En estos últimos días se escuchan las voces de siempre que critican la intervención del Estado, las consecuencias a futuro que tendrán las decisiones tomadas, que no se pueden cambiar las reglas universales y que el mercado funciona así, entre otras declamaciones por el estilo. Sin embargo, siempre es necesario analizar un poco mejor las situaciones para evitar este tipo de comentarios taxativos en el ámbito de la economía, pues, por ser taxativos, son erróneos.

Primero, el problema del precio de la carne y la alimentación de las argentinas y los argentinos es, de mínima, tan serio como cualquier otro. Soslayarlo porque modifica los incentivos de los exportadores y, por lo tanto, en un futuro puede generar represalias de su parte es, para empezar, tener el orden de prioridades cambiado.

Cuál es la raíz del problema. Según la teoría básica, los precios de un bien en cualquier mercado son considerados una expresión de su escasez relativa, por lo que un aumento sostenido en el precio implicaría que hay un exceso de demanda relativa respecto a la oferta existente.

Pareciera, ni más ni menos, que es lo que ocurre hoy en día en este mercado, donde se desencadenó un proceso de suba de precios que duplica (o más) la inflación general (convengamos que algunos cortes aumentaron más del 80 por ciento en el último año). Esto provoca una escalada de precios que reacomoda las cantidades demandadas en torno a la oferta disponible. Básicamente, sería como un sistema de subasta: el que paga más pasa a estar primero en la cola.

Partiendo de este marco simplificado, se puede indagar un poco mejor en el asunto. La pregunta inicial es: ¿Dónde existe el exceso de demanda en este mercado? ¿Es un problema del mercado interno?

Si se busca un poco de información en el IPCVA y se mira hacia el consumo del país se podrá observar que mientras el promedio de los últimos años estuvo un poco por debajo de los 60 kgs, en estos últimos dos años el consumo cayó fuertemente, en más de 10 kgs. Pero si, por el contrario, se mira hacia afuera, se observar la otra cara de la moneda. Tanto en 2019 como en 2020 hubo récord histórico de ventas al exterior (en cantidades) y cuando decimos récord histórico no es ninguna exageración: en todos los años de la serie histórica recopilada por el IPCVA no hay uno solo que supere las cantidades de 2019 y 2020. El año que le sigue a estas cantidades recién es el 2005, con un 25 por ciento menos, lo que además nos indica que fue un salto abrupto. Otro dato relevante es que en términos de precios (usd/kg) tanto el 2020 como el 2019 están dentro de los primeros diez mejores años. Tenemos entonces cantidades récords y precios altos, lo que resulta una excelente combinación para los exportadores.

Todo esto corrobora la teoría de que teniendo una demanda creciente la oferta se redistribuye entre aquellos que pagan más el bien, en este caso los extranjeros en dólares, en desmedro de los argentinos en pesos. “Así funciona la cosa”, dirán algunxs economistas ortodoxos en la tele cuando se les pregunte.

Pero esta situación que la mayoría de las veces se piensa desde la perspectiva económica liberal (bien aséptica) sin reparar un segundo en otros aspectos, es, sin embargo, inherentemente un problema político. ¿Es conveniente que los sectores más acaudalados acumulen un bien que la sociedad produce, mientras otro sector apenas lo adquiere para la subsistencia o la sociedad debe establecer un límite?

La pregunta adquiere mayor complejidad cuando se llega al punto de optar entre la acumulacion de un grupo y que otras personas se queden sin nada, y más aún si hablamos de alimentación, en este punto el problema se convierte en ético también, y en estos casos la política -ya lo hemos vivido- siempre puede dar mejores respuestas que la economía.

Una organización de pensamiento económico tan ortodoxo y liberal como es la OMC acepta que frente a situaciones de necesidad para abastecer el mercado local se pueden llevar adelante medidas que limiten o prohíban las exportaciones, lo hace específicamente en el artículo XI:2(a) de las normas GATT. Donde establece que las prohibiciones o restricciones de exportación temporales estarán permitidas para prevenir o aliviar faltantes críticos en productos alimenticios o aquellos otros productos que el país exportador considere esencial.

Es en este plano donde la medida del gobierno debe ser analizada también, para que la discusión no nos llegue simplificada, porque ninguna persona puede estar en contra de exportar más-sea carne o cualquier otro producto- al mundo, pero frente a una situación de emergencia que apremia en la mesa de los argentinos y las argentinas, son las prioridades lo que se discute.

De hecho, este tipo de medidas ya la han aplicado más de 102 países desde el comienzo de la pandemia, con una variedad de productos, tanto alimentarios como de otros tipos. Y el listado de países incluye a la UE, EEUU, Inglaterra, Rusia, China entre otros.

Entonces en un mundo que transita una situación extraordinaria, vemos medidas extraordinarias, por ejemplo: Los países europeos toman políticas intervencionistas, el Banco Central de Japón mantiene una emisión del 126 por ciento de su PBI y Joe Biden nos habla sobre la sindicalización y el estatismo.

Y sin intenciones de entrar en polémicas o insistir en juicios de valor, se puede observar en primera fila como los países que siempre han pedido solucionar nuestros problemas con medidas ortodoxas solucionan los propios con medidas heterodoxas. En este contexto, donde este tipo de medidas intervencionistas son la norma y no la excepción, donde la exportación de carne viene por su segundo año consecutivo record en cantidades, lejos de condenarse taxativamente la medida, deberíamos plantear la pertinencia del debate sobre la conveniencia de disminuir las cantidades de carne vendidas al extranjero para que los sectores sociales más perjudicados por la pandemia puedan volver a acceder a su consumo dentro del país.

* Licenciado en Finanzas (UADE) y Maestrando en Procesos de Integración Regional (UBA).