Desde Santa Fe

El fiscal Martín Suárez Faisal pidió esta semana penas de 20 a 6 años de cárcel para seis represores por secuestros y torturas, en un juicio histórico que puso en foco al D2, el servicio de inteligencia de la Policía de Santa Fe. Un grupo de tareas que integraba la Comunidad Informativa –con la SIDE, el Destacamento de Inteligencia Militar 122 del Ejército y la Dirección General de Informaciones de la Casa Gris, entre otros- y era brazo ejecutor del terrorismo de estado. “La patota que hacía el trabajo más sucio de esta cadena de horrores que generó la dictadura”. Suárez Faisal solicitó 20 años de prisión para uno de los jefes del D2, Germán Raúl Chartier, que operaba en la Unidad Regional I por la “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a once víctimas; ocho años para uno de los oficiales del grupo Eduardo Riuli (por tres casos) y siete años (por dos hechos) al sargento Rubén Insaurralde, custodio del ex jefe de Policía de la provincia, Carlos Alberto Ramírez. Los otros tres imputados son el comisario de Laguna Paiva Fernando Mendoza (ocho años) y los cabos Omar Epifanio Molina y Antonio Rubén González (seis años), que eran carceleros en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), “el mayor centro clandestino de detención del centro norte de la provincia”, dijo el fiscal.

El Tribunal Oral de Santa Fe escuchó este jueves los alegatos de la acusación y el próximo seguirán las defensas. El juicio es por la persecución al último referente político del PRT Catalino Paez, su esposa Juana Medina y su hijo Mario que era un niño de 14 años y a ocho compañeros de militancia, entre febrero y abril de 1980. Las audiencias revelaron el ensañamiento contra dos hermanos de Catalino y sus parejas y 16 niños de las tres familias. Suárez Faisal ya pidió copias de los testimonios para profundizar la investigación a otros “agentes estatales” del D2.

En el alegato, el fiscal repasó el ataque a Catalino y a su familia y a sus ocho compañeros de militancia y la responsabilidad de los seis imputados en los hechos que se juzgan. Pero también puso en contexto el juicio: describió la estructura represiva en el centro norte y el rol del aparato de inteligencia en el plan criminal.

En esa línea, Suárez Faisal recordó las condenas del Tribunal Oral de Santa Fe a oficiales del D2. En el primer juicio, en diciembre de 2009 a Eduardo “Curro” Ramos y Héctor Romeo “Pollo” Colombini, ambos a 23 años de prisión. Ramos cumple hoy una sentencia a perpetua que se unifico con tres condenas posteriores. Y en 2019 a otros dos: en mayo, Víctor Hugo Cabrera (a seis años de prisión) y en agosto, el abogado Oscar Cayetano Valdez (a prisión perpetua) por cuatro homicidios.

En 2019 –recordó Suárez Faisal-, el Tribunal sostuvo que “‘no había quedado resquicio de duda’ que el D2, de San Martín y Obispo Gelabert” y la GIR –entre otros lugares- fueron afectados al accionar represivo en el marco del plan sistemático”. “Tanto Colombini como Ramos integraban la denominada patota”, un “eufemismo” que “describía a estos grupos asesinos del D2”. “Esto significa que antes de cualquier procedimiento, seleccionaban a sus víctimas, actuaban de manera subrepticia, a la noche, sin uniformes, en zonas liberadas. Acechaban a sus víctimas para detenerlas en el momento en que estaban más indefensas. Estos grupos son los que hacían el trabajo más sucio de la cadena de horrores de la dictadura”, agregó.

Suárez Faisal rememoró el operativo del 15 de febrero de 1980, cuando el D2 copó una fábrica de ladrillos en Lima, provincia de Buenos Aires, donde trabajaba Catalino Páez y su familia. Catalino, su esposa y su hijo Mario de 14 años “fueron privados ilegítimamente de su libertad mediante la utilización de violencias y amenazas”. El grupo de tareas estaba integrado por uno de los imputados, Eduardo Riuli, que “en ese momento era oficial ayudante, junto con una gran cantidad de agentes estatales. Se habló de 18 personas armadas, la mayoría vestidas de civil. Entre ellos estaban Riuli, el ‘Pollo’ Colombini ya condenado por este Tribunal, otro sujeto conocido como ‘Gato’ que se menciona en muchas causas y el ‘Tordo’, apodo que hemos escuchado mencionar desde los primeros juicios y que se trataría del también condenado a prisión perpetua hace dos años, el abogado Oscar Valdez, que también trabajaba en el D2”, dijo el fiscal.

