“En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente”.

Montesquieu, El espíritu de las Leyes

En estos días, la oposición nacional comienza a agitar ciertos fantasmas, viejos conocidos de la sociedad argentina. El Comunismo, el ataque a la Justicia, las limitaciones a la libertad, el populismo, y por qué no el propio peronismo vuelve a ser un monstruo multiforme y amenazante para la República. Los espectros recorren los principales canales de TV, editoriales, notas en los diarios y portales. Todos en ancas de periodistas y dirigentes políticos en tono electoral. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, sin que nadie lo mencione, vivimos el avasallamiento sistemático de derechos básicos, sobre todo uno por el que el jefe de Gobierno se rasga las vestiduras: la educación.

Es importante comprender cómo ha sido el proceso de progresivo avance sobre el derecho a la educación en los casi 13 años de gobierno del PRO en la Ciudad e identificar con claridad los caminos que ha desandado este oficialismo.

El primer factor para desentrañar qué está pesando en esta cuestión es la matriz de pensamiento que determina el proceso que ha llevado a negar, incluso, derechos contenidos en la propia Constitución de la Ciudad. La educación es una variable que se analiza desde distintos puntos de vista, sobre todo, económicos. Es decir, portan una mirada absolutamente economicista.

Ello implica que, por un lado, la educación pública debe reducir su incidencia en el presupuesto del estado. De allí que conciban como fundamental el fortalecimiento de la educación privada en el entendimiento de que las familias deben financiar el costo de la formación de sus hijos e hijas. La educación pública, en cualquier caso, debe ser un espacio reservado a quienes por las condiciones de “desigualdad natural” no pueden hacerlo. Es decir, el estado debe hacerse cargo de la educación de los sectores más vulnerados, aunque no necesariamente siempre, como veremos en la práctica concreta.

Por otra parte, la educación debe ser una herramienta, exclusivamente, útil para el mercado, y reproducir las condiciones sociales existentes. La sentencia del entonces ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, respecto de que algunos “se tienen que formar como líderes y otros para vivir en la incertidumbre”, hace referencia no solo a una concepción de la educación, sino también de la sociedad que se pretende construir. Como peronistas no negamos la importancia central de la educación para el acceso al mercado de trabajo en condiciones óptimas – es larga la tradición en este sentido desde el propio primer gobierno del General Perón-. Pero nos diferencia la convicción de que ello debe hacerse en un contexto donde prime la igualdad de oportunidades, donde la escuela sea un espacio de integración social, no solo que forme mano de obra, sino también personas con espíritu crítico frente a su entorno vital, y que porten valores centrales para la vida en sociedad, como la cooperación y la solidaridad.

Por último, para esta perspectiva, la educación no deja ser un “océano azul” como se definen los espacios para la generación de negocios novedosos. Son incontables los negocios que se han montado a partir de la creación de organismos como la Unidad de Evaluación, a través de la adquisición de exámenes estandarizados internacionales o la contratación de innumerables plataformas informáticas que requieren soporte y servicios de empresas tercerizadas. Todo ello, a costa de desconocer el enorme capital humano y conocimientos adquiridos a partir de décadas desde el propio estado.

El segundo factor a ser contemplado, se relaciona con las condiciones políticas que han determinado el devenir de las políticas educativas. En ese sentido, tenemos que focalizar la atención en el progresivo control que, a lo largo de estos años, el oficialismo porteño ha obtenido dentro de la Legislatura Porteña y del Poder Judicial de la Ciudad.

Desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, la solidez del sistema educativo público de la Ciudad (que había resistido exitosamente las reformas neoliberales de la década de 1990), la capacidad organizativa de sus docentes y la fuerte tradición de calidad era un verdadero obstáculo para sus políticas de achicamiento y fragmentación. Sin embargo, las políticas ejercidas por el macrismo desarticularon herramientas centrales del sistema educativo para debilitar a los docentes (como las Juntas de Calificación Docente, el CEPA, las áreas de evaluación y estadística, el área socioeducativa), se avanzó en políticas que plantean intrincados mecanismos para el acceso a las vacantes, las becas o los subsidios a las cooperadoras. Por ejemplo, bajo el argumento de la modernización y la introducción de herramientas informáticas que agilizarían los procesos, la inscripción online implicó limitar la posibilidad de elección de la escuela a las que las familias envían a sus hijos e hijas, al tiempo que facilitó al ejecutivo un manejo arbitrario de la información en un tema tan sensible como las vacantes.

