La sorpresiva tragedia que esta semana tuvo como epicentro al edificio residencial Champlain Towers de Miami se mira con un poco de distancia en la Costa Atlántica aunque no deja de traer malos recuerdos. En más de una oportunidad, algunas ciudades turísticas bonaerenses han sido noticia por desprendimientos de edificios que provocaron muertes y que, a lo largo de los años, reinstalaron el debate por el estado de las construcciones.
Mar del Plata y Villa Gesell son testigos de los casos más graves y recientes. En “La Feliz”, el último episodio fatal data del 31 de julio del 2020, cuando María Gómez, de 48 años, perdió la vida al sufrir el impacto en la cabeza de un pequeño trozo de revestimiento mientras caminaba junto a sus dos hijos --que se salvaron de milagro y ni siquiera sufrieron heridas-- por la zona de Colón y Arenales, a pocos metros de La Rambla.
En febrero, marzo y mayo de 2021 hubo tres siniestros de esta índole. No hubo víctimas pero la situación más preocupante, y que quedó grabada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), fue la que se desató el 14 de mayo. En aquella madrugada se cayó el cartel y el voladizo de una farmacia de Fortunato de la Plaza y Talcahuano, una zona muy concurrida por los marplatenses.
Pero el antecedente que despertó mayor conmoción en Mar del Plata y el país ocurrió hace dos veranos: el 29 de diciembre del 2018, Agustina Ferro, de 35 años, y su hija India Luzardi, de 3, paseaban por la zona comercial de Punta Mogotes hasta que, en unos segundos, se desplomaron sobre ellas tres balcones en la esquina de Puán y Acevedo. Nada se pudo hacer para salvarlas.Y en el auge de la temporada siguiente, Villa Gesell reportó un evento muy parecido: el 5 de enero del 2020, se desprendieron tres balcones de los departamentos del edificio GufiYiyo, ubicado sobre la avenida Costanera, a metros de la calle 301. Afortunadamente, en esa ocasión, el final fue distinto y no se registraron heridos.
“Es un llamado de atención para todo el mundo ver cómo se desploma de la manera que lo hizo un edificio en una zona sísmica, marítima, de huracanes y ciclones, que tiene un grado de seguridad al momento de la construcción. Desde luego que lo de Miami es atendible a distintas cuestiones particulares, pero debe verse como un llamado de atención y nos pone en un estado de sensibilidad por lo que ya vivimos”, reconoce a Página/12 Nicolás Valdez, director gesellino de Inspección de edificios privados y espacios públicos.
La dirección que conduce Valdez tiene solo dos años: nació, precisamente, por la preocupación que generó el incidente en GufiYiyo. El distrito contaba desde 2002 con la ordenanza 1847/02 pero el problema es que nunca la había reglamentado, por lo que no existían controles del municipio. Desde que el intendente del Frente de Todos Gustavo Barrera puso manos a la obra y creó el área, se realizaron 844 notificaciones a propiedades, se aplicaron seis multas y se clausuraron cuatros edificios multifamiliares. “Acá es muy nueva la aplicación del marco normativo pero está dando buenos resultados”, destaca.
La ordenanza de Gesell es una “copia fiel”, según las propias palabras del funcionario, de la ordenanza 12.562/97 que rige desde 1997 en Mar del Plata, y que exige a los responsables de los edificios de más de diez metros de altura y con más de diez años de antigüedad presentar informes que se actualizan cada tres años. “La responsabilidad recae sobre los profesionales que firman los informes y hacen los trabajos y sobre cada uno de los dueños de consorcios”, aclara el secretario marplatense de Obras y Planeamiento, Jorge González.
Sin embargo, desde la tragedia de Mogotes también hubo movimientos normativos. El primer paso lo dio el exintendente Carlos Arroyo con un decreto que establecía que los propietarios de edificios de más de dos pisos y con más de cinco años debían informar sobre el estado de conservación de sus estructuras. Y en diciembre del 2020 --al cumplirse el segundo aniversario del derrumbe en el sur--, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto más integral impulsado por el bloque del Frente de Todos que se conoció bajo el slogan “Edificios Seguros”.
Virginia Sívori fue la concejala que dio forma a la ordenanza, que incluye, entre otros aspectos, el desarrollo de una app para abrir un canal de vinculación entre los propietarios, administradores, profesionales o técnicos matriculados y el municipio, con el objetivo de mantener actualizadas las certificaciones de mantenimiento de las construcciones y su equipamiento. Hasta la fecha, no se puso en práctica pero el funcionario de Guillermo Montenegro prometió, ante la consulta de este medio, que “en los próximos días va a estar en marcha”.
Al compartir su análisis de la problemática, González no transmite el mismo tono de preocupación del director gesellino y remarca que los antecedentes locales son “totalmente distintos” en comparación al colapso estructural de Miami. “En Mar del Plata hay un suelo de fundación muy distinto, una construcción muy distinta desde el punto de vista tecnológico, y una legislación importante que también es muy distinta”, sostiene.
Eduardo Agüero, el presidente del Colegio de Arquitectos Distrito IX, respalda esta mirada aunque reconoce que “tampoco hace falta un gran derrumbe para tener que lamentar una vida humana”. “Desde que se implementa la ordenanza, el grado de conservación general es bastante bueno. Lo que sí se puede ver es una falta de control del municipio porque el área encargada se fue quedando sin personal y tecnología, y a veces parece que si no se hacen las intimaciones, el sistema lamentablemente no funciona”, señala.
