El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,anunció ayer que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente “originaria” para refundar las estructuras del Estado y derrotar el “Golpe de Estado” que sus opositores habrían desatado en su contra tras un mes de protestas callejeras. En vísperas al Día del Trabajador, el mandatario anunció un aumento del 60 por ciento del salario mínimo.

“Hoy, 1º de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones   presidenciales como jefe de Estado constitucional de acuerdo al artículo 347 de la Constitución convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Maduro durante un acto en el centro de Caracas.

“Yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar a la violencia fascista”, manifestó el presidente, que ha enfrentado un mes de protestas opositoras que han dejado un saldo de 30 fallecidos y centenares de heridos y detenidos.

Maduro indicó que activará una “Constituyente ciudadana, no de partidos políticos”, por lo que la misma sería “electa con el voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentes, aproximadamente”, al tiempo que “unos 200” serían elegidos directamente por los movimientos sociales como los sindicatos, el “poder popular”, los indígenas, grupos de la “sexodiversidad” o las mujeres organizadas.

Sin embargo, el gobernante no aclaró si la Constituyente se encargaría de redactar una nueva Constitución o se limitaría a reformar la actual Carta Magna, aprobada por referéndum en diciembre de 1999 tras un proceso convocado por el fallecido presidente Hugo Chávez, el padre de la Revolución Bolivariana que ahora lidera Maduro. 

Maduro sostuvo que la Asamblea Constituyente tendría como objetivo “reformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está allí”, que cuenta con una clara mayoría opositora tras las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015. 

La oposición venezolana llamó a rebelarse contra la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente, advirtiendo que reafirma un “golpe de Estado” para evadir elecciones. “Es una estafa para engañar al pueblo con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado y buscar con la Constitución destruir la propia Constitución, la democracia y el voto”, denunció en rueda de prensa Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora. 

“Llamamos a rebelarse al pueblo y no aceptar este golpe. Lo que está proponiendo Maduro en su desesperación es que Venezuela más nunca logre votar en unas elecciones directas, libres y democráticas”, agregó el diputado sobre la propuesta para cambiar la Carta Magna.

 Tras juramentarse la nueva Asamblea Nacional en enero de 2016, la oposición prometió que su principal objetivo sería sacar a Maduro de la presidencia ese mismo año activando un referéndum revocatorio en su contra, pero finalmente los tribunales terminarían anulando el proceso.

Paralelamente, la instalación de la Asamblea Nacional derivó en un choque entre el Legislativo y los demás poderes del Estado, a los que la oposición acusa de estar subordinados a Maduro, lo que derivó en que el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara al Parlamento en “desacato” por juramentar a tres diputados cuya elección había sido suspendida por el propio máximo tribunal.

El “desacato” causó que la virtual totalidad de las decisiones emanadas desde la Asamblea Nacional hayan sido anuladas por el Poder Judicial, por lo que la oposición ha denunciado que Maduro ha llevado adelante un “golpe de Estado continuado” o un “autogolpe” contra el Parlamento.

Para reducir las tensiones, la Unasur con el apoyo del Vaticano intentó activar un proceso de diálogo político entre la oposición y el gobierno, pero el mismo terminó en un fracaso por la falta de concesiones de ambos bandos.

La oposición ha exigido al gobierno liberar a los llamados “presos políticos”, restituir las competencias de la Asamblea Nacional, permitir la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela y una salida electoral a la crisis, pero Maduro descartó acceder a estas peticiones por considerar que eran inconstitucionales.

Maduro aseguró que el objetivo de la Constituyente sería plasmar en la Carta Magna y las leyes los derechos sociales ganados durante la revolución bolivariana como las misiones de salud, el acceso universal a las pensiones o el derecho a la alimentación y las tierras para los campesinos. El mandatario subrayó que tomó esta decisión “para ganar la paz, para vencer el golpe de Estado”, ya que “un golpe de Estado como el que está activado sólo se derrota con la unión cívico-militar y la Constitución en la mano”.

Maduro señaló que anoche mismo firmaría el decreto que establecería la Comisión Presidencial Constituyente liderada por el dirigente oficialista Elías Jaua, para que “lleve la propuesta a consulta de las bases populares de todo el sistema de elección y se establezca con claridad el poder plenipotenciario de este poder”.

El presidente, empero, reconoció que su llamado también acarreaba riesgos, ya que una victoria opositora en la consulta significaría que sus adversarios tendrían el control de un organismo “plenipotenciario”, cuyas competencias estarían por encima de todos los poderes.