Ayer en la sesión del Senado se leyó el pedido de desafuero de desafuero del representante por Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, para que la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, pueda avanzar con su investigación y se obligue a Ramos a presentarse a dejar sus huellas dactilares, algo que viene evitando desde el año pasado con el argumento de estar ocupado con sus labores cotidianas de senador.

El pedido del juez de Garantías Ignacio Colombo lleva dando vueltas casi un mes, ya que fue remitido por vía electrónica los primeros días de junio, sin embargo, esa nota no fue tenida en cuenta por la Cámara Alta, debido a que los temas de la labor parlamentaria son informados solo mediante el formato de papel. Por lo que fue recibida recién la semana pasada, justo cuando el Senado no sesionaba por el feriado en conmemoración al Bicentenario de la Muerte del General Martín Miguel de Güemes.

A pesar de que podía ser tratado ayer sobre tablas, ese Cuerpo decidió remitir el expediente a la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, presidida por el senador Jorge Soto, por lo que se supone que su tratamiento demandará al menos una semana más hasta obtener dictamen.

Sin embargo, desde su banca, el senador apuntado de ser el responsable de haber desviado poco más de $340.000 que la provincia envió para la construcción de dos viviendas en 2013, cuando era intendente de Rosario de Lerma, señaló que en ese momento había un “auge de las empresas sociales” y que vieron la oportunidad de generar trabajo a los sectores más vulnerables a través de la conformación de un emprendimiento de construcción de viviendas sociales.

Ramos, que es candidato a renovar su banca por el frente saencista Gana Salta, dejó una copia de un informe elaborado como respuesta a las acusaciones en su contra, y apuntó a sus sucesores en la jefatura comunal, Ignacio Jarsún y Enrique Martínez de estar operando detrás de esas denuncias. “Quieren instalar desde la política la mentira, sabemos de las operaciones que realiza el actual intendente y el anterior, instrumentadas por el doctor Mauro Martina”, dijo, haciendo referencia al asesor legal del municipio.

Luego indicó que estas acusaciones no son nuevas en su vida política, “me quieren sacar a través de denuncias”, expresó. Y aseguró que a él no lo definen las operaciones políticas, “camino con tranquilidad todo el departamento, sin chofer, vivo en el mismo lugar de siempre y tengo el mismo teléfono desde hace 15 años”.

Más adelante relató que cuando la Justicia solicitó al municipio las rendiciones de los módulos habitacionales, “le contestaron que no encontraron nada, cuando en ese momento en la municipalidad certificamos todo bajo normas ISO 9.001 en cuatro procesos y en uno de ellos era el de compras, para saber cuáles eran los ingresos y egresos de materiales”, argumentó al sostener que esos papeles sí se encontraban en los despachos municipales cuando él se retiró. “Bastaba tocar la tecla de una computadora para saber todo esto”, agregó.

El senador, que asumió el cargo en 2017, acotó que otro de los pedidos de la Justicia a la comuna rosarina fue el del expediente interno que manejaba el municipio, “y contestaron que se perdió misteriosamente, cuando también esos expedientes estaban certificados por normas de calidad ISO 9.001 y donde se podía establecer en el acto cual fue el último funcionario que lo tuvo en su poder”.

Con respecto a las obras, que la Unidad de Delitos Económicos Complejos constató que no se realizaron, respondió que el avance de obra lo había verificado la misma directora del Banco Hipotecario, Ada Mazza, “todos saben lo difícil que es que un funcionario nacional venga al territorio de la provincia, y no vienen de visita, sino por trabajo”. Luego detalló que en ese prototipo de vivienda participó el Conicet con su sede en Córdoba, “fue el único prototipo de viviendas avalado por el Banco Hipotecario para el Plan Procrear que estaba destinado a changarines y empleados rurales, que tenían que cumplir tres años bajo el mismo empleador”.

Por último, les recordó a sus colegas que “cuando uno gestiona proyectos sabe que desde el gobierno no entregan la totalidad de los recursos, sino por partes, porque van a verificar los grados de avances de lo que vamos haciendo, y en Rosario de Lerma entregaron la totalidad de los fondos, significa que alguien fue a verificar que se iban cumpliendo las metas establecidas”.

El legislador transmitió tranquilidad a sus pares al sostener que no quiere entorpecer la institucionalidad del Senado, “pero sí que sepamos la verdad”. Y solicitó que se exhiban unas fotografías en donde, según él, se podía apreciar el avance de las obras por la que lo acusan.

Javier Mónico, senador por Rosario de La Frontera, e integrante de la comisión de Justicia que deberá evaluar la solicitud judicial, comentó que intentarán darle dictamen en el transcurso de la semana que viene “para que el Senado se pronuncie”.

Imputaron a D'Auría

Otro senador con problemas judiciales es el representante por Metán, Hector D'Auría, que, a diferencia de Ramos,  se puso a disposición de la Justicia, y ante un pedido de autorización al Senado para allanar y eventualmente  secuestrar pertenencias en su domicilio y oficina, solicitó a ese Cuerpo que trataran rápidamente ese expediente, por lo que en la misma sesión del 10 de junio se votó favorablemente el pedido.

Con el aval del Senado, los fiscales penales Sergio Castellanos y Nicolás Rodríguez López, imputaron ayer a D'Auria como autor del delito de tenencia simple de arma de fuego y a Ariel Castro como autor de los delitos de lesiones y amenazas con arma.

Los hechos investigados datan del 3 de junio cuando en la estación de servicio Refinor de Metán, propiedad del senador, hubo un altercado que terminó con golpes de puños, rotura de cristales e instalaciones del bar de esa gasolinera entre cinco clientes procedentes Tucumán.

Tras los hechos, algunos testigos dan fe de que vieron a D'Auría con un arma de fuego amenazando a las personas que se encontraban allí, algo que en su momento el senador negó rotundamente. Además del legislador, están imputados quien explota esa confitería, su hermano, y las cinco personas que comenzaron la trifulca.

Semana de la Seguridad Vial

Ayer en la sesión se aprobó un proyecto del senador Juan Cruz Curá que instituye la semana de la Seguridad Vial en la provincia, y que tiene como objetivo trabajar en la concientización difundiendo medidas de prevención para evitar los accidentes de tránsito.

El representante por Orán, explicó que la semana se definirá para que coincida con el Día Nacional de la Seguridad Vial, que es el 10 de junio de cada año. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su revisión. Curá argumentó que Salta se encuentra entre las provincias más afectadas del país por los accidentes de tránsito y por lo tanto “hay que poner la atención de la opinión pública sobre el tema y realizar actividades de concientización”.

Críticas a Figueroa

Marcelo Durval García se quejó por la visita de la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, a la localidad de El Quebrachal, en el departamento Anta. El senador indicó que la funcionaria, en su recorrido solo visitó a uno de los caciques del Pueblo Wichí de los tres que hay en la zona, lo que generó malestar en la comunidad. Y añadió que para cumplir con todos no necesitaba hacer largos recorridos, porque “viven en una misma manzana”.

Asimismo, reclamó a la cartera de Desarrollo Social que no se está enviando la cantidad de alimentos necesarias que requieren los comedores y merenderos de aquella localidad.