“No vine a la Defensoría General a apañar ni consentir irregularidades; tampoco (a ejercer) la defensa corporativa", sostuvo el defensor general de Salta, Pedro García Castiella, en relación al jury de enjuiciamiento que se sigue contra la defensora oficial civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, a quien se acusa de haber incurrido en las causales de mala conducta, mal desempeño e incumplimiento de los deberes de su cargo. 

El defensor general dijo que le "tranquiliza" que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados "hayan tenido ante sus ojos la cara visible de la pobreza y el abandono del que resultaron víctimas" personas que habían recurrido a la Defensoría a cargo de Díaz y que no recibieron respuesta a sus pedidos. 

El miércoles último declararon cuatro personas cuyos trámites habían sido dejados en abandono por la defensora oficial ahora juzgada. Estos testigos fueron convocados por la acusación, que está a cargo del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, uno de los denunciantes de Díaz. El otro denunciante es su propio jefe, García Castiella. 

El defensor general dijo que esos testigos, y las otras muchas personas cuyos trámites no fueron atendidos, "son las verdaderas víctimas del abandono de las funciones que motivara la acusación en contra de la doctora Díaz”. García Castiella también dio su testimonio en la audiencia que se desarrolló durante toda la semana hábil que concluyó ayer. 

La actuación de la defensora oficial civil de Tartagal comenzó a ser observada en febrero último, cuando quedó involucrada en una causa penal que la investiga, junto a su hermana, la concejala Paola Díaz, por la retención y venta de donaciones que estaban destinadas a comunidades indígenas del norte salteño. 

La defensora fue suspendida y cuando llegó a su oficina el reemplazante, el defensor Luis Véliz, emitió un informe que motivó una auditoría de la Defensoría General. Así se detectaron más de 400 trámites con deficiencias. La Defensoría tomó 150 de esos trámites y pidió que Rosa Díaz fuera sometida a un jury para apartarla de su cargo. 

El miércoles declararon en el jury cuatro personas cuyos trámites habían sido demorados o no iniciados directamente por la defensora civil. 

Trámites sin iniciar 

El cacique Isaías Fernández, de la Comunidad El Quebracho, que vive en extrema vulnerabilidad, contó que tras el fallecimiento de su hermana en 2016, fue durante 4 años a la Defensoría procurando obtener la tutela de dos pequeños sobrinos, trámite indispensable para acceder a la asignación universal, que lo ayudaría a proveer a les niñes. El trámite nunca fue iniciado por la defensora. 

Otro testigo, R. V. O., relató que recurrió a la Defensoría Oficial 1 para iniciar los trámites por cuidado personal de 7 hijos menores de edad. Fue tres veces a la Defensoría y las tres veces le hicieron presentar la documentación necesaria, sin embargo, el trámite nunca se inició y hoy cuatro de sus hijos ya son mayores de edad.

La testigo Elvira Domínguez declaró que fue a ese organismo en procura de la guarda judicial de una nieta menor de edad que era huérfana de madre desde 2009 y cuyo padre biológico no se había hecho cargo de ella. Domínguez tiene escasos recursos económicos, por lo que la guarda también le iba a servir para percibir la asignación universal. 

A pesar de que presentó dos veces la documentación y firmó el poder, nunca se inició el proceso. Esta mujer también trató de iniciar otro proceso para la tutela de otres dos nietes, pero tampoco logró que se tramiten, y dos de sus tres nietes ya son mayores de edad. 

También dio su testimonio Norma Pezoa. Contó que se presentó en la Defensoría para iniciar un interdicto de recobrar posesión, porque había sido despojada violentamente de su inmueble. En noviembre de 2017 dejó la documentación correspondiente, entre ella un boleto de compraventa original y se lo extraviaron en la Defensoría. 

La Defensoría General informó que en los tres primeros casos se dispusieron medidas restaurativas urgentes y "se activaron las distintas actuaciones que ya se encuentran en trámite, las guardas provisorias ya otorgadas y salvados los riesgos de prescripción de la acción". En el cuarto caso, se encontró el boleto de compraventa en el proceso de ordenamiento dispuesto, y también se iniciaron trámites para subsanar la inacción de la defensora. 

La defensora oficial ya reconoció que no tramitó los casos que estaban pendientes al momento de su asunción, en 2018. Y lo explicó en las condiciones de abandono en que estaba la Defensoría Oficial 1 cuando se hizo cargo. E incluso aseguró que la entonces defensora general, María Inés Diez, estaba al tanto de esta situación. 

