La ley nacional de cupo e inclusión laboral travesti - trans “Diana Sacayán - Lohana Berkins” ya es un hecho y en el futuro asoman otras vidas posibles. Vidas concretas como las que narran a Página/12 Vanina Palacios, Gabriela Toledo y Toni Domínguez, que accedieron a puestos laborales en el Estado a través de las normas de cupo e inclusión que en los últimos años se concretaron en diferentes puntos de país. Desde sus diversas experiencias, cuentan a este diario cómo su cotidianidad y la de sus afectos se vieron modificadas a partir del momento en que accedieron al empleo formal, la sensación de "reparación", y la posibilidad de “proyectar a futuro" a pesar de los múltiples casos de precarización laboral con los que en muchos sectores se efectiviza el cupo. ¿Cuáles son las próximas demandas de una población con la que el Estado aún tiene cuentas por saldar?
Las primeras
“Soy la primera mujer trans que se incorporó a trabajar luego de que se aprobara el cupo e inclusión trans en la provincia de Entre Ríos”, comienza a contar Vanina Palacios desde Paraná, donde trabaja desde noviembre de 2020 en la Cámara de Senadores provincial. A sus 45 años, el primer trabajo registrado de su vida le llegó después de "trabajar en kioskos, en una rotisería, limpiando casas, pero nunca con un recibo de sueldo, siempre informal".
"Es muy amplio y difícil de explicarle a la gente lo que se siente, pero hay algo concreto que es fundamental: acostarte a dormir y saber que al otro día tenés un plato de comida asegurado, contar con un sueldo a fin de mes y no tener que salir a trabajar sin saber si volvés con plata o no. Eso te cambia la vida a vos y a tus familiares y amigos, ellos están felices por mí", asegura Palacios, militante de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
Para Gabriela Toledo, su trabajo en la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, al que accedió luego del decreto presidencial que en septiembre de 2020 estableció el mínimo del uno por ciento de la planta del sector público nacional para personas travestis - trans, no es el primer empleo formal. En 2013, a Toledo la echaron de su trabajo como encargada de edificio después de realizar el cambio registral de identidad de género.
"Ya desde 2008 comenzó una trama de persecución y discriminación laboral hacia mí. Al día de hoy, si alguien visita ese edificio va a poder ver las inscripciones en los ascensores tratándome de 'puto' o 'enfermo'. En 2012, con la Ley de Identidad de Género, decidí cambiar el DNI y no pudieron aceptar dirigirse a mí como Gabriela, así que me tuve que ir", cuenta.
Desde entonces y hasta 2020, Toledo, de 52 años, no volvió a acceder a un empleo registrado: "Fui haciendo changas, limpieza en algunas casas, cuidado de niños, pero todo informal. También estuve un tiempo en prostitución, pero eso para mí no es trabajo", afirma y agrega que "me costaba muchísimo conseguir una vivienda, me cobraban el doble un alquiler. Por todo eso yo sé lo importante que es tener un trabajo en relación de dependencia, sueldo asegurado, seguro social y aportes jubilatorios".
En Buenos Aires, Toni Domínguez, egresada de la carrera de periodismo de la Universidad de La Plata (UNLP), docente e investigadora de esa misma casa de estudios, comenzó a trabajar en la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura de la Nación en enero de este año, también a partir de los cupos abiertos por el decreto presidencial. Todos los días llega desde La Plata al Centro Cultural Kirchner o a Tecnópolis, las dos sedes donde realiza su trabajo.
“Yo siento que acá hay un reconocimiento por mi formación, valoran mis conocimientos, los respetan, formo parte de las discusiones, pero en muchas otros espacios eso no sucede, todavía nos conciben como que solo podemos servir café o limpiar el piso. Le das media vuelta a ese discurso y de pronto termina siendo peor que el de la exclusión", advierte.
En efecto, al tiempo que las primeras normativas de cupo laboral comenzaron a ser implementadas en el país, las denuncias de organizaciones militantes por situaciones de precarización laboral fueron saliendo a la luz y abundan los casos de contratos precarios, por debajo del salario mínimo, exclusiones y maltratos dentro del propio ámbito laboral. "Puede haber una ley de cupo, pero en el espacio donde trabajamos tiene que haber sí o sí una mirada inclusiva", remarca Toledo.
De reparaciones y "méritos".
Una palabra atravesó buena parte de los discursos que se escucharon este jueves en la Cámara alta: reparación. Así conciben también las organizaciones a la ley de cupo e inclusión laboral travesti - trans, como un acto de reparación por parte del Estado hacia una población históricamente oprimida. Domínguez, que se define como de una nueva generación a la que le “está llegando la posibilidad de proyectar a futuro”, no se olvida de que “nuestras compañeras vivían saliendo a trabajar sin saber si iban a volver a sus casas".
