La ejecución de la megaobra del Gasoducto del NEA, proyectada en 2003 con el objetivo de llevar gas natural al noreste de Salta y a las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe, con una inversión de 2 mil millones de dólares fue suspendida con la llegada del macrismo al gobierno nacional. 

En Salta, donde estaban localizados los trabajos cuando se paralizaron, quedaron caños acumulados a la vista y otros ya soterrados. El robo de al menos 228 de estos caños, a finales de 2019 y comienzos de 2020, es el hecho que se investiga en el juicio oral que comenzó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta. Diez hombres están acusados, entre ellos el exintendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado (33), quien fue destituido a raíz de esta investigación penal. 

También está acusado el exsecretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Marcelo Céspedes. Se le reprocha haber firmado, junto a Prado, la resolución 1215, del 23 de diciembre de 2019, por la que ese municipio autorizó la remoción de caños en esa jurisdicción con la justificación de un saneamiento ambiental. Esta resolución fue luego usada para el traslado de algunos caños al sur del país. 

La audiencia, que se realiza en sistema mixto, parte presencial y parte virtual, se guía por el sistema acusatorio, por lo que tras la identificación de los acusados se escucharon los alegatos de apertura del Ministerio Público Fiscal federal, la querella de la empresa estatal IEASA (Integración Energética Argentina, exENARSA) y las defensas. 

La lista de acusados se completa con Diego Andrés Alos (47), Matías José Rossi (37), Milton René Saavedra (46), Adrián Antonio Vera (27), Cristian Marcelo Buzec, Bruno Raúl Degoy (53), Andrés Ayala (46) y Dante Oscar Rodríguez (28). 

“Los imputados saben muy bien por qué están sentados cada uno de ellos ahí”, empezó el fiscal general Eduardo Villalba. Afirmó que es un caso paradigmático, de “corrupción más corrupción” en que “el Estado saquea al Estado” y les perjudicades “siguen siendo los mismos, las personas”. 

Villalba presentó a la resolución 1215 de la Municipalidad de Aguaray, dictada por Prado "a poco de asumir", como "la protagonista principal de esta historia”, porque "da cobertura para que se produzca la sustracción de los caños”. Este instrumento otorgó a la empresa OSIP SA, de Alos, la posibilidad de remover los caños y autorizó su traslado. “No tiene ningún sustento jurídico, es una barrabasada jurídica”, sostuvo el fiscal, recordando que los caños son de propiedad del Estado nacional, no del municipio. 

Para el fiscal, la resolución fue ideada por Prado y Alos y “No tenía otro fin que sustraer, destruyendo esos caños del Estado nacional para ubicarlos y venderlos en el mercado negro, tal como se logró hacer en parte de los caños recuperados”. Aseguró que esta maniobra, que es onerosa, por las condiciones de las cosas sustraídas, se hizo con "plata de la municipalidad" de Aguaray. Añadió que el mismo día en que Prado asumió, el 10 de diciembre de 2019, ingresó la nota de Alos que originó la resolución de autorización. No fue por torpeza, aseguró, “había una manifiesta, una tenaz voluntad de delinquir”.

La resolución 1215 se usó, dijo el fiscal, para “darle un ropaje jurídico" al traslado de 67 caños que fueron vendidos a un comerciante de la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, Matías Rossi, de la firma Co-Marfil. 

Colaborador, estafador 

Los alegatos dejaron claro que Adrián Vera será central en este debate. El joven estuvo detenido en esta causa pero llega al juicio en libertad y "con el plus", en palabras del fiscal, de haberse acogido a la figura de "imputado colaborador", con lo que ayudó a la investigación. La defensora oficial Clarisa Galán, que lo asiste, adelantó que va a declarar en el proceso. 

El fiscal anticipó que espera ataques contra el joven. Y los alegatos de apertura de los otros defensores le dieron la razón, las más de las veces se refirieron a él como "estafador". 

Villalba dijo que Vera, que es de Mendoza, igual que Alos, llegó a Salta a instancias de su comprovinciano y de Prado, que lo contrataron para que fuera "el brazo ejecutor de la maniobra criminal”, porque tenía experiencia en el mercado de caños. Además del robo, le atribuyó la falsificación de documentación, entre ellos los remitos para trasladar los caños. 

Cuando se inició la investigación Vera estuvo prófugo, hasta agosto de 2020, cuando fue detenido, sorprendido robando caños de gas en el partido bonaerense de San Vicente. 

El fiscal aseguró que una vez en Salta, Vera contrató a Andrés Ayala, de la empresa Peterser, que cortó los caños y los acondicionó para el traslado en camiones al predio de Degoy y Saavedra, de la empresa MyP. “(Estos dos) Eran parte de la maniobra de Vera”, aseguró el fiscal, recordó que "trataron de mostrarse como personas que solo pusieron el predio para que ahí se guarden los caños”, pero dijo que se va a acreditar que realizaron pagos en nombre de Vera. 