Por eso, el Colegio de Ingenieros bonaerense defiende la postura de Villa Gesell y asegura que “un caso similar al de Miami se podría repetir en nuestra costa bonaerense” a raíz de la “gran cantidad de edificios que necesitan de un fuerte control del mantenimiento periódico" en las ciudades balnearias. En la entidad conducida por Norberto Beliera recuerdan que las construcciones requieren de "la aprobación de los cálculos estructurales por parte de los municipios que son los que tienen el poder de policía" pero apuntan que “en muchos casos carecen de profesionales debidamente formados para realizar esta tarea”.
Salitre, el condicionante “agresivo” que siempre preocupa
Está claro que no es lo mismo pensar una construcción en San Juan, donde la actividad sísmica es recurrente año tras año, que en cualquier localidad de la Cosa Atlántica. Cada ciudad tiene sus particularidades. Y por la cercanía con el mar, la principal precaución a considerar dentro del sudeste bonaerense está relacionada con la cantidad de salitre que circula en el aire por el impacto en la corrosión de diversos materiales.
El nivel salinidad que presenta Mar del Plata se ve reflejado con el degaste que sufren las estructuras metálicas del sector costero. A pesar de usar hierro galvanizado y otros procesos que prolongan la vida útil, los semáforos, las columnas de alumbrado y los soportes de cartelería suelen durar la mitad del tiempo que en Capital o cualquier otra parte del país por la exposición a la humedad. “El aire salino que genera la proximidad con el mar es lo más grave porque genera corrosión en el acero. El acero, al corroerse, aumenta su volumen y eso rompe todo lo que está alrededor. Así puede estallar el hormigón o puede haber desprendimientos de revoques, que es lo que se ve normalmente”, explica Agüero.
Otro de los factores a tener en cuenta en las construcciones próximas a la costa son el viento y el tipo de suelo. “Las estructuras se calculan a partir de cierta proporción entre la base y la altura, y ahí entra el cálculo del viento. La zona costera se caracteriza por tener un fuerte viento pero en general lo que sí tenemos es muy buen suelo para fundación”, destaca el arquitecto, e insiste: “El problema pasa principalmente por el clima. Tenemos un clima muy agresivo si nos comparamos con otros lugares, como la costa de Chile”.
El profesional también advierte que los nuevos materiales de revoque que se comercializan en la industria “tampoco están dando buenos resultados” para hacer frente a las particulares variables climáticas de Mar del Plata y la región. “El proceso antiguo era hacer la capa hidrófuga, el revoque grueso, el revoque fino, y después la pintura. Ahora empezaron venir productos que saltean tres o cuatro pasos en uno y quizás en la Pampa o en Buenos Aires andan bien pero acá han generado muchos desprendimientos de revoque”, apunta.
Valdez, en este sentido, hace referencia a la gran antigüedad de algunas viviendas de Gesell y a las diferencias que presenta esa construcción con relación a los inmuebles más nuevos. “Nuestro partido tiene 89 años y hay edificaciones de 88. Muchos edificios, los más añosos, están construidos con arena del lugar y quizás ahí no se respetó el proceso de higiene para sacarle el salitre, o se usó agua que tal vez no era potable, y todo esto genera una química diferente a la que se puede encontrar hoy”, afirma.
Mayor legislación
Las distintas voces coinciden en la necesidad de ampliar las normativas vigentes para que haya un mantenimiento más estricto y se prevengan tragedias. “Si nosotros queremos evitar problemas estructurales de los edificios más viejos, nada de lo que se hace hoy como control lo evitaría”, advierte Virginia Sívori, la concejala marplatense del Frente de Todos, y agrega: “Los informes que se exigen ahora no dejan de ser cosas semisuperficiales. Hace falta ver más estructura, sobre todo en las ciudades costeras, porque hay cosas que no saltan a la luz si no se hace una radiografía a fondo”.
El secretario de Obras de General Pueyrredon también hace énfasis en la conciencia y la importancia de "extremar todos los cuidados" para evitar siniestros. "A pesar de todo lo que trastocó la pandemia, estamos trabajando para hacer más fácil la tarea, no solo desde el punto de vista de los trabajos sino desde lo económico, para que los consorcios lleven adelante el mantenimiento que hay que hacer. Y no cabe dudas de que hay que seguir tratando de perfeccionar la normativa para que no solo tengamos los controles que hoy tenemos sino que a futuro haya más y mejores", ratifica González.
El funcionario de Gesell considera que la ordenanza actual “necesita aggiornarse imperiosamente” y apunta críticas a la oposición (en este caso, el bloque de Juntos por el Cambio) por negarse a tratar una modificación que impulsa la gestión de Barrera. “Pretendemos tener un código que nos permita, en un solo apéndice, encontrar la normativa que hace a la seguridad no solo de la materialidad de la construcción sino a la protección contra incendios, el riesgo eléctrico, la conservación de ascensores y lo que atañe a una vivienda multifamiliar”, plantea Valdez, y concluye: “Esto es una necesidad urgente a atender. No se trata de cosas suntuosas o estéticas sino de garantizar un partido seguro”.
