Mauricio Macri será investigado por posible ocultamiento de parte de su patrimonio cuando le tocó declarar sus bienes al llegar a la Presidencia. El fiscal federal Ramiro González decidió imputarlo en un dictamen e impulsó las primeras medidas de investigación en función de una denuncia que hizo la Oficina Anticorrupción (OA), tras una presentación inicial de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según la OA, el exmandatario omitió en sus declaraciones juradas su participación accionaria real en la empresa agropecuaria Guayquiraró (Agro G SA), una firma a través de la cual pudo cobrar 54.286.824 pesos incluso durante su paso por la Casa Rosada. El dinero fue transferido al famoso "fideicomiso ciego" que anunció Macri en 2016, tras el escándalo de los Panamá Papers, y desde allí se pudo llevar la plata. De acuerdo con la presentación que había hecho la OA, también podría haber lavado de dinero y evasión tributaria.

El delito de "omisión maliciosa" en las declaraciones jurada de bienes es una variante del enriquecimiento ilícito, que prevé hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Su esclarecimiento, a la vez, podría derivar en la concatenación de otros hallazgos y acusaciones penales. En este caso, el fiscal González le dio crédito a la denuncia de la OA que advirtió que la sociedad Agro G S.A "no sólo intentó ocultar desde el año 2013 el aumento del capital social omitiendo su inscripción en el Registro Público de Comercio" sino en particular "al verdadero titular de las 5.064.336 acciones preferidas" que no fueron anotadas "en el libro de registro de acciones de la sociedad". El valor de esas acciones es su equivalente en pesos, a un peso por cada acción.

La OA, que dirige Félix Crous, asevera que el titular de esas acciones era Macri y que la transferencia de esos más de 5 millones de pesos, que a pesar de no haber sido declarados en la IGJ fueron a parar al fideicomiso ciego, habría provenido de "un ilícito penal". Además sostiene que el expresidente "habría falseado los datos consignados en su Declaración Jurada Integral de Carácter Público correspondiente al año 2015 (...) dado que allí informó una tenencia accionaria de la firma Agro G S.A. correspondiente al 14,7 por ciento del capital social, cuando al menos poseía el 20 por ciento".

Para empezar a armar el rompecabezas societario, la fiscalía le pidió a la IGJ que le remita copia de de varias asambleas de la firma Agro G (de 2011, 2013 y 2016) en las que se tomaron decisiones sobre la composición societaria, tanto en lo que atañe a las acciones preferidas como a las acciones comunes que tenía Macri en Agro G, ya que de éstas últimas tampoco habría transferido al fideicomiso ciego todas las que le pertenecían, sino 2190 de 2340. También requirió a la propia OA, según el documento al que accedió Página/12, la declaración jurada de 2015-2016 del expresidente. No se descarta que surja información de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, y de la AFIP, como ente recaudador.

El otro punto clave es que las acciones ocultas de Macri tienen una particularidad. Se llaman "acciones preferidas" y por ese carácter le permitieron a la sociedad acceder a ganancias de otras empresas en las que participaba. Una de ellas es Latin Bio, de biocombustibles. Los accionistas mayoritarios de Latin Bio son la propia Agro G S.A, titular del 29,75 por ciento del capital social y Juliana Awada, titular del 20,25 del capital. La OA ya advirtió: "la adquisición de las acciones preferidas de Agro G S.A., le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de $ 54.286.824 (en concepto de dividendos) entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20 al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri".

Conformaron el directorio de Latin Bio: el exsecretario legal y técnico de la Presidencia Pablo Clusellas, que fue presidente de la sociedad entre 2013 y 2020; Alejandro Jaime Braun Peña (que ocupó cargos de director presidente, director y director suplente entre 2013 y 2019) y Luz Braun Peña (directora suplente y titular entre 2013 y 2020), ambos primos segundos del exjefe de gabinete Marcos Peña. Son todas personas vinculadas de manera cercana a Macri. En Agro G los otros accionistas eran la sociedad uruguaya Ventilux, José Alberto Andrés Uriburu y la sucesión de Carlos F. Popelka.

La sospecha del organismo es que la única persona tanto detrás de Agro G como de Latin Bio fuera el propio Macri. "Se configura la sospecha cierta de que Mauricio Macri se habría transferido a él mismo $ 54.286.824 entre 2017 y 2020, lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A", planteaba el escrito de denuncia. A esto hay que sumar que para girar los 54 millones Latin Bio emitió cheques para Agro G. El primero fue de 10 millones de pesos. La sociedad lo cobró y entregó todo ese dinero en efectivo al fideicomiso ciego, según figura en un acta de asamblea, que debería llegar a manos del fiscal.

Agro G en particular, no siempre daba ganancias, pero aún así Macri retiraba dividendos. Fue el único socio, señaló la OA, que "retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias como cuando representaban quebrantos". Parte de esa actividad, curiosamente, quedó canalizada en el "fideicomiso ciego", que supuestamente tenía por finalidad transparentar el patrimonio de Macri y ponerlo bajo la custodia de terceros ajenos. Nada de eso fue literalmente así: a través del fideicomiso se habrían generado operaciones dudosas, más allá de que no fue a parar allí todo el patrimonio del expresidente, y la custodia la ejercía la sociedad Seguridad Fiduciaria, que había fundado el escribano general de gobierno de Macri, Carlos D'Alessio. La IGJ declaró recientemente la nulidad del fideicomiso en cuestión.