Las indagatorias a funcionarios del gobierno porteño y ejecutivos de Iron Mountain comenzarán hoy en el marco de la causa por el incendio del depósito de Barracas donde murieron diez servidores públicos. En total, 32 personas desfilarán por el juzgado Criminal y Correccional N° 18 a cargo de Pablo Ormaechea en los próximos meses. No está entre los citados por el juez Juan José Gómez Centurión, el responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) cuando se produjo el siniestro. La querella le apunta al actual jefe de la Aduana y no descarta pedir que declare el presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque gobernaba la ciudad de Buenos Aires el 5 de febrero de 2014, cuando ocurrió la tragedia. Recién ahora, a tres años y casi tres meses del hecho, podría haber algunos avances en el expediente. Otra investigación judicial por lavado de dinero relacionada con la anterior, es seguida por el fiscal Federico Delgado. Involucra a varias compañías que guardaban cajas con documentación en IM que resultaron quemadas.

Miguel Arce Ageo, uno de los abogados de las familias de los bomberos muertos, le dijo a PáginaI12 con qué expectativa llega a las indagatorias que empezarán este martes: “Nosotros queremos llevar a juicio a Gómez Centurión. Todos los elementos de prueba por los cuales se citó a los funcionarios y representantes de la empresa son los mismos por los cuales él debería ser indagado. No hubo control de los mecanismos de prevención del fuego, ni del vetusto estado de la pared que se derrumbó, ni de una columna que había sido inspeccionada en 2008. Tampoco tenía la empresa los elementos ignífugos y se archivó el expediente cuando Gómez Centurión estaba en la AGC. Era el responsable de controlar la seguridad y la Justicia tiene que explicar porque no lo llaman”. 

A la pregunta de si irían más arriba en el pedido de indagatorias, el abogado respondió: “Nosotros tenemos que llegar primero al jefe de la AGC. Cuando él hable nos daremos cuenta de lo que pasa. No descartamos nada, ni pedirle a la Justicia que llame a Macri y Rodríguez Larreta”. 

Los primeros citados a declarar serán Oscar Alfredo Godoy, personal de seguridad del depósito de la calle Azara que alertó sobre el incendio y Héctor Eduardo García, el responsable de seguridad e higiene de la multinacional estadounidense. Los seguirán desde el gerente general de IM en Argentina, Guillermo Lockhart, hasta distintos funcionarios del gobierno porteño que no superaban el cargo de director al momento del siniestro. La fiscal Romina Monteleone le pidió al juez Ormaechea las indagatorias de 32 personas, pero entre ellas no está Gómez Centurión. Mucho menos Macri y Rodríguez Larreta. El abogado Arce Ageo aclaró que “los querellantes podemos hacer el pedido, nos habilita la jurisprudencia”. 

Uno de los argumentos más fuertes del letrado para conseguirlo, es que “el expediente de habilitación de Iron Mountain estuvo desaparecido desde 2008 hasta ahora y lo tuvimos que reconstruir con el abogado de la empresa, porque no aparecía en el gobierno de la ciudad. Esa es una razón de sobra para llamar a indagatoria a Gómez Centurión”. Las dificultades para obtener evidencias probatorias no se ciñen al expediente extraviado de la AGC. El ingeniero especializado en seguridad contra incendios e inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña Edgardo Castro, investigó por su cuenta el siniestro y conocía el depósito. Además realizó varias denuncias públicas contra funcionarios de la ciudad. Hoy recuerda que “en plena investigación se permitió retirar material sin las pericias terminadas y fue el gobierno denunciado, el que tomó esa tarea en sus manos”. 

La remoción de escombros comenzó el 28 de abril de 2014 y casi un año después, peritos de la Policía Federal y el INTI presentaron sus informes donde concluyeron que el incendio habría sido intencional. Una pericia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) conocida en 2016 contradijo a las dos anteriores, según el portal Fiscales. 

Los antecedentes de Iron Mountain en otros países avalan la hipótesis del siniestro deliberado. En 1997 se le quemaron tres depósitos en Estados Unidos; en 2006 en Canadá e Inglaterra y en 2011 en Italia. Las pesquisas posteriores arrojaron que varios de estos incendios habían sido intencionales. En el caso de Barracas, la diferencia notable fueron las diez víctimas. Y la compañía estimó pérdidas que alcanzaron al 0,5 por ciento de sus ingresos. Muy poco si se consideran las graves consecuencias del hecho y sobre todo el régimen de exenciones impositivas que tiene en la ciudad de Buenos Aires. 

El diputado porteño Gabriel Fucks lo explicó así: “Es altísimo. Seis millones de pesos en los primeros tiempos según la auditoría. Todos estos detalles se los llevé a la justicia. Porque más allá de que uno no necesariamente acusa al Estado de la acción criminal, ningún juez puede dejar de ver las fallas que el Estado pudo tener”. La multinacional de EE.UU. no solo vive de un régimen impositivo a medida. También sigue haciendo pingues negocios con entidades públicas de la CABA, con el beneplácito oficial. El Banco Ciudad le confió la guarda y custodia de su documentación por 36 meses pese a que fue clausurado uno de sus depósitos de Villa Lugano durante 2016. Debería estar inhabilitada para presentarse a licitaciones según la ley 265 de Seguridad e Higiene porteña. 

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