El clima está caldeado en la localidad norteña de Salvador Mazza. Allí son varios los frentes que ponen en tención no solo a su jefe comunal, Rubén Méndez, que por segunda vez desde que es intendente atraviesa un juicio político para ser destituido por mal desempeño, sino también a los funcionarios provinciales, que desde hoy tendrán que ver qué nueva propuesta llevan a los habitantes de unos 10 barrios y parajes de la zona que cansados de esperar, volverán a cortar la ruta nacional 34 a la altura del puente Guandacarenda, en reclamo por la falta servicios básicos como agua, luz y caminos.
Estos habitantes esperan novedades desde diciembre del año pasado, cuando primero fueron reprimidos por la policía tras 25 días de corte, y luego fueron visitados por autoridades provinciales que prometieron obras. Son vecinos de las zonas más pobladas de Salvador Mazza, como el Sector 5, que linda con la frontera internacional, o barrios más céntricos como Montecristo, Ferroviario o La Pista, y de parajes que en algunos casos se encuentran a 5 horas de camino a pie.
Por esa falta de novedades hoy a las 8 de la mañana volerán a cortar la ruta en señal de protesta, protesta que dijeron que mantendrán hasta que tengan certeza de que se los escuchará por parte de la provincia. “Reclamamos los servicios indispensables, básicos para cada barrio”, contó Carlos Zurita, uno de los dirigentes de Montecristo, un barrio ubicado en el ingreso a Profesor Salvador Mazza.
Allí, a pesar de que ya llevan más de 13 años en el lugar, aún no hay servicio de agua potable en red eficiente, “logramos comprar la cañería, pero en tiempos de calor no alcanza a abastecer”, contó Zurita, quien aseguró que ya están cansados de promesas y quieren hechos antes de que pase el invierno y vuelva la temporada de altas temperaturas.
Si bien se realizó un pozo para esa zona en 2020, su caudal no alcanza, “sobre todo para abastecer la parte alta de Montecristo”, y no están hechas todas las conexiones a la cañería principal. “Pedimos ampliación de red completa y conexión a la red troncal del pozo, porque si no, se pierde presión y no llega el agua”, detalló. En ese barrio viven unas 600 familias.
Al reclamo se suman las comunidades de pueblos originarios, San Antonio, El Sauzal, Yporá y Yanderenta. Pero también vecinos de barrios como San Cayetano, La Playa, Sector 4 y 5, con los mismos problemas de falta de agua potable, pero a los que se suman otros como el arreglo de caminos y el servicio eléctrico. “Y la comunidad El Milagro, que sigue exigiendo que se esclarezca el tema de tierras para no seguir sufriendo desalojos”, acotó Zurita. “Somos 10 dirigentes que nos reunimos y decidimos volver al corte”, detalló.
En diciembre último, contó el dirigente barrial, “trajeron gente especializada, ingenieros de Tierra y Hábitat, de Obras Públicas, Recursos Hídricos y de Aguas del Norte”. Tras ese encuentro y relevamiento por parte del gobierno, los habitantes de esas barriadas viajaron a Salta aportando otros elementos: “Tuvimos que costear los pasajes entre los mismos vecinos, y llevamos un proyecto de planos con las medidas y nomenclaturas exactas para ganar tiempo, que pagamos también nosotros”, expresó.
Pero hasta el momento no vieron ningún tipo de avance de obras, “todo está frenado, no sabemos qué pasa”, y agregó que el mismo intendente, en el caso de barrio Montecristo, les había prometido incluir en el presupuesto anual esa obra de ampliación y conexión a la red troncal.
“El presupuesto anual lo presentó recién en abril, y aparecen otros barrios pero no el nuestro”, manifestó indignado Zurita, “por eso es que hemos convocado todos y ya le avisamos al municipio, a la policía y a la Gendarmería para que sepan”.
Méndez pegó el faltazo
El Concejo Deliberante de Salvador Mazza está sometiendo a un juicio político al intendente por desobedecer la Carta Orgánica municipal, desoír los pedidos de ese Cuerpo y vetar sus ordenanzas, a la vez de no presentar en tiempo y forma los balances y presupuestos anuales. El último martes, Méndez tampoco asistió al segundo llamado que le hiciera la Comisión constituida a tal fin para dar respuestas y defenderse de las acusaciones en su contra.
El autor de la denuncia que derivó en el juicio político, el concejal Cristian Crauzas, dijo a Salta/12 que hasta aquí la defensa de Méndez, “solo contestó chicanas jurídicas para dilatar y ganar tiempos”, como que los procedimientos están mal hechos, o mal foliados, o que hay partes que son ilegibles. “Pero no respondieron nada sustancial a las denuncias”, adujo el edil.
En la primera cita, prevista para la sesión del martes 15 de junio, el jefe comunal se excusó de asistir a declarar ante los concejales, por lo que fue convocado nuevamente para el siguiente martes, 22. “Pero tampoco se presentó y lo hicimos constar en el acta”, contó Fabián Renfiges, otro integrante del Concejo.
Renfiges agregó que seguirán con el procedimiento ya que el tiempo estipulado es de cuatro meses, aunque podrían tener la resolución antes, y que el intendente puede presentarse en cualquier momento, “aunque ya no se lo citará”.
“Él considera que hay persecución política”, añadió la concejala Marisa Valdiviezo, que consideró que Méndez ya tuvo demasiado tiempo para defenderse y decidió no hacerlo, por lo que deben continuar con el proceso. También contó que en sus contestaciones, el jefe comunal solicitó que se nombre como testigos al coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la provincia, Pablo Outes, y al ministro de economía, Roberto Dib Ashur.
“Para mí el gobierno lo está respaldando”, indicó el dirigente barrial Carlos Zurita al referirse al manejo del jefe comunal en Salvador Mazza. “El veta todo lo que el Concejo Deliberante hace, y no cumple ninguna de sus obligaciones”.
Los manuales los reparte el PJ
Por último, durante la semana circularon imágenes que mostraban que los kits y manuales escolares que envió el Ministerio de Educación de la provincia, se acopiaban en el local del Partido Justicialista y desde allí eran distribuidos.
Si bien desde el Ejecutivo municipal argumentaron que se reciben allí para luego distribuirlos porque no hay otro lugar. Todos sus opositores se quejaron del uso que se hace de una sede partidaria, asociada a la imagen del mandatario comunal, días antes de que comience la campaña política para las elecciones del 15 de agosto.
“Los propios directivos de los establecimientos educativos tuvieron que ir a buscar los manuales ahí, todo el pueblo lo sabe”, aseveró la edil Marisa Valdiviezo a este medio. “Dicen que no sabían dónde ponerlos y por eso eligieron la sede del PJ, pero eso viene de la provincia para las escuelas”, acotó el concejal Cristian Crauzas. Mientras que su par, Fabián Renfiges, aclaró que llegaron ahí siempre”, aunque reconoció que está mal que así sea “porque ese local es de propiedad del intendente y funciona como sede partidaria”.
“No me pueden decir que un municipio no tiene dónde guardar los manuales y los kits que manda el Ministerio”, manifestó el referente del barrio Montecristo, Carlos Zurita, para quien Méndez “se maneja como patrón de estancia”.
