Dos ex aliados de Juntos por el Cambio vuelven a encontrarse en General Pueyrredón. El ex intendente macrista Carlos Arroyo reabrió su enfrentamiento con el actual jefe comunal cambiemita Guillermo Montenegro para reclamar que el municipio le pague las vacaciones que no se tomó en su último año de mandato.
El ex jefe comunal, recordado por sus declaraciones misóginas y por ser aportante trucho de Cambiemos, entregó el mando del partido en 2019 a Montenegro, tras un interna abierta que lo desplazó como candidato a la reelección y lo forzó a buscar su segundo mandato con un sello comunal. A casi dos años de esa derrotó, Arroyo puso en manos de su abogado César Benvenuto una demanda para obtener un pago retroactivo de su último periodo de vacaciones.
Según la presentación de Arroyo, el no goce en forma efectiva de sus periodos de vacaciones "no fue una decisión voluntaria para obtener un beneficio económico", sino la consecuencia necesaria de las exigencias de la función como jefe comunal, que le impidieron tomar sus días de descanso en su último año de gestión, cuando la interna por la candidatura dentro de Cambiemos ya era pública.
El ex intendente, también recordado por el desprecio de su gabinete hacia las personas en situación de calle, demandó a la comuna encabezada por Montenegro por la decisión de no abonarle su periodo vacacional como "un acto administrativo viciado de legitimidad y arbitrariedad manifiestas", que afecta sus derechos "subjetivos y patrimoniales".
La demanda fue rechazada por la gestión de Montenegro, que afirmó que la medida adoptada por el municipio cumple con lo normado al respecto. El intendente Montenegro y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, firmaron el decreto 246, que precisa que la compensación planteada por Arroyo "se refiere a la licencia anual o por vacaciones correspondientes al último año calendario y que no fueron gozadas a causa del cese del agente, puesto que siendo la referida licencia de obligatorio cumplimiento, se pierde todo derecho a su uso vencido el plazo acordado por la ley".
Además, la Subsecretaría Legal y Técnica de la actual gestión ya había emitido un dictamen en el que sostenía que "no existe constancia de que Carlos Arroyo haya solicitado las licencias en cuestión".
