“Ninguna sentencia puede ser justa,
ni ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad,
si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia”
Francisco
El importante lugar que ocupa en la actual agenda nacional el tema de la reforma judicial nos obliga a profundizar en el debate sobre cuáles son los cambios que deberían venir de la mano de dicha transformación institucional.
En general, se ha cuestionado el diseño institucional que tiene el Poder Judicial en nuestro país y se presenta al mismo como la principal causa del lawfare, que pareciera ser el mayor de los males del sistema. Frente a esto, las respuestas por parte del Ejecutivo nacional han apuntado a disminuir la concentración del poder que poseen en la actualidad los magistrados de los conocidos tribunales de “Comodoro Py”, mediante la creación de nuevos Juzgados y Tribunales Penales Federales. En la misma línea, se ha propuesto, también, la unificación de fueros, mecanismos de transparencia en el sistema de subrogancias y se creó un Consejo Asesor que elaboró un conjunto de sugerencias para modificar sistema judicial argentino.
Otro tema que ha sido ampliamente discutido, pero sobre el cual el gobierno nacional ha decidido no avanzar, es el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reducida cantidad de jueces de nuestro máximo tribunal nacional no encuentra demasiada justificación, especialmente si se compara con la composición que poseen las Cortes de igual jerarquía de otras naciones.
Desde ya estas iniciativas son importantes, pero para nada suficientes, especialmente si se piensa en realizar una verdadera transformación en nuestro sistema judicial que implique ir más allá de la lucha contra la judicialización de la política.
En primer orden, sería significativo que la nueva arquitectura tenga como resultado eliminar los privilegios y blindar a los jueces y juezas de la incidencia que tienen sobre sus decisiones los poderes económicos, políticos y mediáticos. Las mismas no pueden verse condicionadas ni siquiera frente a un circunstancial clamor de un sector del pueblo. Sino, por el contrario, deben ajustarse a derecho, a una ética de servicio y de imparcialidad, lo que los norteamericanos llaman el rule of law. Ello para que, parafraseando a José Hernández, la ley no sea como el cuchillo que no ofende a quien lo maneja ni, tampoco, como la tela de araña que la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos. Nunca. Ni cuando gobernamos unos ni cuando gobiernan otros.
Otro desafío fundamental es suprimir a todos los operadores de un color u otro, que actúan entre bambalinas como verdaderas mafias ofreciendo sus servicios de protección, extorsión o vengaza a quien pueda pagarlos. Son un peligro para la democracia que el poder político teme y utiliza al mismo tiempo, en vez de enfrentar con coraje a fin de eliminarlos.
Pero también, es imprescindible avanzar sobre el perfil de todos y todas aquellas que operan en nuestro sistema judicial, ya que, podemos reformar todo el diseño institucional del Poder Judicial, pero si quienes lo integran no cuentan con la formación y la orientación necesaria, los cambios no van a ser ni significativos ni, mucho menos, definitivos.
Cabe aclarar que jamás plantearíamos restarle importancia a los pergaminos académicos de los aspirantes a la magistratura, pero entendemos que también éstos deben demostrar su compromiso con la comunidad donde van a ejercer su jurisdicción. Esto garantizará jueces y juezas con conciencia social y ambiental, elementos esenciales para la construcción de una Justicia que tenga como centro a la persona y el goce efectivo de sus derechos. Para obtener dicho resultado, el Consejo de la Magistratura nacional y sus pares provinciales deben trabajar para que los Poderes Judiciales estén integrados por magistrados con mayor sensibilidad y responsabilidad social, entendiendo a la judicatura como una herramienta para la construcción de una sociedad mas inclusiva y no una manera de consolidar desigualdades como es hasta el momento.
Para tal fin, también hay que apuntar directamente a la formación que reciben los operadores del derecho. Una nueva Justicia necesita jueces comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, con mayor formación en Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales, que perciban a la Justicia como un servicio público, que entiendan al derecho como una herramienta igualadora y cuyo principal objetivo sea garantizar el goce efectivo de los derechos, principalmente, a los mas vulnerables.
Esto obliga a que las universidades realicen las modificaciones necesarias en sus programas, tanto de grado como de posgrado. En este sentido, es importante democratizar la educación de posgrado en nuestro país, especialmente en aquellos temas que resultan esenciales para el desarrollo estratégico de la Nación. Esto también garantizará el acceso a dichas instancias de formación a los sectores que, a pesar de contar con formación profesional, siguen siendo populares y se encuentran imposibilitados de afrontar los cuantiosos gastos que implica las especializaciones o maestrías.
Claramente todo esto debe pensarse, debatirse, planificarse y ejecutarse. No podemos dejar en manos de la suerte o del poder político de turno la definición de las cualidades que deben reunir aquellos que tienen en sus manos resolver los conflictos entre las personas. Especialmente, cuando se trata de un poder machista, integrado de funcionarios con cargos vitalicios, con funciones caracterizadas por un escaso control popular y que tienen la facultad de decidir sobre la validez de las normas generales dictadas por los poderes que expresan en forma mas inmediata la voluntad de las mayorías.
Ello atento a que es imposible pensar en una sociedad mas inclusiva y sustentable sin un Poder Judicial que acompañe estos procesos de ampliación de derechos. Pensemos en el rol que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación para facilitar el juzgamiento de las atrocidades ocurridas en la última dictadura militar. Nada de eso habría sido posible si no se hubiera impulsado un recambio en la integración de nuestro máximo Tribunal incorporando jueces que estuvieran comprometidos con las políticas de verdad, memoria y justicia. Otro ejemplo de ello, fue la resistencia que tuvo por parte de la Corte Suprema norteamericana el presidente Roosevelt para implementar su New Deal, fue la sustitución de los miembros de la misma lo que permitió impulsar cambios como la regulación del trabajo infantil y los salarios mínimos.
Esto es porque el diseño institucional puede ser dañino, pero es más nocivo cuando quiénes lo integran tienen un pensamiento jurídico conservador, desconocen completamente la realidad de los que menos tienen y no son conscientes de la responsabilidad social que la investidura trae consigo. Al mismo tiempo, un sistema judicial sin jueces probos nos conduce inevitablemente a una sociedad anómica y a un Poder Judicial sin legitimidad democrática.
Como resulta obvio, todos estos vicios afectan, en forma directa, a la gente común que resulta desatendida, ya que no es alcanzada por la Justicia con la misma “eficacia” y celeridad que la minoritaria clase política. Pero también, se ven perjudicados en forma indirecta, porque se da una intervención extraña en los procesos político-democráticos que termina atentando contra el Estado constitucional de derecho.
Quizás este resulta un momento oportuno para implementar en forma efectiva los juicios por jurados que contempla expresamente nuestra Constitución y para que la sociedad discuta si se puede avanzar con una reforma constitucional que permita limitar en el tiempo la duración en los cargos o que, al igual que en otros países, algunos jueces o fiscales puedan ser seleccionados mediante el voto popular.
Hay que tener en cuenta que, al final, la Constitución y las leyes dicen lo que a los jueces se les ocurre que dicen, por ese motivo necesitamos que aquellos que interpretan nuestro ordenamiento jurídico tengan el corazón y la formación orientada para acompañar los cambios que la construcción de una sociedad mas igualitaria y democrática necesita.
