La primera audiencia del juicio oral y público contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, comenzará a las 13, en lo que constituye el primer caso de abuso sexual eclesiástico que llega a tribunales en Salta. El debate, al que no se permitirá el acceso de prensa se extenderá al menos hasta el 8 de julio.

En la audiencia de hoy, brindarán declaración tres de las víctimas del sacerdote. 

El proceso contra el cura, fundador de la congregación de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, se realizará ante  la Sala IV del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Maximiliano Troyano, como presidente; y Norma Vera y Roberto Lezcano, como vocales. Por el Ministerio Público intervendrá la fiscal Verónica Simesen de Bielke, mientras que la defensa  de Torino está a cargo de Humberto Oliver y Fabio Núñez.

El inicio del debate, la lectura de la requisitoria fiscal y la lectura del veredicto se podrán seguir en YouTube, mediante la transmisión del canal institucional del Poder Judicial de Salta. 

"En lo personal, todo este proceso es más que nada como visibilización. Espero que sirva de ayuda a mucha gente porque los abusos sexuales en Salta son más comunes de lo que se sabe. Espero que la gente se vaya despertando, en la sociedad el abuso sexual está muy naturalizado",  dijo días atrás en entrevista con Página/12 el primero de los denunciantes, Yair Gyurkovits, quien espera justicia desde el 17 de diciembre de 2015, cuando radicó dos denuncias, en la justicia ordinaria y en la eclesiástica, contra Rosa Torino y el cura Nicolás Parma. 

"Surge con claridad meridiana que desplegó conductas deshonestas"

En julio de 2019, las fiscalas penales Verónica Simesen de Bielke y Cecilia Flores Toranzos reformularon el requerimiento de remisión de la causa a juicio, y el pedido fue firmado por el procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo.

Simesen de Bielke y Flores Toranzos reformularon la acusación a partir de la resolución del 25 de junio de ese año, cuando el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nulo el requerimiento de la causa a juicio.

En el nuevo pedido, las fiscales dejaron constancia de que no comparten los fundamentos del vocal del Tribunal y precisaron, a través de 54 páginas, cómo se inició la causa; las declaraciones testimoniales de las víctimas y testigos; y las razones por las que se atribuyó al imputado la comisión de los hechos.

Entre los elementos probatorios detallados, seincluyen los resultados de las inspecciones oculares realizadas en los lugares donde habrían ocurrido los hechos, con planimetría y tomas fotográficas; peritajes sobre teléfonos celulares, un pendrive y DVD.

Del requerimiento se desprendió, entre otros puntos, que de la investigación “surge con claridad meridiana” que el imputado, valiéndose de su condición de “fundador y director” del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, “guía espiritual” de la comunidad religiosa y aprovechando tal condición, “desplegó conductas deshonestas en claro menoscabo de la libertad sexual de las víctimas”.

Las funcionarias precisaron que dichas conductas afectaron la dignidad humana de las víctimas “al producir sufrimientos y humillaciones tanto por la intensidad de su duración como por la repetición de tales conductas vejatorias, que dejaron huellas indelebles en sus psiquis”.

El pedido agrega que de la causa “surge el temor fundado que todas y cada una de las víctimas sufrió hasta poder llegar a denunciarlo pues, tal como lo manifestaron, jamás podrían expresar tales situaciones, porque inmediatamente eran humillados en público o gritados o insultados”.

Según consta en un informe del Arzobispado de Salta, “Rosa Torino fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Salta el 21 de noviembre de 1985 y estuvo incardinado en esa Iglesia particular hasta la fecha de la aprobación del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, en 2009. “A partir de ese momento, fecha dejó de estar incardinado en Salta y pertenece a ese instituto”, finaliza el informe.

Según las denuncias, los hechos investigados ocurrieron entre 2009 y 2012, en el ámbito de este instituto, que funcionaba en la capital salteña y que en octubre de 2015 fue intervenido por decisión del Vaticano, que también desplazó a Rosa de su cargo.

En junio de 2019, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica decidió cerrar este Instituto religioso de derecho diocesano.