“Nuestra Soberanía Audiovisual está en peligro”. Bajo ese lema se llevó a cabo el panel “Presente y futuro del cine nacional”, con participación de funcionarios públicos y distintos miembros del sector audiovisual moderadxs por la periodista Gabriela Radice. El encuentro fue impulsado por el colectivo Unidxs por el Cine ante la amenaza que la ley 27.432 (promulgada en diciembre de 2017) supone para el sector, ya que fija el 31 de diciembre de 2022 como fecha límite para el vencimiento de todas las asignaciones específicas de impuestos nacionales coparticipables.
La norma impacta sobre el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) porque entre los impuestos contemplados en el articulado figura el 10% de las entradas de cine y venta de videogramas y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de gravámenes a los canales de televisión y servicios de cable. Con el marco normativo actual, la recaudación no iría directamente al Incaa sino a Rentas Generales, bajo el riesgo de reasignaciones. El FFC no sólo financia la producción de películas sino también escuelas de cine, festivales nacionales, bibliotecas y concursos.
La introducción de la charla estuvo a cargo del documentalista Juan Mascaró, quien describió a Unidxs por el Cine como “una identidad colectiva dinámica y en construcción”. El espacio integrado por más de 30 asociaciones de todo el país fue consolidándose durante los últimos años a partir de diversos reclamos del sector, pero el eje del panel fue la soberanía audiovisual, definida por el realizador como la posibilidad de tomar decisiones estratégicas sobre las condiciones de existencia y supervivencia del cine nacional. “Hoy nos convoca un riesgo que vemos en el corto plazo: la posibilidad de que dejen de asignarse los recursos al FFC, que es el pozo común con el cual el cine se fomenta, filma y difunde”, advirtió.
En la apertura, Gabriela Radice celebró la aprobación de la ley de cupo laboral travesti-trans y citó las palabras de Fernando “Pino” Solanas: “Para que haya un gran cine tiene que haber multiplicidad de miradas y mensajes para una sociedad democrática”. Las primeras intervenciones estuvieron a cargo de Pablo Carro (diputado nacional por el Frente de Todos) y Daniel Lipovetzky (diputado provincial de Juntos por el Cambio), quienes en 2017 estuvieron presentes durante la aprobación de la ley que puso al sector en estado de alerta. “Quiero traer tranquilidad porque nuestro gobierno lo va a resolver. Se trata de una cuestión de sentido común y tiendo a pensar que Alberto Fernández es el presidente del sentido común, porque viene a resolver cuestiones claras y evidentes para todo el mundo”, destacó Carro, y aseguró que tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la necesidad de resolver el asunto con celeridad. Existe un requisito constitucional que exige el establecimiento de términos para los gravámenes de asignación específica, pero una de las posibles soluciones sería colocar un plazo de 99 años.
Como respuesta a las demandas del sector, Carro presentó un proyecto para la restitución de los fondos aunque aclaró que se trata de una maniobra defensiva, ya que impide futuros recortes pero no resuelve los problemas de base. “Tenemos que pensar cómo vamos a financiar las industrias culturales que nuestro país necesita en términos de soberanía cultural”, señaló. Lipovetzky, por su parte, se comprometió a apoyar el tratamiento del proyecto y se sumó a la autocrítica planteada por Carro: “Fue una ley ómnibus. Nadie profundizó en ese punto y, si la hubiésemos analizado, seguramente no la hubiéramos votado. Muchas veces los sectores involucrados en las leyes votadas no tienen manera de conocer el tratamiento de los proyectos. Es un problema que veo hace mucho en el Congreso y es algo que tenemos que empezar a revisar”.
Al proyecto del FdT se suma otro presentado en 2019 por el bloque opositor, que propone destinar un 10% del IVA que pagan las plataformas al FFC. Este tipo de iniciativas pueden leerse en un contexto en el que países como Francia o Reino Unido empezaron a exigir a las multinacionales una inversión en producciones locales para proteger la soberanía cultural. En la misma línea, Gustavo López (vicepresidente de Enacom) remarcó la necesidad de una ley proactiva que contemple los nuevos consumos culturales y permita defender, profundizar y aumentar la producción audiovisual nacional. “La asignación específica de fondos es algo que no debemos discutir más. A los tributaristas puede no gustarles, pero el cine en Argentina se puede producir porque existe una Ley de Cine que establece un gravamen específico para la producción cinematográfica. Las leyes de fomento existen porque la cultura tiene que ver con la identidad de los pueblos y es una herramienta de transformación social. Nosotros somos nuestros libros, nuestros discos y nuestra producción audiovisual; somos quienes mejor nos podemos retratar”.
Vanessa Ragone (productora y presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica) celebró el encuentro y sostuvo: “Estoy muy feliz porque acabamos de cerrar la grieta. Creo que el arte siempre va a tratar de unirnos y la decisión de poner hoy en juego esta discusión es muy importante. Me gustó escuchar a dos diputados de partidos distintos acordar en que hay que resolver esto”, y remarcó el rol que el audiovisual tiene hoy en la geopolítica: “Las grandes multinacionales tienen su estrategia de mercado, de comunicación y contenidos. Que vengan las plataformas a producir al país está bárbaro porque necesitamos trabajar, pero deben dejar parte de lo que aquí se llevan. Tenemos una balanza comercial muy desequilibrada y hay que equilibrarla; es un país reconocido, respetado y admirado históricamente por sus contenidos, entonces debemos ponernos en el lugar que nos merecemos. Creo que este gobierno está trabajando en eso y estamos en ese camino”.
La directora Andrea Testa aportó su propia experiencia en la militancia del cine, la construcción colectiva y los feminismos. “Considero que seguimos invisibilizando la otredad en el cine nacional (y me atrevería a decir plurinacional). ¿Cuáles son las historias que se cuentan y los cuerpos que se filman? ¿Nos representan a todes?”, cuestionó. Además, invitó a repensar las categorías de “cine nacional” y “cine independiente” e incluir la perspectiva de género desde las políticas públicas: “Estamos en un momento de concentración abismal: tres cadenas distribuidoras concentran el 90% de las pantallas, y la producción está concentrada en hombres blancos cis y en el AMBA”.
Ciro Novelli (realizador mendocino de la Red Argentina de Documentalistas) y María Gabriela Vera (productora cordobesa integrante de la Federación Audiovisual Argentina) acordaron en la demanda de mayor federalismo. Novelli subrayó que “la autonomía económica es libertad creativa” y pidió que las coincidencias se materialicen en políticas públicas. Vera, por su parte, remarcó la necesidad de un reparto equitativo del fomento en las distintas regiones del país y multipolaridad en la distribución. El cierre estuvo a cargo de la actriz y directora Ana Katz, quien recordó sus inicios como estudiante en las marchas por la Ley de Cine y recalcó que la Cinemateca no es un detalle: “En muchas situaciones sociales, afectivas y políticas aparece el silencio insistentemente, algo muy eficaz para el poder económico; lo contrario a ese silencio es nuestra identidad cultural, nuestra soberanía. El arte funciona muchas veces como caldo de cultivo y es donde se empiezan a expresar algunas cuestiones que representan realmente a un país, donde se puede pensar la sociedad hacia adentro. La cultura no es ingenua y es por eso que muchas veces no le dan espacio”.
Informe: Laura Gómez.
