La emoción es enorme, tanto que invade el pecho desde adentro. Tomamos aire profundo: luego del festejo, hay que seguir la pelea. Es ahora momento de ir a por un organismo independiente del Estado que permita a la población civil monitorear centralizadamente las formas en que la ley se transformará en hechos.
Las leyes afirmativas o de discriminación positiva, es decir, aquellas que vienen a reafirmar la consagración de un derecho universal para una población en particular, son fruto de la lucha de colectivos que alcanzan reconocimiento estatal sobre sus condiciones estructurales de precarización, condiciones que implican el no acceso y goce del mismo modo a ese derecho universal. Estas leyes parecen constituir el paradigma legislativo más solvente para arrimar condiciones de equidad a aquellos colectivos más apaleados. Efectivamente, en las antípodas de las perspectivas del derecho, se encuentran aquellos países que niegan la consagración de legislaciones de este tipo por considerar que con la declaración de igualdad universal debiera alcanzarnos a todes (el caso de Estados Unidos en la actualidad). Un paradigma ciertamente fundante del liberalismo, dado que está dispuesto a repartir tratos iguales para todos, a costas de que sea un acto claramente necio repetir que todes somos iguales cuando está al alcance de la mano percibir que no es así. Este es uno de los fundamentos que más hemos escuchado en contra del cupo trans a lo largo de la historia de esta batalla de derechos.
Sin embargo, tampoco podemos confiar en que este mismo Estado, constituído en sus orígenes sobre los mismos cimientos liberales y con tantos férreos defensores de este modelo tan imbricados en posiciones de gran poder, sea protector y promotor de estas leyes, aún incluso ya sancionadas. En Argentina, tenemos un sólido antecedente que sostiene lo dicho: la experiencia realizada a partir del cupo laboral para personas con discapacidad. Este fue sancionado en marzo de 1981, consagrando un 4% de puestos laborales que debieran ser ocupados en su totalidad por personas con discapacidades. Sabemos que no se cumple. La construcción de un relato que contrapone los derechos de la mayoría como prioridad a los de las minorías (como si las mayorías no fuéramos las sumatorias de todas las minorías vulneradas), tiende a prorrogar la aplicación de nuestros derechos a la espera de primero atender las urgencias de la “mayoría”: entiéndase, los intereses de las agendas gubernamentales, empresariales, eclesiásticas y de las cúpulas sindicales. Es por esto que requerimos constituir organismos civiles públicos que puedan fortalecer los mecanismos de la sociedad civil interesada -en este caso, la población trans y travesti- para alcanzar la efectivización de este derecho.
FAKE NEWS Y DESESPERACION
Gran parte de la vulnerabilización a la que somos expuestes se da durante las convocatorias mismas a los puestos que de a cuenta gotas se abren: convocatorias poco comprobables al mejor estilo “fake news” difundidas por whatsapp que sin ningún tipo de reparo juegan con la necesidad y la desesperación de trans y travestis, que mandan currículums a cientos de lugares sin recibir siquiera una sola respuesta. Desesperación, y la internalización de que el fracaso es nuestro.
No se trata de adelantarnos a perseguir fantasmas imaginarios: podemos dar cuenta de una basta cantidad de relatos de personas trans y travestis cuyas experiencias de contratación bajo el concepto de cupo trans han resultado no sólo irregulares respecto del espíritu de las leyes (hago referencia a los casos de aquellas provincias que ya cuentan con leyes de cupo trans aprobadas), sino que han terminado por ser modalidades de contratación revictimizantes y expulsivas. Y en muchos de estos casos, ha sido el Estado mismo quien vulneró los derechos laborales de estas personas.
Sin ir más lejos, fue en el 2018 que en este mismo suplemento publicamos la denuncia de dos trabajadores trans de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, a raíz de que luego de no cobrar durante más de cuatro meses, uno de elles decidió denunciar su situación: habían sido contratades un año antes, a partir de una decisión política celebrada pomposamente con notas periodísticas a diestra y siniestra, aún a pesar de que dicha exposición era el principal interés de ambas personas. Un año más tarde, la Defensoría -con mismas autoridades, por cierto- decidió no renovar los contratos, sin que mediara una explicación.
Cabe destacar que tampoco sus puestos de trabajo habían sido dejados vacante para otras personas trans, contrario al espíritu de la ley. A partir del reclamo, que fuera impulsado por uno de les damnificades con el apoyo de la comunidad local, logró su reincorporación: no así la de su compañera. Por su parte, el trabajador reincorporado debió pasar meses trabajando en un húmedo archivo en un sótano, sólo, sin tareas asignadas, hasta ser relocalizado.
