La fiscala penal de Cafayate, Sandra Rojas, requirió al Juzgado de Garantías la elevación a juicio del caso en el que se investiga al diputado provincial por Cafayate, Sergio Daniel Cisneros, por los delitos de usurpación de propiedad en perjuicio de la provincia de Salta y de la empresa La Viñita SA. En esta último caso se le suma el cargo de desobediencia judicial.

Las tierras que reclama La Viñita se encuentran en Tolombón y los antecedentes de posesión de esa empresa se remontan al 2005 cuando José Carlos Nallim compró en comisión, a favor de una sociedad en formación, el 11 % indiviso de finca Las Ramadas.

Desde entonces los propietarios fueron realizando distintas mejoras, como la instalación de mangueras de goteo, estacas y alambres para espalderos, entre otros

En febrero del año pasado, los empresarios hicieron una visita a la propiedad, y se encontraron que en ella había obra en construcción con material. Al comenzar a averiguar les informan que la obra pertenecía al diputado Cisneros, por lo que realizaron una denuncia por usurpación.

La fiscala Rojas pudo constatar que en el “Paraje Tolombón, La Viñita, (catastro 488), hay una edificacion terminada, fabricada de material, adobe, ladrillo y cemento de 18×14 metros, y en su exterior se divisa cultivos y sembradíos”. Durante la inspección ocular, además pudieron charlar con Cisneros, quien manifestó que “vive en el lugar hace tres meses”. 

En base a la documentación aportada por La Viñita SA, la fiscala consideró que quedó acreditado a priori que la ocupación por parte de Cisneros fue realizada mediante despojo, invadiendo el inmueble ajeno.

Además, el Juzgado de Garantías de Cafayate había dictado en enero de 2021 una medida de no innovar, pero en la inspección realizada por el Ministerio Público en febrero de 2021 se encontró con una obra con un gran avance de construcción por lo que el acusado con su conducta habría desobedecido dicha orden.

La otra causa, que involucra a la provincia de Salta, tiene su inicio en octubre del 2020 cuando el guardaparque Gonzalo Cristofani realizó un acta de fiscalización en la que denuncia que “el señor Sergio Daniel Cisneros se encontraba realizando un alambrado perimetral en el esquinero del Lote Fiscal Nº 4397, ubicado sito en el paraje la Viñita de la Localidad de Tolombón (Ruta Nacional Nº 40), es decir el terreno contiguo al de La Viñita SA.

Ese lote, junto a los lotes fiscales Nº 4394 y 4398, fueron declarados área protegida mediante el Decreto 616/18.

El 5 de marzo de 2021, la Secretaría de Tierra y Bienes del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia le solicitan a Cristofani que realice un nuevo informe. Al llegar al lugar, el guardaparque se encuentra con una ampliación de trabajos respecto del acta anterior, “entre ellos un alambrado de 1.5 km que rodea una superficie de 31 hectáreas. El alambrado, a dos hilos, está realizado con palos producto del desmonte de los mismos algarrobos (derribados o talados) que se encuentran en el lote fiscal en cuestión”. Esto llevó a que inmediatamente el gobierno de la provincia de Salta realice la denuncia correspondiente.

Inmunidad

La audiencia de imputación fue realizada el 12 de abril de 2021, allí Sergio Cisneros se abstuvo de declarar. De ser encontrado culpable de la usurpación, puede afrontar una pena de seis meses a tres años de prisión. Mientras que por la desobediencia judicial le puede caber una sanción de 15 días a un año.

En su carácter de legislador provincial, el acusado cuenta con inmunidad de arresto, por lo que el proceso judicial se puede llevar adelante sin necesidad de solicitar el desafuero, siempre y cuando Cisneros se allane a todos los requerimientos judiciales.

El último caso de desafuero se dio en noviembre del 2018, cuando la Cámara de DIputados votó en forma unánime retirarle la inmunidad a Kuldeep Singh, debido a que la jueza consideraba que en libertad constituía un peligro para el proceso judicial, por lo que necesitaba imponerle la prisión preventiva a la espera del juicio.

En caso de que la Justicia avale el pedido de la fiscala, Cisneros será el segundo diputado en ejercicio que deberá afrontar un juzgamiento, ya que Gustavo Orozco tiene pendiente el inicio de un juicio por vejaciones, torturas, apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad, de cuando era policía. 

A ambos diputados el mandato se les vence este año, por lo que se presentan en las elecciones de agosto para renovar su banca. El representante de Cafayate, que trabajó inicialmente con el oficialismo provincial, ahora saldrá en el frente opositor Salta para Todos, mientras que Orozco lo hará con el saencista Unidos por Salta.