Luego de que la oposición porteña y las organizaciones que trabajan en defensa del espacio público denunciaran la intención del Gobierno de la Ciudad de abrir la puerta a la construcción de barrios privados, el Ejecutivo eliminó del proyecto de modificación de la Ley de Catastro las figuras con las que el Código Civil y Comercial de la Nación regula a ese tipo de barrios que se encuentran prohibidos por el Código Urbanístico porteño. El proyecto modificado fue dictaminado en comisiones, pero desde el bloque del Frente de Todos (FdT) advierten que aún contiene apartados orientados hacia la definición de barrios cerrados, por lo que pidieron que también la Ley de Catastro prohíba su construcción "expresamente".

El proyecto del Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. El cambio principal con respecto al texto que se había presentado en primera instancia radica en la eliminación de las definiciones de "conjuntos inmobiliarios" y "propiedad horizontal especial", figuras con las que el Código Civil regula a los barrios cerrados. El Código Urbanístico de la Ciudad, en tanto, estipula la prohibición de ese tipo de barrios en territorio porteño, y es por eso que los legisladores de la oposición y las organizaciones habían alertado sobre el articulado original.

"Es un logro que hayan retrocedido con lo que estaban planteando. Es evidente que, a partir del conflicto de Costa Salguero, estos temas comenzaron a penetrar y a movilizar a la sociedad", señaló a este diario Matías Barroetaveña, legislador del FdT, quien de todos modos agregó que "lo que sacaron sigue estando en el Código Civil nacional y podrían apelar a eso, por eso nosotros pedimos dejar bien claro en la Ley de Catastro que en la Ciudad no puede haber barrios privados".

"El Código Urbanístico dice que quedan prohibidos los barrios cerrados, pero no los define nunca: definámoslos en esta ley y dejemos sentada la prohibición", fue el requerimiento que hizo durante la reunión Javier Andrade, vicepresidente del bloque de diputados porteños del FdT y de la Comisión de Planeamiento Urbano. Es que la expresa prohibición del Código Urbanístico no refiere específicamente a las definiciones utilizadas por el Código Civil nacional, por lo que desde el FdT argumentan que la puerta podría seguir abierta si no se explicita en la actualización de la Ley de Catastro la prohibición de los "conjuntos inmobiliarios" y la "propiedad horizontal especial".

Por el lado del bloque de Vamos Juntos, la diputada Cecilia Ferrero, dijo que no considera necesario esta prohibición en la Ley de Catastro. Tanto ella como el presidente de la Comisión, Daniel Del Sol, remarcaron que en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "no hay intención de habilitar" barrios cerrados. "Si el espíritu de Vamos Juntos y del Gobierno de la Ciudad es que no existan barrios cerrados, entonces dispongámoslo expresamente en la ley, porque cuando algo no está definido queda en el limbo", respondió Andrade.

Otro de los puntos cuestionados del texto modificado, que llegó a los legisladores el pasado viernes, fue el reemplazo de la palabra "calle" por "vía pública". Aunque técnica, la diferencia aparece como sustancial desde el punto de vista de lo que se concibe como espacio público o privado. "Los condicionantes que antes aplicaban a las calles en general ahora aplican solo a la vía pública. Con esta diferenciación que hace el proyecto podrían existir calles que no fueran de dominio público sino del dominio privado", explicó Andrade.

Es el caso del artículo 37, que prevé que en los "proyectos o emprendimientos urbanísticos que conlleven aperturas de vías públicas solo se dan de alta aquellas parcelas surgentes que tengan salida a una vía pública ejecutada, las restantes pueden darse de alta a solicitud del titular una vez acreditada la ejecución de las vías".

"Lo que se interpreta es que puede haber calles internas que el titular decida no ceder, esa es justamente la definición de un barrio cerrado", advirtió en este sentido Barroetaveña. Desde el FdT presentaron un dictamen de rechazo al proyecto que quedó en minoría y ahora la ley podría ser tratada cuando la Legislatura vuelva a debatir.