La Corte Suprema podría rechazar en los próximos días el pedido de Milagro Sala para que se anule su detención por inmunidad parlamentaria, como integrante del Parlasur. En el tribunal ya hay una mayoría que considera que no tiene fueros que la protejan. Pero todavía no están claras las posiciones de los supremos sobre el otro planteo en juego, que dice que su detención fue arbitraria y que no hay fundamentos de que pueda fugarse o poner en peligro el proceso judicial en su contra. Ese punto, que será determinante en el reclamo de libertad, no sería resuelto ni antes de la visita del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Personas de Naciones Unidas, prevista para el 8 de mayo, ni antes de la llegada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vendrá a la Argentina para sesionar el 22 de este mes. Al menos eso es lo que hablaron los jueces en sus últimas reuniones, contra las expectativas de los organismos de derechos humanos de que Sala recupere la libertad antes del desembarco de ambas representaciones internacionales en momentos en que el gobierno de Mauricio Macri recibe cuestionamientos por su detención por parte de mandatarios extranjeros. 

La Corte planea tomar una decisión en dos etapas, según informaron a PáginaI12 en dos despachos supremos. Tal como se perfila la discusión interna, el único fallo que abriría la posibilidad de que Sala recupere la libertad quedaría postergado para después de las visitas internacionales. Tanto el Grupo de Detención Arbitraria como la CIDH fueron invitados por el Gobierno nacional, que está incómodo con la prolongación de la prisión de la dirigente social y política de Jujuy, detenida el 16 de enero de 2016 tras un acampe frente a la Gobernación. Pero Sala no quedó presa con prisión preventiva por aquella protesta sino por causas que fueron apareciendo mágica y oportunamente después: una por asociación ilícita, por supuestos desvíos de dinero recibido para esas cooperativas, y otra por presunta instigación de una tentativa de homicidio de una niña de 11 años (que resultó herida) en un enfrentamiento entre dos hombres, uno de los cuales volvió después de siete años prófugo y acusó a Sala. El “grupo” de Naciones Unidas es el que el año pasado evaluó que la detención de Sala es “arbitraria” y que debe ser liberada. La CIDH sesionará aquí sobre distintos casos, pero no puede hacerlo en aquellos donde el Estado argentino es parte. 

El mes de mayo estará signado por estas presencias que en la Corte algunos jueces ven como parte de una sobreactuación del Poder Ejecutivo –que invita en una especie de señal de interés y transparencia– pero también como un intento de marcarle los tiempos y la cancha al tribunal. Para el Gobierno la prolongación de la prisión de Sala se convirtió en un problema que ya no quiere. Para evitar que se propague como escándalo internacional, necesita la decisión de la Corte, cuya relación con el oficialismo es inestable. 

La Procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó que la detención de Sala es “ilegal” y que debe ser liberada. Le dio la razón en sus dos reclamos: dijo que se había violado su inmunidad de arresto como integrante del Parlamento del Mercosur, ya que la ley que determina el mecanismos de elección de estos parlamentarios prevé que tienen la misma protección que un diputado nacional, y sostuvo que Superior Tribunal de Jujuy (la Corte que Morales armó a su medida) no fundamentó los llamados riesgos procesales que podrían justificar su encarcelamiento preventivo. 

Los jueces supremos no comparten el primer punto con Gils Carbó. Algunos plantean, en línea con una sentencia de la Cámara Electoral sobre un reclamo del ex diputado Gerardo Milman, que los fueros parlamentarios solo pueden emanar de la Constitución pero no de una ley. También hay quien sostiene, en el tribunal, que si Milagro Sala nunca llegó a jurar como parlamentaria no hay nada que discutir. Lo cierto es que los supremos tienen, por lo pronto, mayoría para rechazar el argumento de que la detención es nula por la protección de los fueros. Ya hay un proyecto de una de las secretarías circulando por el cuarto piso del Palacio de Justicia. 

Todavía no está claro qué pasará con la discusión sobre la posible arbitrariedad de la detención. Gils Carbó recordó que toda persona tiene derecho a esperar un juicio en libertad a menos que se demuestre el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La Procuradora citó las conclusiones del Grupo de trabajo y reparó en que las imputaciones legales contra Sala se multiplicaron después de su detención tras una protesta contra Morales. Gils Carbó hizo notar que las razones de la detención definida por el Superior Tribunal sólo respondían a la aparición de testigos que se presentaron para atribuir amenazas a la dirigente que no tenían que ver con los expedientes en discusión. Y que, además, ese tribunal no había investigado denuncias sobre la falta de credibilidad de esas personas. 

Crece la idea de que la Corte podría revocar la sentencia del tribunal de Jujuy, lo que determinaría que a dejen en libertad, aunque se estudian otras variantes aún sin consenso, pero todas para después de las visitas internacionales.