MESA DE ENTRADA Y DE SALIDA
La lista sigue: contratos basura, salarios por debajo del Salario Mínimo. Sobrecarga de tareas, falta de capacitación. Hostilidad de supervisores y compañeres. Experiencias de sobre exposición y de aislamiento social: en otras palabras, o mesa de entrada de atención al público (aquellas instituciones que gustan de mostrar su cara más “inclusiva” de lleno), o sótanos y horarios en los que ser visto lo menos posible.
“Las reglas del sistema patriarcal imponen que una o varias mujeres alcancen lugares de poder y privilegio para hacer ver a las demás que es posible, y que la mujer que no lo logra es porque no lo desea o por falta de capacidad”, nos dice la jurista y filósofa feminista, Alda Facio. En el caso de las personas trans y travestis, aplica lo mismo. Es de esta re-vulnerabilización también que debemos prevenirnos. No podemos esperar que los cuerpos que hemos sido destinados por el mercado a ocupar los rubros de las labores informales podamos desempeñarnos de un día para el otro con las capacidades que un trabajo formal requiere. No se espera que un oficinista sepa preparar cemento durante horas, ni que un obrero metalúrgico haga la liquidación mensual de la empresa. Del mismo modo, no se puede esperar que trans y travestis, acostumbrades a una temporalidad absolutamente distinta, especialmente las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución, puedan de un día al otro dejar el horario de la noche para entrar a trabajar a las ocho de la mañana.
Y hemos de poner en duda incluso las garantías laborales que el trabajo en cuestión brinde, lo que tantos congresistas (cisgénero todes) han afirmado sin dudar: que el trabajo dignifica. Si las condiciones del trabajo son precarias, aún más lejos se está entonces de lograr saldar las opresiones que pesan sobre los cuerpos. Efectivamente, a mayor grado de opresiones sufridas, mayores son las condiciones necesarias que deben darse para poder romper realmente con un destino de precarización de la proyección vital. Ni el trabajo no reconocido, ni mal pago, ni tercerizado han alcanzado ni alcanzarán para acompañar la reparación del daño que, a mayor edad vivida se agraba. Es por esto que tantas veces hemos escuchado a compañeras trans decir “¿Para qué voy a ser promotora? si estoy en la calle lo mismo, parada horas, por mucha menos plata”. Es por esto que no cuestionar las condiciones del trabajo antes de habilitar una vacante que quienes más la necesitan no podrán sostener, es una meritocracia encubierta.
REPARACIONES
La ley explicita en su artículo 17 que se creará como autoridad de aplicación una Unidad de Coordinación Interministerial para garantizar la implementación, conformada por 5 ministerios y el INADI. Si bien en su mayoría podemos prever que estos roles serán ocupados por personas trans, es necesario señalar que en todas estas estructuras estatales la mayoría de los roles de decisión son ocupados por personas cisgénero. También así será en todas las entidades que deberán aplicar el cupo. En todas las estructuras involucradas, no regirá únicamente la voluntad de las personas trans y travestis como único orden de prioridad. No se ha terminado el cis-hetero-winca-capitalista patriarcado. Sólo se ha afirmado nuestra existencia, y nuestra falta de igualdad en las condiciones a las que nos empujan.
Tampoco la ley deja totalmente en claro cómo desde la sociedad civil podremos traccionar a las dependencias que incumplan con ella, cómo obligarlas a hacerlo. Y tenemos la experiencia decasi diez años de la Ley de Identidad. Pero la ley sí dice que la coordinación interministerial tendrá la competencia de incluir otros organismos si lo considerase necesario. Es por esto que abogamos por un organismo constituído únicamente con el fin de representar a la parte de la sociedad civil trans y travesti que no tiene un vínculo estrecho con las esferas del Estado. Un organismo que tenga derecho a reunirse periódicamente con la mesa de coordinación interministerial y recibir informes de avances. Un organismo que pueda relevar los relatos de las formas de aplicación en todo el país, y las denuncias provenientes de la mismísima población interesada cuando el cupo no se implemente, si fuera el caso. Que pueda comprometerse a la difusión de las buenas prácticas, que pueda medir en el tiempo la capacidad de impacto de esta ley. Un organismo con la independencia política del Estado que requiere llevar adelante seriamente esta tarea.
No queremos ser una nueva lavada de cara. No queremos ser manipulades a través de nuestro miedo al desempleo, a un nuevo fracaso. No queremos ser más pacientes, no es conformándonos que hemos llegado hasta acá. Es ahora. Vamos por todo.