Toledo, en tanto, integrante de la agrupación Rosa Naranja del Frente de Orgullo y Lucha, lo resume así: "Cuando una tiene una pelea, le quedan heridas, y esas heridas se transforman en cicatrices. Esas cicatrices no nos las van a sacar nunca, pero esta ley viene a aliviar un poco esos dolores que hemos tenido". Y hacia el futuro, Palacios agrega: "Que nuestros niños y niñas sepan que hay una ley en la que están amparades".
"Es una forma de pedir perdón por parte del Estado. Reconocer la lucha de las organizaciones militantes y reconocer que se llegó tarde para un montón de compañeras que realmente podrían haber cambiado la realidad del país desde sus lugares", añade Domínguez.
Del otro lado, quienes se oponen a reparar centran sus ataques contra la ley en una supuesta oposición entre cupo y mérito para acceder a los puestos laborales. "¿A qué mérito se refieren? En todo caso el mérito lo tiene que hacer el Estado para reparar a una comunidad olvidada. Es muy fácil hablar cuando tenés la billetera llena", rebate Toledo y asevera que "no hay dudas de que el mérito lo tenemos porque somos muy capaces".
Domínguez cuenta que, al día de hoy, aún le siguen llegando ataques a través de mensajes privados en las redes sociales. "Me preguntan '¿y vos cómo llegaste ahí?', no pueden concebir la idea de que estemos en estos lugares", reflexiona y reformula la pregunta: "¿Quién llega ahí? todavía la incorporación sigue siendo poca y en algunos lados excluyente, yo creo que la inclusión laboral travesti trans en el Estado también tiene que ver con modificarlo desde adentro, con nuestra propia práctica. Yo milito desde adentro del Estado para transformarlo", cuenta Domínguez, integrante de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
Para acceder a sus puestos, tanto Palacios como Toledo y Domínguez atravesaron un proceso de selección que incluyó también a más candidates. "Presenté el currículum y tuve entrevistas. Yo tengo secundaria terminada e hice muchos cursos de capacitación, pero en otros trabajos nunca lo habían tenido en cuenta", indica Palacios. Por su parte, Toledo subraya que "no todo el colectivo tiene la primaria y secundaria completa, y además muchas chicas tienen causas penales, por eso son importantes los artículos 6 y 7 de la ley”.
No discriminación
Los artículos 6 y 7 de la ley votada en el Congreso son presentados en el texto como artículos de "no discriminación". El 6 establece que, para acceder a los puestos laborales, "el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo", sino que se permitirá el ingreso "con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos". Será el Estado quien deba garantizar los medios para completar la finalización de la escolaridad.
En tanto, el 7 prevé que tampoco podrán ser considerados para el ingreso los antecedentes contravencionales de la persona postulante, ni los antecedentes penales "que resulten irrelevantes para el acceso al puesto", considerando "la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo". Precisamente este último artículo fue uno de los más atacados por la oposición, incluso senadores del Pro que votaron a favor de la ley pidieron que el Ejecutivo busque "una redacción mejor" cuando sea reglamentada.
"Si no estuvieran esos artículos la ley sería excluyente", advierte Toledo, quien agrega que "si hay chicas con causas penales no es porque quisieron tenerlas sino porque nos obligaron a vivir una vida de extrema vulnerabilidad, fue el Estado mismo el que nos llevó a tener estas condiciones de vida".
Por su parte, Domínguez recuerda la fórmula utilizada en los Códigos Contravencionales postdictatoriales para arrestar a las personas travestis - trans en la vía pública: "Ropa no adecuada al sexo". "Nuestras compañeras se morían en los calabozos", sentencia.
Las cuentas pendientes
Proyectos como el de la "Ley integral para personas trans" comienzan a aparecer en el horizonte para dar respuesta a problemáticas que van más allá de lo laboral y asegurar el reconocimiento pleno de la igualdad de derechos. Acceso a la educación, a la salud y a la vivienda digna, reparación económica para personas mayores, son algunos de los aspectos que aparecen a la vista si se aborda la cuestión desde un enfoque integral.
"La ley de cupo e inclusión apunta a poder solucionar en el aquí y ahora de una nueva generación de travestis y trans que venimos con otras demandas y otras posibilidades, a nuestras compañeras más grandes les hacen falta otras cosas", explicó en este sentido Domínguez, quien detalló que "la gran mayoría no tienen casa propia ni son jubiladas, es muy complejo el entramado de vulneraciones que sufren. Una ley de reparación para adultas mayores también tendría un tinte muy simbólico en el sentido del perdón por parte del Estado, y además fue el último pedido de Lohana Berkins".
Al día de hoy existe un proyecto de ley denominado "Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans", que fue presentado en la Cámara Baja por la diputada Gabriela Estévez (FdT) y que plantea una percepción vitalicia para todas las personas travestis y transexuales mayores de 40 años, hayan o no realizado la rectificación registral. El monto a percibir previsto equivaldría a la Pensión Universal para Adultos Mayores. El proyecto fue presentado el pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, pero aún no fue tratado en comisiones.
