Desde Santa Fe

Por primera vez, una legisladora les dijo en la cara a sus colegas que sus actos eran “un atropello al estado de derecho”. Ocurrió ayer en la comisión bicameral de Acuerdos, donde la diputada Matilde Bruera impugnó la decisión de abrirle un proceso disciplinario al director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain por hechos que se remontan a cuando era ministro de Seguridad. El despacho salió por mayoría (9 a 2) y designó para que instruya la causa al senador Lisandro Enrico, quien de inmediato sacó su primer dictamen para que la Asamblea Legislativa suspenda a Sain en su cargo por seis meses, sin goce de sueldo. La enemistad de Enrico con Sain es conocida, desde que el ex ministro lo señaló a él y al diputado Maximiliano Pullaro –otro de esos nueve votos- por sus diálogos con el ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Alejandro Druetta, condenado a 10 años de prisión por narcotráfico. Bruera advirtió que sus colegas “están empecinados en una venganza personal contra Sain” porque “nvestigó a fondo la criminalidad organizada”. 

Bruera no integra la comisión de Acuerdos, pero pidió ser escuchada. Le dijeron que sí, que podía hablar, pero sin voto. En el arranque, el senador Raúl Gramajo –del bloque de Armando Traferri- propuso que la bicameral le abra el proceso disciplinario a Sain por presuntas “faltas graves” cuando era ministro de Seguridad y designe acusador a Enrico. Bruera se opuso, dijo que la comisión “no era competente” para investigar a Sain por hechos de su gestión en el Poder Ejecutivo y recordó que el juicio político se cayó el 7 de junio, cuando la denunciante ni siquiera ratificó la denuncia.

Ayer, la comisión fue citada para tratar el sumario que el jefe del MPA, Jorge Baclini, le abrió a Sain por esas presuntas “faltas graves” cuando era ministro. Es público que la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, cerró ese trámite, pero Baclini lo reabrió y designó al fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, para que lo siga. Martinez envió el legajo a la comisión con una nota aparte en la que “sugiere” suspender a Sain. Dos de los denunciantes son el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y su amigo el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo.

Ante la moción de Gramajo, Bruera dijo que el sumario del MPA para investigar a Sain como director del Organismo de Investigaciones por supuestas “faltas graves” cometidas cuando era ministro es un “escándalo institucional”. “El MPA no tiene facultades disciplinarias para sancionar a Sain por su gestión como ministro. No tienen argumentos jurídicos porque carecen de competencia. Y tanto es así que la propia auditora (Vranicich) se declaró incompetente. Después, lamentablemente, el fiscal general (Baclini) se desdijo y designó a Martinez para esta investigación totalmente irregular”, denunció.

“Me preocupa mucho que tanto fiscales como legisladores de la provincia violen las normas constitucionales y legales. Es de gravedad institucional este funcionamiento de las instituciones de Santa Fe fuera de la ley”, alertó Bruera.

En el pleno se presentaron dos dictámenes. El de Gramajo fue aprobado por nueve votos de radicales (Enrico, Pullaro, Fabián Bastía), socialistas (Clara García y Lionella Cattalini) y sus colegas Gabriel Chumpitaz (PRO), Nicolás Mayoraz (celeste), Gabriel Real (PDP) y los senadores de Traferri: Gramajo y Rubén Pirola.

El dictamen de minoría lo presentó el jefe de los diputados del PJ Leandro Busatto -sumó la firma del senador Alcides Calvo, presidente del bloque Lealtad- y propuso el archivo de la causa porque “el régimen legal que se pretende aplicarle a Sain” para suspenderlo y luego echarlo como director del Organismo de Investigaciones del MPA no estaba vigente cuando se inició la acción disciplinaria”. Es la ley anti Sain 14.016 que recién entró en vigencia el 2 de junio, hace veinte días.

Cuando la decisión estaba tomada, Bruera volvió a pedir la palabra. “Ustedes me dijeron que me iban a escuchar, pero yo no me siento escuchada”, les dijo. “No escuché ningún argumento jurídico que replique mis dichos”. “Acá, lo único que escucho son invocaciones a la Constitución de la provincia, a la par que violan sus normas. Lo que pasa en Santa Fe es de gravedad institucional”, enfatizó.

“Nadie me retrucó porque no tienen argumentos”. “Creo tampoco les interesa porque tienen los votos. Pero lo que hicieron fue un atropello al estado de derecho. Porque aunque tengan los votos, las decisiones tienen que ser en el marco del estado de derecho”. “Ellos están empecinados en una venganza personal” contra Sain. “Persiguen a la única persona que investigó a fondo la criminalidad organizada en Santa Fe. Esa es la preocupación, que haya una persona que investigue seriamente. Si uno toma conciencia de lo que pasa, es terrible”.

“No soy amiga de Sain ni su abogada. Lo que me indigna es que las instituciones funcionen de esta manera. No quiero ser parte de esto.  Muchos de los problemas de la provincia son por esa estructura feudal que se maneja al margen de la ley. No les interesa la ley. No les interesan los argumentos jurídicos. Y esto demuestra también que el MPA está absolutamente subordinado a la política. Eso es muy preocupante”, finalizó.