Los Paez fueron trasladados en la caja de un camión frigorífico, donde ya estaba cautivo el hermano de Catalino, Miguel Paez, quien había sido secuestrado tres días antes, el 12 de febrero de 1980, junto a su familia en un campo del norte, donde vivían. Al llegar a Santa Fe, Mario y su tío quedaron como rehenes en el D2, en San Martín y Obispo Gelabert, mientras que Catalino y Juana estuvieron cuatro días en un centro clandestino en las afueras de la ciudad. Las torturas siguieron en el D2, donde Catalino fue colgado de una reja en la puerta del calabozo. “Lo interrogó el subcomisario (Oscar) Natali, quien lo amenazó de muerte. Y ahí estaba otra vez el ‘Pollo’ Colombini”, agregó el fiscal.

*El hombre de atrás. Suárez Faisal dijo que el comisario Chartier era el que firmaba los partes de inteligencia que le llegaban al gobernador de facto Jorge Aníbal Desimoni, al jefe del Area 212 que era el coronel Pedro Canevaro y al jefe de la Policía de la provincia, coronel Luis Tula, quien vivía arriba del D2, entre otros. “Chartier era uno de los principales responsables de producir inteligencia” que luego giraba a la Comunidad Informativa”, el aparato que integraban la SIDE, el Destacamento de Inteligencia Militar 122 del Ejército, la Dirección de Informaciones de la provincia y otras fuerzas. “El D2 también era un brazo ejecutor, como hemos visto en estos operativos ilegales y en los interrogatorios bajo tortura”, precisó.

“En ese momento, el jefe del D2 era el comisario Omar Fassi, del que dependía Chartier”. “Todas las víctimas” pasaron por el D2, “privadas de su libertad e interrogadas bajo tortura. La información que se sacaba” en la sala de tormentos “era registrada por el comisario Natali y los informes los firmaba Chartier”. El fiscal le atribuyó a Chartier "una responsabilidad funcional como jefe de esa estructura”. “Era el hombre de arriba", que circulaba “toda esa información arrancada bajo tortura a los detenidos”. “Los autores de escritorio, no colaboran de propia mano en la ejecución punible, pero tienen el dominio de los hechos".  Es una cadena de mandos: a mayor nivel, mayor responsabilidad”.

El destino de los informes de Chartier era la Comunidad de Inteligencia, donde el “rol preponderante” lo tenía el Destacamento de Inteligencia Militar 122 del Ejército. El fiscal recordó las condenas a tres coroneles del área: el ex subjefe del Destacamento, Jorge Roberto Diab (a 16 años de prisión, en 2014), Domingo Morales (a 22 años, en 2016), Héctor Melitón Martínez (a 12 años, en 2019) y a un PCI ya fallecido, Horacio Barcos (a 11 años, en 2010).

*El locutor de la voz pesada. Suárez Faisal dedicó un capítulo a desgranar la responsabilidad de Eduardo Riuli, a quien acusó por la privación ilegal y tormentos de Catalino Paez, su esposa Juana y su hijo Mario. Lo reconocieron en el secuestro de Lima y luego en el D2. “Riuli no era un policía raso. Mario Paez nos contó que pudo ver las torturas que le aplicaba a su madre cuando le tomaba declaración”. Ocho víctimas y testigos lo señalaron por su “voz gruesa y pesada”. Ya la identificaban de Laguna Paiva, donde Riuli “hacía publicidad callejera, animaba eventos, conducía programas de radio y TV”. En la indagatoria –dijo el fiscal- escuchamos “ese tono especial de su voz”.

“Mario Paez nos contó que Riuli le dijo en el D2: ‘Te tengo preparada una sorpresa’. Y lo llevó a una habitación, donde trajeron a su padre. Lo sentaron frente a él y le sacaron la venda. Un hecho terrible –comentó-. Mario percibió que Catalino apenas lo podía ver, que tenía la boca rota, la lengua afuera, estaba lleno de moretones. Riuli tomó a Mario de los hombros y le dijo: ‘Miralo bien y decile que diga todo lo que sabe porque si no, vas a terminar como él”. “Este episodio que nos contó en la sala de audiencias, lo ratificó en la inspección judicial del D2, donde identificó el lugar donde ocurrió el hecho”.