Esta afirmación fue refutada por el defensor general García Castiella al declarar como testigo, el mismo miércoles: “No creo que la doctora María Inés Diez haya estado en conocimiento, ni menos aún consentido semejante determinación; y si fuera cierto que asumió en el 2018 con una dependencia en condiciones de abandono como afirma la doctora Díaz, debió hacer lo mismo que hizo ahora el defensor Véliz, es decir, ponerlo en inmediato conocimiento de la Defensoría General, lo que no hizo”, le reprochó. 

“Reconocer como lo hace la doctora Díaz, que desconoció y abandonó todas las actuaciones solicitadas por personas carentes, ingresadas con anterioridad a su designación en el año 2018, es lo mismo que admitir que cuando asume un juez, disponga que todos expedientes anteriores a su designación, sean archivados o tirados”, alegó el jefe de los defensores oficiales de la provincia. Añadió que esta situación “más gravedad reviste" cuando "esas mismas personas continuaban concurriendo con posterioridad a la Defensoría a averiguar por el estado de su trámite, y se les respondía que debían esperar, que regresaran pasado un tiempo. Ni siquiera les hizo conocer que nunca se habían iniciado". 

Víctima de la represión, víctima de un abuso

Otra de las acusaciones que pesa contra la defensora oficial Rosa Díaz es por la utilización abusiva de una mujer en condiciones de vulnerabilidad para la elaboración de instrumentos falsos con el propósito de apoderarse de una vivienda en la ciudad de Joaquín V. González sobre la que tenía intereses la pareja de su hermana, la concejala Paola Díaz. 

En su testimonio el defensor general sostuvo que hay pruebas de que "no solo se utilizaron las instalaciones de la Defensoría, sino que también se invocó la condición de defensora oficial para confeccionar un acta y suscribir documentación relacionada con la compraventa simulada o fraudulenta, y además en representación de una personería que habría correspondido a su cuñado". 

Y puso énfasis en la manipulación de una persona "de condiciones de vulnerabilidad". Todos esos actos irregulares se ejecutaron en su nombre, y "la dejaron comprometida y expuesta a ser objeto de una acción penal y a un juicio civil en la localidad de Joaquín V. González". La mujer fue víctima de la represión a las protestas sociales de 2001 en el norte provincial. En esas acciones perdió un ojo y le quedó comprometida la visión en el otro ojo, contó García Castiella. 

El defensor general recordó también que en el allanamiento realizado en el despacho de la defensora oficial se secuestró "un documento que demuestra de manera contundente (la maniobra) y cierra el círculo de la maniobra desplegada a favor del cuñado de la doctora Díaz”. Y añadió que la defensora oficial no tiene el perfil o estándar exigible para ejercer la magistratura. 

Un cementerio en el armario

El miércoles también declaró el defensor multifuero de la ciudad de Embarcación, Luis Véliz. Contó que quedó sorprendido cuando se hizo cargo de la Defensoría Oficial N° 1 de Tartagal. Y todavía más se sorprendió cuando le informaron que había un armario repleto de documentación y carpetas de trámites sin iniciar. Eso fue lo que informó a la Defensoría General y provocó la investigación posterior que derivó en estas acusaciones. 

Véliz contó que en la Defensoría Oficial de Tartagal llamaban “cementerio” al armario que guardaba los trámites muertos. Resultó tan descriptivo el término que hasta los miembros del Jurado lo adoptaron para interrogar al testigo. El defensor indicó que el "cementerio" estaba en un espacio común, fuera del perímetro de la Defensoría Oficial Civil N° 1, y la documentación que guardaba había sido depositada allí por orden de la defensora enjuiciada.

En la audiencia también declararon María Belén Rubio, Aldo Rubén Saravia, Sebastián Oliver y Rafael Benegas, funcionarios de la Defensoría General que realizaron el inventario y la investigación que permitieron detectar los 150 casos de personas que habían recurrido asistencia pero "se los privó de asistencia y acceso a la justicia". 

También la abogada Laura Salas destacó la gravedad de muchos de los casos abandonados. Relató diferentes situaciones respecto de requirentes "invisibilizados" durante mucho tiempo y respecto de los cuales “a su extrema pobreza se sumaba la vulnerabilidad”. 

También declaró el abogado Santiago Sotelo, a cargo de la Planificación Restaurativa ordenada por la Defensoría General, consistente en convocar a las personas afectadas y consultarles si todavía necesitan realizar esos trámites. Así, en los últimos tres meses ya se ingresaran a los juzgados aproximadamente cincuenta actuaciones relacionadas a los trámites abandonados por la defensora oficial tartagalense.

La audiencia seguirá el lunes próximo, a partir de las 9, sin acceso del público ni transmisión vía internet.