr verdaderamente una respuesta. 

El pedido puntual se debe a que la mujer ya tiene un acta compromiso firmada por el ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, que aseguró que se iba a devolver el Centro Nutricional de Tartagal, que las comunidades reclaman. "Se hizo esa acta, no sé que hacer con ella porque los funcionarios no cumplen con su palabra, ni siquiera firmando", lamentó, porque aún no tuvo respuestas concretas sobre ese pedido. 

El caso 

Juana pertenece al Pueblo Wichí, de la localidad de Alto La Sierra, en el extremo noreste de la provincia. Es analfabeta y cuando fue atacada, el 29 de noviembre de 2015, no hablaba castellano. La denuncia fue radicada por su madre, quien contó que la chica salió esa tarde y no supo de ella hasta el día siguiente, cuando la halló desvanecida, en una cancha de fútbol, y lesionada debido al ataque sexual.

Sin embargo, el caso recién cobró notoriedad nacional e internacional en mayo del año siguiente cuando se supo que estaba embarazada y profesionales no aplicaron la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta que finalmente debieron someterla a una cesárea porque la criatura era anencefálica.   

Después de un proceso judicial cuestionado por irregularidades, un tribunal de juicio de Tartagal condenó el 25 de febrero de 2019 a 17 años de prisión efectiva a los seis hombres criollos acusados por la violación: Jorge Salas, Juan Domingo Verón, Sebastián Salvatierra, Pantaleón Mansilla, Omar Arias y Luis Fernando Lamas. 

También fueron declarados responsables penalmente dos adolescentes imputados en el juicio, de los cuales uno fue declarado en rebeldía, cuando no se presentó a la última audiencia del juicio. 

El tribunal compuesto por los jueces Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Chehda y Ricardo Martoccia también declaró en rebeldía en la primera jornada del juicio a un noveno imputado, ya que nunca se presentó a las audiencias.