Gran parte de estos avances, fueron llevados a cabo por el Ejecutivo de la Ciudad a partir de la connivencia de ocasionales aliados mientras careció de mayorías absolutas en el parlamento porteño. A partir de la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente de la Ciudad, el predominio total sobre el legislativo le ha permitido un avance más escandaloso sobre los derechos a la educación. El caso emblemático fue durante el su primer gobierno con la creación de la Universidad de la Ciudad (UNICABA), cuyo proyecto inicial implicaba la desaparición de los Instituto de formación docente tradicionales. La oposición monolítica a este proyecto, tanto desde los propios profesorados, como de todo el amplio espectro académico -incluidos profesionales de universidades privadas -, hizo que el ejecutivo retrocediera. Sin embargo, ello no obstaculizó que, en virtud de su mayoría absoluta en el poder legislativo, se terminara votando la creación del engendro, y que posteriormente se haya avanzado descaradamente con políticas de debilitamiento sobre los Institutos en los últimos años (desfinanciamiento, falta de nombramiento de autoridades, incumplimiento de los estatutos para el nombramiento de docentes, etc.).

Paralelamente, el añorado objetivo de reducir el peso del “gasto” en educación en el presupuesto fue progresivamente concretado. Según se observa en el cuadro I, podemos ver como a lo largo de los gobiernos del PRO en la Ciudad el presupuesto educativo ha perdido peso relativo en el gasto del estado porteño. En particular, preocupa la caída dramática que ha tenido la inversión en infraestructura y mantenimiento escolar en los últimos años. Lo único que puede garantizar un acceso igualitario al derecho a la educación es que el estado genere las condiciones materiales para que todos los niños y niñas tengan la posibilidad de acceder a una vacante. La reducción sistemática del presupuesto es la cara opuesta a este principio básico.

CUADRO I

Finalmente, hemos presenciado el broche de oro que confirma todas nuestras sospechas. Durante años, el poder judicial había permitido un cierto contrapeso, un espacio institucional donde algunos jueces y juezas habían presentado un bastión final para contener los desplantes permanentes del ejecutivo a las demandas de las familias frente a cuestiones fundamentales como el acceso a una vacante y dar lugar a la obligación estatal de asegurar a todos los niños y niñas su derecho al acceso a la educación. Sin embargo, en diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo en el que definitivamente cerraba el círculo de la oprobiosa hegemonía larretista. Cuatro de los cinco miembros del alto tribunal, decidieron negar los dictámenes de los jueces de primera y segunda instancia, desconocer los principios básicos del derecho y respaldar la política excluyente al postular que no es obligación del gobierno darle una vacante en nivel inicial a un niño de dos años de edad. Más allá de los rebuscados argumentos que niegan la letra misma de la Constitución de la Ciudad en su artículo 24, la obscena connivencia entre el poder ejecutivo y el Judicial, se completó con la negativa de la mayoría circunstancial de la Legislatura porteña a iniciar el procedimiento de juicio político para estos magistrados y magistradas que se han entregado groseramente a la más lesiva de las acciones que puede cometer un juez y es dejar desamparado a un o una ciudadana frente a un estado arbitrario.

Así, todo se esfuma enteramente. No es sólo la República, que tantos defienden en abstracto, la que pierde, sino aquello que es más importante: los derechos que garantizan una vida digna a los porteños y porteñas. Pierden así su rango de ciudadanos. Deben vivir en la incertidumbre, en el desconocimiento respecto si van a poder educar a sus hijos e hijas, acceder a una vivienda, tener resguardo para su trabajo. En definitiva, quedamos expuestos y expuestas a la más profunda arbitrariedad.

En definitiva, es nuestro deber trabajar para revertir esta situación. Estamos próximos a una nueva elección donde se pondrán en juego las mayorías en el parlamento porteño. Debemos encontrar el punto de inflexión que nos permita recuperar ese espacio político como un ámbito en el que, efectivamente, se decida el futuro de las y los ciudadanos porteños. Donde no haya fronteras internas, donde todos y todas tengamos la posibilidad de acceder a una vida digna, donde la República sea un instrumento para el resguardo de los derechos colectivos y sociales, y no la máscara para el ocultamiento de los privilegios de algunos que a su amparo solamente pretenden favorecer sus negocios.

El autor es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el FDT