Un grupo de sobrevivientes, de familiares de detenides desaparecides y de personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar eclesiástica le explicarán al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por qué el genocida Santiago Omar Riveros debe seguir detenido. La audiencia, que contará con la voz de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre varias otras, tendrá lugar mañana a las 15 y será decisiva en la concesión o no de la libertad condicional de quien fue uno de los jefes del terrorismo de Estado. “Tiene sobre sus hombros el haber decidido sobre la vida y la muerte de centenares de personas”, destacó el abogado Pablo Llonto, representante de víctimas --sobrevivientes y familiares-- en las querellas de las causas que revisan los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en Campo de Mayo, territorio bajo el mando de Riveros.

Hasta el momento en el que se escribió esta nota, la lista de personas que aportarían argumentos a la jueza de Ejecución penal del TOF 1 de San Martín, Silvana Mayorga, para que no avance en el otorgamiento de la libertad condicional a Riveros era amplia. Contaba, entre varios otros, con los nombres del nieto restituido Manuel Goncalves, de la sobreviviente Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del “Negrito” Avellaneda, cuyo cuerpo apareció en las costas de Uruguay; de Juana Muniz Barreto, hija del diputado asesinado Diego Muniz Barreto; Walter Meza Niella, sobreviviente junto a su mamá y sus hermanes, del secuestro clandestino: todas sus historias estaban atravesadas por la actuación de Riveros en la represión de la última dictadura.

Riveros nació en Córdoba en 1923 y comenzó su carrera militar en su adolescencia. Entre 1976 y 1978 fue jefe del Comando Institutos Militares, con base en Campo de Mayo, la zona IV del rompecabezas del plan sistemático de persecución y exterminio a la “subversión” en el que el Ejército dividió al país. “Tuvo en esos años el poder de un comandante en jefe del Ejército. Junto con los comandantes de los otros cuatro cuerpos manejó la represión del país”, destacó Llonto. En tanto zona IV, el Comando Institutos Militares tenía injerencia en toda la zona norte del Gran Buenos Aires: 13 partidos. En términos militares y en cuanto a personal dedicado, es la guarnición más grande del país ya que de esa estructura dependían todas las escuelas militares del país, liceos e institutos de enseñanza.

A mediados de mayo pasado, los defensores oficiales de Riveros, Alejandro Arguilea y Juan Tripaldi, solicitaron su libertad condicional en un escrito ante el TOF 1 de San Martín, que dirigió y dirige la gran mayoría de las causas por delitos de lesa humanidad en la que el genocida fue condenado y está siendo enjuiciado. Los abogados indicaron que el beneficio debía concedérsele a partir del 5 de julio debido a que cumple 20 años de encierro, según entienden los letrados, la mitad de la única pena unificada de prisión perpetua. Para ellos, “poco importa” que su defendido registre condenas no firmes, juicios en veremos o investigaciones judiciales en proceso.

“Es lo fundamental”, indicó Llonto. Desde que las leyes de impunidad fueron derogadas y el proceso de juzgamiento a los crímenes de la última dictadura retomó su curso, Riveros acumuló 12 condenas; siete están vinculadas a hechos que tuvieron a Campo de Mayo como escenario: secuestros, torturas, asesinatos, apropiación de bebés. Y la cosecha no termina ahí, porque es acusado en dos juicios que están en curso: el que revisa la existencia de vuelos de la muerte que partieron de esa guarnición con detenides desaparecides arrojados en pleno vuelo hacia las aguas como método de exterminio; y la megacausa Campo de Mayo. Algunos de esos expedientes estuvieron o están a cargo del TOF 1; otros no. “Eso sin contar las causas en instrucción que están investigándolo por violaciones a los derechos humanos de gente que estuvo secuestrada allí, que son centenares”, sumó el abogado.

En ninguna de esas circunstancias judiciales, cuando tuvo siempre la posibilidad de declarar en el marco de todas las garantías procesales existentes, Riveros dijo una sola palabra relacionada a los delitos que cometió más allá de negarlos: nunca dijo dónde están los restos de les desaparecides, nunca dijo dónde están los nietos y nietas que faltan.

La cuenta que realizan los defensores de Riveros para solicitar su libertad condicional abarca la detención que le ordenaron en 1985 --que no está claro cuánto duró--, la que le impuso el juez federal Adolfo Bagnasco entre 2000 y 2005 en el marco de la investigación por robo de bebés durante la dictadura, el único delito que quedó exceptuado de los indultos y las leyes de impunidad, y el encierro que cumple desde 2007 hasta hoy, y que fue saltando de cárcel común a prisión domiciliaria a lo largo de los años hasta que finalmente se frenó en su casa. Dicen en su escrito al TOF 1 que negarle la libertad condicional a Riveros, que tiene 97 años, es dejar que “muera en la cárcel”. Resta que el tribunal haga sus propios cálculos.