Las patas de la mula

Prado está siendo juzgado por fraude a la administración pública en concurso real con el robo agravado de 161 caños. La misma imputación pesa sobre Céspedes, que ayer se declaró inocente y dijo que firmó la resolución 1215 solo porque ese día no estaba el secretario de Gobierno de Aguaray. Pero el fiscal no le cree: “Se metió entre las patas de la mula”, sostuvo. Alos tiene la misma acusación. 

A Rossi lo juzgan por encubrimiento real agravado. Vera está imputado por robo agravado en concurso real con el uso de documentación falsa.

A Buzec, que había sido contratado por Vera, también se lo acusa por robo, pero el fiscal le concedió que quedó involucrado en estos hechos porque no tenía trabajo y “cumplió un papel absolutamente menor” en los actos ilícitos.

Ayala también está acusado por robo agravado. Y Saavedra y Degoy, en calidad de partícipes necesarios de robo agravado.

A Rodríguez se le atribuye robo agravado pero por un hecho distinto, la sustracción de 14 caños secuestrados en el paraje El Desemboque el 12 de noviembre de 2019, es decir, antes de los otros robos. El fiscal reconoció que no lograron "determinar qué relación tenía con los hechos anteriores, pero hay una conexidad objetiva”. En este caso también estaba acusado Miguel Ángel Cuéllar, quien ya fue condenado merced a un acuerdo con la Fiscalía.

Perjuicio al Estado 

El abogado Sebastián Smith, representante de la querella de IEASA, dijo que robaron más de 600 caños, de los cuales se recuperaron "no más de 250". 

Pero "los caños recuperados no pueden ser reutilizados”, porque al cortarlos perdieron el estándar de calidad para el transporte de gas, explicó. También el fiscal resaltó que los caños no podrán ser utilizados para el gasoducto. El dato es importante para valuar el perjuicio provocado al erario público nacional. 

El querellante dijo que el perjuicio a IEASA fue de 5 millones de dólares, el costo de los caños sustraídos. “El perjuicio más grande no es a la empresa, sino a toda la sociedad”, agregó.

Smith también destacó la inversión de 2 mil millones de dólares en la obra del Gasoducto del NEA. Contó que los ramales de Santa Fe y el Chaco están concluidos y con un avance del 80% en Formosa. “Lo que resta de construir es en la provincia de Salta, son 130 kilómetros de gasoducto, y reconstruir los casi 8 kilómetros de gasoducto que se robaron los imputados en esta causa”. Y cuando se concluya, beneficiará a más de 1.700.000 mil habitantes. 

“Una película de Netflix”

Algunos defensores aprovecharon una frase del fiscal, acerca de que el caso era como "una película de Netflix", para chicanear: una película "es una ficción", aseguró el abogado Fernando Teseyra, cofedensor de Prado. Y pidió que no se dicte una sentencia sobre la base de especulaciones, como lo sería una película de la plataforma de entretenimiento. 

El letrado alegó que el ex jefe comunal "nunca tuvo una motivación criminal" al firmar la resolución 1215, y que su objetivo era erradicar pasivo ambiental de su municipio. “Una resolución quizás polémica. Punto”, resaltó. 

“Comparto los dichos del fiscal en cuanto a que estamos en una película de Netflix”, afirmó a su turno el abogado Sergio Heredia, defensor de Saavedra, Céspedes, Rodríguez, Degoy y Buzec. 

Heredia se diferenció de los otros defensores en que casi pronunció un alegato acusatorio. "Hemos completado la investigación fiscal", aseguró. Dijo que tenía que haber más de 20 imputados en este juicio porque “mucha gente participó de este saqueo del gasoducto”, y los denunciaron con nombre y apellido. Y añadió que el hecho de que no estén todos los involucrados perjudica a sus defendidos. 

Sostuvo que estos robos no pudieron concretarse "sin la participación del Estado" y que la sustracción de los caños "se planificó antes de que Prado asuma". "Fue planificado por gente de Aguaray” que había aportado dinero a Prado para la campaña, “cuando Prado ganó, tuvo que devolver esos favores". Y dio una lista de supuestos partícipes de la maniobra. 

Sobre Degoy y Saavedra, dijo que “fueron estafados por Vera, como fue estafado el propio fiscal por los dichos de Vera”.

También el defensor de Ayala, Salvatierra, aseguró que su defendido fue perjudicado, por $900 mil, porque Vera no le pagó el trabajo que contrató. 

Continuará

En su alegato el fiscal Villalba adelantó que pueden aparecer otros actos ilícitos, y otros involucrados. Recordó que hubo una intervención de la Dirección General de Rentas de la provincia que primero secuestró unos caños y luego los devolvió a la firma OSIP SA.

También "aparece el nombre de algún otro intendente al cual se le habría dado plata para que deje pasar por su municipio sin levantar la perdiz". Y se ventilará además la "responsabilidad del funcionario" que en el debate "aparezca nombrado por alguno de los imputados", con lo que este juicio "me parece que continuará”.